Argentina procesa a nueve ejecutivos de una minera por un derrame

Un derrame de un millón de litros de cianuro en una de las diez principales minas de oro del mundo, la argentina Veladero, ha llevado a que la población del pueblo más cercano, Jáchal (1.088 kilómetros al oeste de Buenos Aires), beba agua embotellada y a que el juez del lugar procese a nueve ejecutivos de la empresa responsable, la canadiense Barrick. El accidente ocurrió los pasados días 12 y 13, pero el juez, Pablo Oritja, autorizó este jueves a que la compañía, una de las diez mayores mineras del mundo, vuelva a operar en el yacimiento asentado a entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes.

Desde que ocurrió el derrame, los 10.000 habitantes de Jáchal, en la provincia de San Juan, comenzaron a buscar agua embotellada y a dejar de beber la del grifo por temor a que el cianuro hubiese contaminado ríos o napas. El juez ordenó en un inicio que el Gobierno sanjuanino distribuyera botellas, pero ya ha suspendido la medida después de que la empresa pública Obras Sanitarias San Juan afirmara el pasado día 17 que el agua corriente seguía siendo potable. Pero aún los pobladores de Jáchal continúan desconfiando y compran botellas o las piden al que las tenga. Solo algunos de los más pobres se resignan a beber del grifo. Casi todo el pueblo ha participado de varias manifestaciones de protesta. Habitantes de otras localidades de San Juan y de la vecina Mendoza están recolectándoles agua para donarles.

En Argentina la minería a cielo abierto ha recibido fuertes críticas por su impacto en el medio ambiente y existen siete de las 23 provincias que la han prohibido (Córdoba, Mendoza, Tucumán, Tierra del Fuego, San Luis, Chubut y La Pampa). En cambio, otras como San Juan y Catamarca ha encomendado su desarrollo a la extracción de minerales y depende de ella para financiar su gasto público.

El cianuro contaminó un río, pero la minera dice que no ha afectado la salud humana

Barrick reconoció el pasado miércoles que el derrame había sido cuatro veces mayor a lo que había informado en un principio. Admitió una “falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte” de Veladero, una de las principales minas de Argentina. ”La fuga llegó a uno de los canales de desvío de aguas, que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el río Potrerillos. No se ha generado un impacto para la salud de las personas”, afirmó la empresa canadiense, que ha desplazado a 15 de sus ejecutivos y los ha reemplazado de momento con otros provenientes de su casa matriz.

Nueve de los directivos además fueron procesados este viernes por el juez Oritja. El funcionario judicial no descartó que también sean acusadas las autoridades provinciales que deben controlar el medio ambiente. Lo que provocó polémica fue la decisión del juez de autorizar un día antes la reanudación del funcionamiento de la mina. Oritja se justificó al señalar que Barrick había cumplido con una serie de tareas de prevención para evitar nuevos derrames. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reaccionaron con una condena conjunta al fallo. El juez atribuyó el accidente a un “error humano en virtud de una decisión tomada en forma inconsulta por personal de la empresa”, pero buscará determinar “el impacto que pueda producir en las comunidades y en la salud”.

El gobernador de San Juan, el peronista José Luis Gioja, opinó que “el problema está superado”. Su candidato a presidente argentino en las próximas elecciones del 25 de octubre, Daniel Scioli, lo elogió, apoyó una “minería sustentable” y reclamó “responsabilidad” a los empresarios. Tanto el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner como los dos principales candidatos opositores, Mauricio Macri y Sergio Massa, apoyan la minería a cielo abierto. En cambio, otra postulante, Margarita Stolbizer, del frente Progresistas, viajó este viernes a Jáchal para participar de una protesta: "Es un error pensar que este problema se produce solo por ausencia del Estado sino que el inconveniente de origen es permitir que se realice esta actividad sin regulación”.