La UE maniobra para salvar el acuerdo migratorio con Turquía

El freno que han experimentado las llegadas de refugiados desde Turquía a Grecia constituye todo un alivio para una Europa sobrepasada por el fenómeno migratorio. Y la Unión Europea está dispuesta a insistir para que ese compromiso con Ankara se mantenga. Los ministros del Interior han presionado este viernes a Grecia para que acelere las expulsiones desde las islas hacia suelo turco (hasta el momento no ha habido un solo demandante de asilo retornado, solo los llamados migrantes económicos). Al mismo tiempo, la Comisión Europea busca la fórmula para que los turcos que viajen al bloque comunitario queden libres de visado en los próximos meses —el principal incentivo de Ankara para cumplir con el pacto migratorio— a pesar de que sus leyes antiterroristas no se ajustan a los estándares europeos, como exige Bruselas

Tras los picos experimentados a principios de año, las entradas de migrantes —principalmente refugiados— en suelo europeo a través de Turquía han caído drásticamente. En abril la afluencia disminuyó un 90% respecto a marzo, el mes en que se firmó el acuerdo con Turquía, y las cifras quedaron en apenas 2.700 personas, según datos de Frontex, la agencia europea de fronteras. La tendencia ha sido decreciente también en mayo. Con esos datos como guía, los Estados trabajan a pleno rendimiento para mantener la frágil estructura del pacto bilateral, en última instancia dependiente de los intereses nacionales del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Una de las grandes debilidades del pacto, que inquieta a los Estados miembros, es la reticencia griega a acatar la parte más controvertida: la expulsión de demandantes de asilo, amparada en que Turquía debe ser considerado un país seguro que protegerá sus derechos. Los refugiados arribados a territorio heleno desde finales de marzo han podido solicitar allí asilo. Los formularios se han visto en su mayoría rechazados en primera instancia, pero aceptados tras los recursos presentados. De los 57 casos que ya han sido resueltos, solo dos se han saldado con una orden de expulsión y ninguno ha abandonado aún el país, según fuentes comunitarias. "El Consejo ha expresado su apoyo a la idea de que Turquía es un país seguro", ha recalcado el titular holandés de Migración, Klaas Dijkhoff, tras la reunión que los ministros del ramo han mantenido en Luxemburgo.

Ni siquiera las expulsiones de los extranjeros sin derecho a asilo despegan. Desde el 4 de abril solo se han realizado 462 y la mitad de ellas se produjeron ese primer día, el elegido por las autoridades europeas para enviar una señal clara a los traficantes, con la expectativa de que cesasen los flujos. A partir de ahí, casi todas las devoluciones se han hecho con cuentagotas.

Los diplomáticos temen que ese mensaje cunda entre las mafias y que eso vuelva a alentar una ola de refugiados por la ruta del Egeo, ahora casi clausurada. "Sugerimos a Grecia que rediseñe su sistema de apelación [de las demandas de asilo]”, aseguran fuentes diplomáticas. Cuando los refugiados recurren la decisión de ser retornados a Turquía, quien dirime el conflicto es un comité compuesto por un funcionario y otros miembros de la sociedad civil y de ONG. En ese contexto, resulta difícil que prospere la expulsión de demandantes de asilo con el argumento de que Turquía podrá garantizarles una protección equiparable a la europea.

El ministro griego, Ioannis Mouzalas, asegura a el EL PAÍS que en pocas semanas su país creará nuevos comités, equivalentes a los del resto de Europa, para decidir sobre estos recursos de apelación. Al contrario que los actuales, estarán compuestos por dos jueces, un representante de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados) y un abogado de derechos humanos. La expectativa del resto de ministros es que estos nuevos órganos permitan iniciar el proceso de retorno de demandantes de asilo, pero Mouzalas niega que esa sea la intención: "No los creamos porque estemos en desacuerdo con las decisiones que los actuales comités están tomando. Los actuales eran temporales. Y en todo caso los comités son independientes". Pese a todo, Grecia soporta una gran presión con los 57.000 migrantes que alberga en su territorio y acelerar las expulsiones le facilitaría la gestión de la crisis.

Mouzalas admite la presión: "Sentimos la presión de los Estados para considerar a Turquía un país seguro para los asilados. Nuestra visión es que, de acuerdo con las normas nacionales y europeas, cada solicitud de asilo debe examinarse de manera individual".

Turquía, país seguro

La UE respalda esa etiqueta de país seguro respecto a Turquía, pero no puede dar garantías legales a los jueces griegos para que adopten sus fallos. Así que Grecia rechaza la presión y argumenta que también sus autoridades están pidiendo al resto de socios recursos (jueces, personal de asilo, de seguridad...) para hacer frente al complejo sistema de rechazo a las demandas de protección internacional. De los 57 expertos en readmisión solicitados, no se ha desplegado ninguno en Grecia. Y de los 1.500 agentes de seguridad requeridos, solo han llegado 51. El ministro Mouzalas escribió el jueves una carta a todos sus colegas para explicar lo que Grecia ya está haciendo y amortiguar cualquier amago de crítica.

Respecto a los visados, Bruselas busca un remedio que exima a Turquía de cambiar su ley antiterrorista en plena oleada de atentados en su territorio. La fórmula explorada, explican fuentes al tanto de la negociación, consiste en que Ankara ofrezca algún tipo de garantía escrita de que la persecución del terrorismo no colisiona con el derecho a la libertad de expresión y otros fundamentales. Hasta ahora el Gobierno turco ha empleado la legislación antiterrorista para perseguir a académicos y periodistas por emitir informaciones o juicios críticos.

La Comisión Europea divulgará el próximo miércoles un nuevo informe sobre los progresos de Turquía en el cumplimiento de los criterios exigidos para concederles la libertad de visados. Bruselas recomendará, previsiblemente, a los Estados que sigan adelante con el proceso. La decisión, no obstante, no se adoptará en junio, como se pretendía en un principio, sino que se demorará al menos hasta septiembre.