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Estados Unidos obliga a los bancos a identificar a los propietarios de sus cuentas

La nueva normativa busca dificultar el fraude fiscal y es consecuencia de los papeles de Panamá

Obama, en su rueda de prensa de este viernes en la Casa Blanca
Obama, en su rueda de prensa de este viernes en la Casa BlancaSAUL LOEB ((AFP))

Los llamados papeles de Panamá llevaron este viernes al Gobierno estadounidense a presentar medidas para dificultar el fraude fiscal. El Departamento del Tesoro aprobó un nuevo reglamento que obliga a los bancos estadounidenses a saber quiénes son los verdaderos propietarios de sus cuentas en un intento de evitar el uso de compañías pantalla para mover dinero sin que este sea detectado. Este procedimiento facilita la evasión de impuestos u otras actividades ilícitas.

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La norma se propuso en 2014, pero ha ganado impulso tras la filtración hace un mes de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que ayudaba a centenares de personalidades a crear sociedades opacas al fisco.

“Hemos visto lo grande que es el problema de la corrupción fiscal en el mundo”, dijo el presidente Barack Obama en una rueda de prensa en la Casa Blanca para anunciar las nuevas medidas. Como hizo tras la filtración de los documentos, Obama admitió que buena parte de la evasión fiscal no es ilegal y que el objetivo es dificultarla.

Estados Unidos ha liderado desde 2009 los esfuerzos internacionales contra el fraude fiscal, pero al mismo tiempo se ha afianzado como uno de los destinos preferidos de los evasores gracias a la opacidad de su sistema.

Visita del presidente panameño

SILVIA AYUSO (WASHINGTON)

El anuncio estadounidense se conoce al término de una visita esta semana del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a Washington, durante la cual el escándalo de los papeles de Panamá estuvo muy presente.

Varela, que viajó a EE UU con el objetivo de contener daños tras la revelación de los papeles de Panamá, fue el principal invitado de la 46 Conferencia de las Américas organizada por el Council of the Americas en el Departamento de Estado. Allí, Varela subrayó el “compromiso” de su ejecutivo con una mayor “transparencia y rendición de cuentas” aunque, a la par, dejó claro que considera que los papeles de Panamá lo que revelaron es un “problema global”, no solo de su país que, subrayó, mantiene la “cabeza alta” en este asunto. “Vamos a evitar que se utilice la plataforma financiera de Panamá para fines ilegales”, prometió Varela.

El presidente panameño recibió el respaldo de las autoridades estadounidenses, desde el vicepresidente Joe Biden, que se reunió con él a puerta cerrada, a la ya exsecretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson. La alta funcionaria, que acaba se ser confirmada como nueva embajadora de EE UU en México, aseguró que Panamá ha dado los “pasos adecuados” para afrontar el escándalo.

La mayoría de Estados permiten mantener en secreto los propietarios de sociedades. Varios de ellos -con Delaware a la cabeza- ofrecen amplias rebajas fiscales. Y el Gobierno estadounidense no comparte con otros países -que sí lo hacen con EE UU- los datos de ciudadanos extranjeros con cuentas bancarias.

EE UU ocupa el tercer puesto, por detrás de Suiza y Hong Kong, en el ránking de 2015 de secretismo financiero de la organización sin ánimo de lucro Red de Justicia Fiscal. Supone una quinta parte del mercado global de sociedades offshore, constituidas fuera del país originario. En 2009, encabezaba el ránking.

Las medidas del Tesoro son limitadas y solo afectan a una parte del problema: el papel de los bancos. Las entidades financieras y agentes de bolsa tendrán que identificar a quienes posean un 25% o más de la empresa con la que tiene una cuenta. Eso debería evitar que compañías inscritas en un paraíso fiscal hagan negocios en EE UU.

Pero para lograr cambios de calado es necesario que el Congreso apruebe nuevas leyes.

Obama instó este viernes a los legisladores a aprobar varias propuestas de ley de su Gobierno que acabarían con la disparidad entre Estados al obligar a todas las compañías registradas en EE UU a divulgar información sobre quién es el propietario y el gestor.

También reclama cerrar resquicios legales que eximen a pequeñas compañías extranjeras de facilitar datos a la Hacienda estadounidense, y que EE UU tenga que compartir con otros países los datos bancarios de ciudadanos extranjeros.

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