Alemania levantará centros para acelerar la expulsión de inmigrantes

El Gobierno alemán logró ayer un acuerdo sobre un asunto que había envenenado sus relaciones en las últimas semanas. Los líderes de la gran coalición anunciaron la creación de centros de internamiento para los recién llegados con escasa probabilidad de obtener el estatus de refugiado. Se trata de instalaciones pensadas para acelerar el proceso y, sobre todo, para expulsar rápidamente a los que lleguen de países considerados seguros. Alemania endurece así sus normas de acogida, pese a haber rebajado las exigencias de los halcones de la coalición, la CSU bávara.

El acuerdo supone un respiro para la canciller Angela Merkel, que en las últimas semanas ha afrontado una rebelión en toda regla de sus teóricos aliados bávaros, cuyo último episodio había sido la amenaza de retirar del Gobierno a sus tres ministros. Los tres partidos que forman la gran coalición ceden en algo, pero el resultado final se aleja de las llamadas zonas de tránsito inicialmente defendidas por el líder de la CSU, Horst Seehofer, y para las que el pasado fin de semana logró el visto bueno de sus socios democristianos de la CDU.

Finalmente, serán instalaciones especiales de acogida, y no zonas de tránsito. Pero no es una cuestión tan solo terminológica. La oposición de los socialdemócratas del SPD ha impedido que estos centros se levanten en la frontera, en una especie de tierra de nadie, y que se conviertan, como temían los defensores de los refugiados, en una especie de cárceles de dudosa legalidad. “Nunca hemos propuesto arrestar a los inmigrantes”, se vio obligado a matizar Seehofer.

Los líderes de la coalición presentaron una propuesta que, en palabras de Merkel, supone “un importante paso adelante” en un asunto en el que los tres políticos no se habían puesto de acuerdo el pasado fin de semana; y que amenazaba con poner en duda la capacidad de actuación del Gobierno en un momento en el que Alemania atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas.

Residencia obligatoria

Las nuevas instalaciones —está previsto crear de tres a cinco distribuidas a lo largo de la geografía alemana— deberán centralizar un proceso de registro de llegadas que ahora funciona de forma caótica. El Gobierno pretende que la concesión o denegación del asilo político se haga en una semana, con dos semanas suplementarias de plazo para reclamar.

Pese a rebajar las expectativas de los halcones del Gobierno, el acuerdo final complicará las condiciones de los recién llegados pocas semanas más tarde de que entrara en vigor un paquete de medidas que ya suponía el endurecimiento de las normas de asilo más importante desde los años noventa del siglo pasado.

El documento pactado recoge explícitamente —como se encargó de señalar Seehofer— que uno de los objetivos del acuerdo es reducir el flujo de llegadas. Los inmigrantes registrados en estas instalaciones no podrán abandonar el distrito en el que se encuentren, a riesgo de perder las prestaciones sociales. En el punto de mira de la expulsión estarán también los inmigrantes de Afganistán, país que muy difícilmente puede considerarse seguro. En los diez primeros meses del año, 67.000 afganos entraron en Alemania.

Precisamente ayer el Ministerio del Interior publicó los datos que confirman una impresión muy extendida desde hace tiempo: que las previsiones de 800.000 solicitantes de asilo para este año que hacía el propio Ministerio ya han quedado desfasadas. Entre enero y octubre, se registró la entrada de casi 760.000 personas. Parece que la cifra final para todo el año quedará finalmente más cerca del millón, aunque conviene coger con pinzas todas las estimaciones: el propio Ministerio admite no estar seguro de sus cifras, ya que abundan las duplicidades o las personas no registradas.