Bruselas asume que Schengen seguirá suspendido hasta 2017

La batería de propuestas de Bruselas para paliar la crisis de refugiados es incesante, pero su efectividad es discutible: siguen llegando a Europa 2.000 refugiados diarios, 10 veces más que el año pasado por estas fechas, y el goteo de países que cierran temporalmente sus fronteras continúa. La Comisión Europea ha presentado hoy un plan —el segundo esta semana sobre este asunto— para restablecer Schengen, el espacio de libre circulación de personas. En el mejor de los casos, "si la situación general lo permite", Bruselas cree que hasta diciembre de este año no se podrá poner fin a las medidas de salvaguardia excepcionales que se han tomado para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes.

El plan se suma al activismo que ha mostrado Bruselas estos días ante el nerviosismo de Berlín al respecto. La Comisión ya aprobó el miércoles ayudas de hasta 700 millones de euros en tres años para crisis humanitarias dentro de la UE. Pero la estrategia europea depende sobre todo de un acuerdo con Turquía que lleva meses firmado pero no termina de traducirse en cifras contantes y sonantes: el flujo de refugiados es muy superior al de los primeros meses de 2015, aunque más leve que en el último tramo del año pasado. Como signo de buena voluntad, Bruselas ha anunciado este mediodía que Europa está lista para desembolsar los primeros 95 millones de euros para proyectos educativos y de asistencia humanitaria a Ankara (Turquía). La cumbre UE-Turquía del próximo lunes será crucial. Para justificar la entrega de los primeros fondos (de los 3.000 millones comprometidos), el comisario Dimitris Avramopoulos ha explicado que Grecia ha devuelto ya a Turquía a los primeros 300 migrantes económicos (es decir, sin derecho a asilo).

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha lanzado un mensaje claro esta semana a los citados migrantes económicos: “No vengáis a Europa, no creáis a los traficantes, no arriesguéis vuestras vidas”. La Comisión Europea se ha sumado este viernes a ese rechazo a través de Avramopoulos. Paradójicamente, el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, subrayó ayer otro discurso en una intervención en La Haya: "Somos el continente más rico, con 500 millones de ciudadanos, y no parecemos capaces de lidiar con uno o dos milones de refugiados".

Avramopoulos ha aparcado ese mensaje y ha expuesto la hoja de ruta de la Comisión en una larga comparecencia ante la prensa este mediodía en Bruselas. "Necesitamos que todos los Estados miembros apliquen los acuerdos adoptados, y ello significa aceptar las peticiones de asilo de quienes tengan derecho a eso, pero lanzar un mensaje claro: Europa va a rechazar a los inmigrantes que no tengan derecho a asilo. Hay que remediar las tremendas deficiencias en las fronteras exteriores, y para ello la guardia europea de fronteras tiene que estar lista en septiembre", ha asegurado en rueda de prensa el comisario de Migración. Las fuentes consultadas aseguran que esa fecha será difícil de cumplir.

Bélgica ha sido el último país en sumarse a la reintroducción de controles temporales en las fronteras. Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Suecia, Dinamarca y Noruega lo hicieron anteriormente. Austria ha anunciado incluso una cuota diaria de entrada de potenciales asilados. Grecia se enfrenta a un ultimátum de tres meses —que ha empezado a correr— para demostrar que ha tomado las medidas necesarias para sellar sus fronteras exteriores. En Bruselas todavía quedan propuestas importantes por ver la luz: la Comisión Europea presentará a mediados de este mes una revisión a fondo de las normas de Dublín sobre demandantes de asilo.

En medio de todo ese jaleo sobrevuelan tres datos: apenas ha habido un puñado de centenares de reubicaciones (660, según datos de Bruselas) de las 160.000 acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno. En las fronteras de Grecia se acumulan ya más de 20.000 personas que pueden provocar una crisis humanitaria. Y las peticiones de asilo en la UE se duplicaron el año pasado: 1,2 millones de personas lo hicieron (tan solo el 1,2% de esa cifra en España: 14.400 demandantes de asilo).

Ante la falta de voluntad política en algunas capitales para resolver el problema, Bruselas pasó ayer al contraataque con la estrategia del miedo. Desmantelar Schengen, según la Comisión, costaría entre 5.000 y 18.000 millones anuales, hasta el 0,13% del PIB europeo. El Ejecutivo comunitario se sacó ayer de la manga un arsenal de datos para poner a los Gobiernos bajo presión: en Polonia, Holanda y Alemania el coste del transporte se encarecería en 500 millones de euros; en España los costes se elevarían a más de 200 millones anuales en sectores como el transporte, la agricultura, el sector químico o el turismo. España es la primera potencia turística de la Unión, que podría perder globalmente en torno a 13 millones de pernoctaciones, con un coste de 1.200 milones.