La otra crisis de refugiados
De un plumazo, más de 200.000 dominicanos descendientes de haitianos se convirtieron en apátridas
Los vecinos dominicanos de Yanique, los mismos con los que había vivido y trabajado durante décadas, golpearon a su puerta en mitad de la noche, gritándole de forma violenta que abandonara el país. Yanique, embarazada y aterrorizada, juntó todo lo que pudo y salió por la puerta trasera. Abandonó la ciudad escondida en la parte trasera de una camioneta. A la mañana siguiente, estaba en un campamento improvisado de tiendas construidas con prisa de lona, plástico y hojalata.
Yanique es una de las cerca de 2.000 personas refugiadas en Anse-à-Pitre, un remoto pueblo en la frontera haitiana, que desde junio ha visto crecer dos de los múltiples campamentos que albergan más de 63.000 haitianos y dominicanos que huyeron de la República Dominicana. Las noticias de abusos de los derechos humanos, violencia de mafias y discriminación contra los negros avivaron el miedo a ser perseguidos por su raza; muchos se fueron con lo puesto. Según la Convención de la ACNUR de 1951, estas personas pueden ser consideradas refugiados.
A sólo una hora de Florida, esta es la otra crisis de refugiados olvidada por el mundo. Durante décadas, el gobierno dominicano y las plantaciones azucareras relacionadas con Estados Unidos importaron haitianos para trabajar en sus plantaciones de caña. Vivían en áreas llamadas bateyes, normalmente sin acceso a agua corriente, electricidad, ni servicios sociales.
Lo que debería haber sido un trabajo temporal se convirtió, para muchos, en un estado permanente de seudoesclavitud. Por una jornada de 12 horas ganaban $3.34; muy pocos podían ahorrar lo suficiente para pagar un billete de regreso a Haití. Muchos se casaron y tuvieron hijos –y hasta nietos- en la República Dominicana. Los hospitales muchas veces rehusaban emitir certificados de nacimiento. La lejanía de los bateyes, unido a la discriminación que sufrían, hizo que pocos obtuvieran documentación oficial.
Antes de 2013, la Constitución reconocía como dominicano todo aquél nacido en República Dominicana. Pero una orden judicial puso a los dominicanos descendientes de haitianos en el limbo: dictó quitar la nacionalidad dominicana de forma retroactiva a los descendientes de haitianos. Habían terminado de usar a los haitianos como mano de obra barata y ahora decidían limpiar el país, deshaciéndose de ellos y sus descendientes.
La Constitución de Haití no permitía la doble nacionalidad, lo que agravó la situación de forma extrema: aquél que había tenido la nacionalidad dominicana por nacimiento no podía ser ciudadano haitiano. De un plumazo, más de 200.000 dominicanos descendientes de haitianos se convirtieron en apátridas.
El Informe de Derechos Humanos de 2014 del Departamento de Estado de los Estados Unidos describe las consecuencias de ser apátrida en República Dominicana: “Las personas nacidas dominicanas de descendiente haitiano que no tienen documentos de identidad se encuentran obstáculos viajando tanto dentro como fuera del país (…) no pueden obtener carnés de identificación nacional (cédulas) o tarjetas censales (…) tienen acceso limitado a trabajos en el sector formal, a educación pública, al registro matrimonial y de nacimiento, a servicios de la economía formal como bancos o préstamos, a acceso a trámites judiciales y a cortes, a la propiedad de tierras.” Un apátrida no existe legalmente.
El ejército dominicano, las patrullas fronterizas y los cuerpos de justicia, armados y entrenados por los Estados Unidos, amenazan e intimidan a cualquier que “parezca haitiano”, tenga o no documentación. El gobierno incluso ha pedido a la población que delate a sus vecinos.
La crisis de los refugiados sirios nos ha dejado luchando con nuestra humanidad y capacidad de caridad. El apuro de otra población marginada no debería ignorarse. “La crisis de refugiados (sirios) no es solo un problema europeo; es un problema mundial y tenemos nuestras obligaciones,” dijo Barack Obama.
A pesar de que no ha bombardeado como el régimen de Assad, la historia dominicana de patrocinio estatal del terror y genocidio no es menos grave. Es una crisis que no es un problema sólo de los dominicanos –ni de los haitianos. Estas personas son negras, pobres, y apátridas. Ellos son un problema de mundo y tenemos la obligación de ayudarles.
France François es la co-coordinadora de la coalición de derechos humanos llamada #Rights4ALLinDR. Twitter @frenchiegobal
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Crisis refugiados Europa
- Crisis migratoria
- Haití
- Acnur
- República Dominicana
- Crisis humanitaria
- Inmigración irregular
- Caribe
- Refugiados
- Problemas demográficos
- Víctimas guerra
- Fronteras
- Catástrofes
- Política migratoria
- Política exterior
- Desastres
- Migración
- ONU
- Demografía
- Unión Europea
- Sucesos
- Latinoamérica
- Conflictos
- América
- Europa
- Edición América