Denunciadas por aborto

Lo último que vio Guadalupe Vásquez antes de entrar en prisión fueron la camilla de hospital y las batas blancas de los sanitarios del hospital salvadoreño de San Bartolo. La joven, de 18 años, había acudido a urgencias por una hemorragia uterina. Allí, los médicos la denunciaron por provocarse un aborto --prohibido en El Salvador-- y Vásquez pasó del hospital a la cárcel. La fiscalía cambió después la acusación de aborto por la de homicidio agravado. Al parecer, la joven, que siempre alegó que desconocía que estaba encinta y que además había sido violada, dio a luz sola a un feto sin vida en el cuartito donde vivía. Los jueces la declararon culpable y Vásquez fue condenada a 30 años de cárcel. Hoy, tras más de un cuarto de su vida entre rejas, acaba de recuperar la libertad. La Asamblea Legislativa de El salvador le ha concedido el indulto.

En prisión quedan otras mujeres con casos similares. Dieciséis con condenas firmes y otras cinco –procesadas en los dos últimos años— en espera de que la sentencia condenatoria sea definitiva. Todas afirman haber sufrido complicaciones obstétricas que terminaron en abortos o muertes fetales, y fueron primero acusadas por interrupción voluntaria del embarazo –penada con hasta cinco años-- y finalmente procesadas por homicidio agravado (por parentesco). Algunas cumplen penas de hasta 40 años, apunta Morena Herrera, presidenta de la Colectiva Feminista y una de las activistas que conoce de cerca cada caso.

La ONU, tras el histórico indulto de Vásquez, ha instado a El Salvador a revisar las condenas. También a reformar su durísima legislación sobre aborto, que prohíbe esta intervención sanitaria incluso para salvar la vida de la gestante y que provoca que mujeres que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones obstétricas –la mayoría, dicen, mujeres pobres y sin estudios-- sean condenadas. “Es tiempo de acabar con estas injusticias”, dice un informe de Naciones Unidas elaborado por seis de sus relatores, incluidos los de Torturas, Mujer o Justicia. “La ley viola el derecho de la mujer a mantener unos estándares dignos de salud física y mental, y no garantiza su acceso a los servicios que aseguran sus derechos sexuales y reproductivos; particularmente al aborto terapéutico”, dice el análisis que los relatores han enviado al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Guadalupe Vásquez acaba de volver a casa de su madre. Ha pasado siete años privada de libertad y mientras tanto el tiempo no ha quedado suspendido. Cuenta, algo desorientada, que al llegar a la casa familiar apenas podía reconocer a sus hermanos pequeños. En la cárcel de mujeres de Ilopango –una de las más saturadas del mundo y donde ha permanecido la mayor parte de su pena— las visitas estaban muy limitadas. “Cuando me condenaron quería morir. Yo sabía que era inocente y me sentía impotente por lo que me estaba pasando. He perdido mucho por algo que no hice, pero por fin se ha hecho justicia”, dice por teléfono desde San Salvador.

Ahora, Vásquez, que trabajaba como sirvienta interna en una casa por apenas 80 dólares al mes, que fue violada por un vecino de sus empleadores y vivía en un cuartito sin luz, cuenta que quiere rehacer su vida. Cuando fue condenada apenas había completado hasta el tercer grado escolar. En prisión, ha terminado el bachillerato. “Me encantaría seguir estudiando, quizá para abogada o algo así, querría ayudar a otras mujeres como yo”, dice.

El de Vásquez es el primer perdón por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El Salvador. También el primero concedido a una mujer en ese país. La Asamblea Legislativa, tras una intensa campaña nacional e internacional, aprobó con 43 votos –el mínimo-- la liberación de la mujer por considerar que su proceso había estado plagado de irregularidades. También, explica Dennis Muñoz, uno de los abogados que ha llevado su caso desde el Agrupación para la Despenalización del Aborto, porque se confirmó que Vásquez fue condenada a pesar de que los forenses manifestaron que el feto murió por “causas indeterminadas”; nunca se mencionó que se debiera a un aborto provocado.

El caso de la joven ha reabierto el debate sobre la legislación del aborto en El Salvador en plena campaña electoral a las legislativas y municipales que se celebran este 1 de marzo. Sin embargo, apunta el analista político Marcel Pérez, en un país donde la iglesia y los sectores más conservadores tienen mucha influencia, ningún partido ha querido abrir el melón del cambio de la ley. De hecho, algunos de los diputados que votaron por el perdón de Vásquez han sido objeto de intensas campañas por parte de los grupos contra el derecho al aborto. El Salvador restringió el acceso a esta prestación sanitaria en 1997 –hasta entonces estaba permitida— e incluyó además en la Constitución un artículo que dicta que la vida debe protegerse “desde el momento de la concepción”. Un modelo difícil de cambiar sin un amplio consenso político. Mientras, las mujeres siguen sufriendo las consecuencias de la draconiana legislación. Entre 2000 y 2011 (último año del que hay datos), hubo al menos 129 procesadas –el 60%, denunciadas por el personal sanitario--; 49 de ellas fueron condenadas.