Colombia: un año decisivo

Después de más de 60 años, 220.000 muertos y seis millones de desplazados, el año que termina está siendo decisivo para acabar con el conflicto en Colombia. Los anuncios de este martes sobre justicia y reparación a las víctimas abordan uno de los retos más sensibles y medulares: que el fin de la guerra no sea sólo el silencio de las armas sino que, al voltear esa página, se atienda aspectos fundamentales en la agenda de millones de víctimas y de la sociedad toda: verdad, justicia y reparación.

Como se sabe, desde que se iniciaron formalmente las conversaciones en agosto de 2012 se han alcanzado acuerdos sobre cuatro de los seis puntos puestos en agenda. Quedan pendientes dos temas que se sabe se han estado trabajando en los últimos meses: el fin del conflicto (incluida la dejación de armas) y los mecanismos de refrendación, implementación y verificación de los acuerdos. En esa perspectiva es alentador lo que se ha anunciado sobre el complejo tema de justicia y derechos de las víctimas. El tema ha sido abordado creativamente abriendo rutas innovadoras enmarcadas dentro del derecho internacional y de sus estándares en la justicia transicional. Hay cuatro aspectos particularmente destacables.

Desde que se iniciaron formalmente las conversaciones en agosto de 2012 se han alcanzado acuerdos sobre cuatro de los seis puntos puestos en agenda

El primero —medular— es haber puesto en el centro a las víctimas, la principal razón de ser de la búsqueda de la paz. Eso evitará que haya más víctimas en el futuro y, en especial, se repare a quienes ya lo son tras décadas de violencia. Como lo dijo en la ceremonia del martes Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, el acuerdo busca cerrar la puerta a nuevas víctimas, “las víctimas del futuro, las que no vendrán”.

El segundo es el de la incorporación y desarrollo de modernos conceptos generados por el derecho internacional en los últimos años, en particular desde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destaca, por ejemplo, el concepto de “reparación integral”, derivado de la jurisprudencia del tribunal interamericano, que se concreta y desarrolla en siete medidas de reparación integral, conceptualmente claras y precisas: actos de reconocimiento de responsabilidad, acciones de reparación, medidas de rehabilitación psico-social, retorno de desplazados y emigrados, restitución de tierras, entre otras. Ha precisado el Alto Comisionado Sergio Jaramillo que se ha conseguido, entre otras cosas, “que las FARC se comprometan a la reparación integral y material de las víctimas”.

El tercero es el diseño de un ambicioso Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El mismo parte de la premisa explícita de “no intercambiar impunidades” y apunta a que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”. El sistema combina mecanismos judiciales con diversos mecanismos extrajudiciales, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

El cuarto, “no intercambiar impunidades” y una justicia que se basa en la contribución a la verdad. Enfatiza la contribución voluntaria a la justicia y un procedimiento especial en caso de reconocimiento de verdad y de responsabilidad con un esquema de sanciones de un máximo de ocho años de restricciones de “libertad de residencia y movimiento” y en lugares especiales.

De acuerdo a los conceptos internacionalmente vigentes sobre justicia transicional, es válido adaptar el esquema de sanciones y modalidades de cumplimiento de las penas a los requerimientos de la paz y la reinserción. Esa sería parte esencial de las “medidas integradas” de verdad, justicia y reparación a las que se han referido los jueces de la Corte Interamericana en el voto concurrente de 2012 citado textualmente como primer párrafo del capítulo de Jurisdicción Especial para la Paz.