El Gobierno y las FARC acuerdan limpiar de minas Colombia

Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones de paz, los colombianos que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado, empezarán a sentir un alivio de la guerra que comenzó hace medio siglo. Los negociadores del Gobierno y de la guerrilla de las FARC anunciaron el sábado por la noche en La Habana (Cuba) que han acordado iniciar de inmediato un programa conjunto para limpiar de minas el territorio donde mayor es el peligro.

Esta medida para reducir la intensidad del conflicto es el primer resultado tangible para la ciudadanía de un proceso de paz que comenzó hace dos años y cuatro meses y al que se acaba de incorporar un grupo de generales. El acuerdo incluye un elemento sin precedentes, ya que en el desminado intervendrán guerrilleros —que irán sin armas, de civil y a los que se les levantarán las órdenes de captura— además de militares entrenados en la tarea. Juntos trabajarán bajo la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN), líder mundial en la materia. Los guerrilleros serán claves para brindar información sobre las minas que han sembrado y el Ejército será el encargado de desactivarlas.

La celebración del anuncio fue casi generalizada, ya que Colombia es el tercer país con más víctimas de las minas (11.043 entre muertos y heridos desde 1990). "Un acuerdo sobre las minas trabaja concretamente sobre la salvación de la vida y por lo tanto permite evidenciar que la paz tiene significados concretos para las personas más afectadas", explica Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM), una organización civil que resalta "el significado real" del acuerdo para la vida de muchos colombianos.

Porque el problema sigue vigente. En enero las minas mataron a dos personas e hirieron a otras 23. De las 11.043 víctimas que registra el Gobierno en los últimos 25 años, 2.209 han muerto. Los niños suponen un 10% de los fallecidos o mutilados. Es por eso que tras el anuncio, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, aseguró que esta noticia da un mensaje de esperanza a los niños que viven en el campo y "corren el peligro de morir o quedar heridos por la explosión de una mina cuando caminan a la escuela".

La última víctima fue un joven de 14 años que murió el 20 de enero cuando estalló una mina en una finca en Bolívar, al norte de Colombia, donde estaba de vacaciones. En lo que va de año han causado 28 víctimas, pero el flagelo es aún mayor si se cuenta a los familiares de los afectados. Para la Comisión contra las Minas, esa cifra podría alcanzar las 800.000 personas a lo largo del conflicto.

El primer paso será identificar las zonas donde el peligro sea mayor. Hasta ahora, los mapas del Gobierno se han elaborado teniendo en cuenta las víctimas de cada lugar, por lo que se estima que más del 50% del territorio colombiano está minado y que limpiarlo costaría unos 100 millones de dólares (92 millones de euros). Sin embargo, según lo pactado este sábado por los negociadores, tras las evaluaciones que coordine Noruega se diseñará el plan de limpieza. La Comisión contra las Minas había presentado una propuesta que prioriza 57 lugares, lo que supone una aportación para la decisión final que tomarán el Gobierno y las FARC.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, uno de los funcionarios que ha mostrado sus dudas sobre la voluntad de paz de las FARC, saludó el inicio del plan de desminado. "En buena hora son nuestros militares los que lideran este esfuerzo", dijo el sábado. Los partidos políticos que integran la coalición del Gobierno también se mostraron a favor y destacaron que es un síntoma de la madurez del proceso de paz. La ONU, por su parte, confía en que el impacto será casi inmediato ya que mejorará las condiciones de vida, de trabajo y de movilidad de decenas de miles de colombianos. "Cada mina que se neutralice es una vida humana preservada", dijo en una nota.

Desde la oposición, pocos senadores del uribismo se pronunciaron. Uno de ellos, el senador Ernesto Macías, criticó a la guerrilla. "En comunicado sobre desminado se ponen de igual a igual con el Gobierno", tuiteó. La asociación de oficiales retirados, Acore, expresó su descontento. Su director, Jaime Ruiz, declaró que es una humillación para los miembros de las fuerzas públicas. "Darle salvoconducto a unos cuantos terroristas para que entren a integrar los grupos de trabajo es inadmisible".