El caso de los sobornos de Odebrecht salta a Chile y afecta ya a 12 países

La policía chilena ha registrado este miércoles la sede de Odebrecht en Santiago, como parte de una investigación contra la constructora brasileña por pagar sobornos para conseguir obra pública, un escándalo de corrupción que afecta a toda la región. El fiscal general de Chile, Jorge Abbott, ha anunciado que uno de sus subordinados viajará este mes a Brasilia para a ejecutivos de Odebrecht.

Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. 

Algunos de los países en que Odebrecht pagó sobornos en América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. La constructora, con 128.000 empleados y unos ingresos brutos de 40.000 millones de dólares, es el personaje central de la trama descubierta por la Operación Lava Jato, que investiga desde 2014 una red corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras desplegada desde hacía décadas.  A esta lista se suma ahora Chile.

"Hay cierta gente con la que queremos hablar en relación a hechos que podrían haber ocurrido en Chile y que eventualmente podrían constituir delito", ha dicho Abbott en declaraciones a los medios de comunicación chilenos. La Fiscalía chilena también investiga si la empresa de ingeniería brasileña OAS financió ilegalmente campañas electorales en la nación sudamericana. Sus oficinas en Santiago ya fueron registradas el mes pasado.

Odebrecht y su filial petroquímica Braskem llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia por el que ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso Lava Jato, en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Sin embargo, un juez dominicano rechazó ha rechazado el procedimiento de homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht, mediante el cual la firma se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos en el país.