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HRW alerta de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en Venezuela

La organización denuncia la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP)

Policías detienen a un manifestante en San Cristóbal en marzo
Policías detienen a un manifestante en San Cristóbal en marzo REUTERS

La “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), anunciada hace un año por el Gobierno de Nicolás Maduro como una iniciativa para combatir la criminalidad del país, se ha convertido en una fuente de reiterados “abusos graves” de los derechos humanos entre la población más marginada de Venezuela que van desde detenciones arbitrarias y desalojos forzados hasta posibles ejecuciones extrajudiciales. Así lo afirman las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la venezolana PROVEA en un informe, “Poder sin Límites”, presentado este lunes en Washington y que también será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos, incluyendo asesinatos, nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, lamentó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

La OLP supone una “absoluta institucionalización del abuso del poder”, denunció por su parte Inti Rodríguez, coordinador de investigación de PROVEA. “Con este operativo, el Gobierno ha decidido enfrentar el delito de una manera no democrática y asumiendo directamente la violación de derechos humanos”, aseveró.

Según datos oficiales de la Fiscalía venezolana, en el marco de la OLP murieron hasta diciembre 245 personas en operativos de las fuerzas de seguridad. HRW y PROVEA señalan en su informe que hay fuertes evidencias que sugieren que al menos 20 de esos casos podrían ser ejecuciones extrajudiciales cometidas durante redadas policiales.

“El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba”, señala el informe.

A ello se une, agregó Vivanco en rueda de prensa, la “desproporcionalidad” de las bajas policiales, solo tres frente a los 245 presuntos criminales muertos en supuestos “enfrentamientos” con las fuerzas de la ley.

“Eso nos permite llegar a la conclusión de que la versión oficial de que las 245 personas murieron producto de enfrentamientos no es creíble, dada la desproporción y la falta de investigaciones e información por parte del Gobierno de Venezuela”, subrayó.

Los “abusos” no concluyen ahí, advierten HRW y PROVEA. En el informe también se alerta de una alta cifra de detenciones “indiscriminadas y arbitrarias”, sobre todo si se compara el total de arrestos (14.000 entre julio de 2015 y enero de 2016) y el número final de personas que fueron imputadas, menos de cien. A ello se une el desalojo forzoso y arbitrario de miles de personas y la demolición “punitiva” de cientos de viviendas en el marco de redadas de la OLP, en las que también se denunciaron “golpizas” y robo de bienes por parte de los agentes de seguridad.

Finalmente, el informe recoge el caso de deportaciones arbitrarias en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, desde el inicio de la OLP. Según el estudio, más de 1.700 colombianos fueron deportados desde entonces, a pesar de que al menos 400 de ellos tenían estado de refugiado o estaban en el proceso de solicitarlo.

Significativo para estas ONG es el hecho de que estos operativos hayan sido dirigidos contra poblaciones marginadas. Más allá de “criminalizar la pobreza”, las redadas de la OLP “dejan en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el Gobierno ha gozado de amplio apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales”, señaló Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de PROVEA.

Tanto esta organización como HRW consideran fundamental que se investiguen realmente los casos y “se lleve a la justicia a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos”. Pero para ello, subrayan, resulta indispensable que se adopten “medidas urgentes para restablecer la independencia judicial”.