Pergaminos y miserias

El gobierno argentino liderado por Cristina Fernández de Kirchner quiere poner un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El candidato es el exjuez, jubilado de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni. El organismo se compone de jueces de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos.

Quienes conocen la controvertida trayectoria del exjuez, se interrogan: ¿acaso una conducta intachable no debería ser condición ineludible para ocupar un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? De serlo, pende de un hilo deshilachado su elección. Por empezar, el artículo cuarto del Estatuto estipula que el candidato debe cumplir las mismas condiciones exigidas por la Ley del Estado que lo postula como candidato. En el caso de Zaffaroni se lo impide su edad: según la ley argentina, un juez debe abandonar su cargo al cumplir 75 años y esa fue la razón de la renuncia de Zaffaroni a la Corte Suprema de su país.

Pero no se trata sólo de un límite cronológico. Su pasado es comprometedor: Juró por los estatutos de dos dictaduras, incluido el de la Junta Militar que ordenó ejecutar a miles de desaparecidos durante los años 70. Y pese a ser hoy considerado un adalid de los derechos humanos, jamás firmó un habeas corpus que hubiese permitido salvar una vida durante esos años oscuros. Omisión refrendada por las Madres de Plaza de Mayo, quienes incluyeron a Zaffaroni en una lista de 437 jueces que oficiaron de cómplices de la Dictadura.

Su historial como juez en ejercicio no es menos asombroso aunque ideológicamente explicable. Sus interpretaciones reñidas con la ética conforman una antología de la perversión: en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de 7 años a una “fellatio”, el juez adujo que la luz apagada era un atenuante. En otro fallo escandaloso resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es considerado delito porque “un cuchillo no es un arma”. En otro de sus fallos dictaminó que un auto estacionado es una "cosa perdida o abandonada por su dueño" (ya que el dueño no estaba presente) y por ende el delincuente no habría incurrido en robo, sino en "apropiación indebida". Y en el allanamiento de un laboratorio de droga donde requisaron elementos probatorios como balanzas, droga, un molino y los dediles, dictaminó que no debía ser considerado un local de venta de droga puesto que no se encontraba en el lugar comprador alguno.

El historial de Eugenio Raúl Zaffaroni como juez en ejercicio no es menos asombroso aunque ideológicamente explicable

Cuando se desempeñó como juez de la Corte Suprema de Justicia, sólo estuvo presente cuando su alineación con el oficialismo lo requería, pues sus conferencias le impidieron cumplir con sus obligaciones. Tal vez esa negligencia explique por qué se considera al juez responsable de que la Argentina sea el único país que aún no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil –tal como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño– y los jóvenes sobreviven en un limbo legal regidos por un decreto de la Dictadura. Pese a que la bandera de los derechos humanos es el mascarón de proa del gobierno y del juez, sólo un 9% del presupuesto asignado fue ejecutado para el mejoramiento de cárceles superpobladas, donde los presos conviven en condiciones infrahumanas. La escalada del narcotráfico va acompañada de una progresiva naturalización de las mafias donde florece la justicia por mano propia y la venganza privada.

En el plano personal, el juez debió regularizar su situación de infractor a la ley tributaria para poder ser designado en la Corte Suprema de Justicia. Y desde siempre, tuvo conflictos con la ley penal: el juez alquilaba sus propiedades a una red de 10 prostíbulos. Prestigiosas ONG denunciaron esta actividad ilegal ante la Procuración General de la Nación. Pero dado que el juez había delegado la administración de sus alquileres en su pareja, Ricardo Montiveros, éste se declaró culpable de violar la ley de profilaxis sobre las casas de tolerancia, y pagó una irrisoria multa con lo cual logró regularizar la situación.

Por último, no puede soslayarse su ideario orientado a la abolición del sistema penal. Corría 1989 cuando Zaffaroni lo calificaba de utopía. Pero según señalaba el autor, entiéndase por “utopía” no un ideal irrealizable, sino un ideal a realizar. Veinticinco años tras ser pronunciada esa sentencia, ese ideal se realizó en la Argentina. El costo de ese experimento social utópico, fueron miles y miles de vidas sacrificadas en aras de ese ideal. Vidas de jóvenes victimarios y víctimas. Su autor intelectual e instigador es el Dr. Zaffaroni, un exjuez con tantos pergaminos como escasas dotes para legitimar su nombramiento para un organismo que vela por los derechos humanos. Esos derechos humanos conculcados en una Argentina que día a día, llora a sus muertos por la desidia judicial. Esperemos que la comunidad internacional y la Corte Interamericana nos devuelvan el sentido genuino de los derechos humanos.

Diana Cohen Agrest es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ensayista.