Cese del fuego bilateral es inevitable pero…

Corría el mes de marzo del 84, el entonces presidente Belisario Betancur aceptó silenciar los fusiles con las FARC. Se adhirieron a ese cese del fuego las entonces guerrillas del M-19 y del EPL que lo rompieron en 1985, el mismo año en que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia.

Esa misma tregua que rompieron los guerrilleros del Eme, fue continuada hasta 1987 por las FARC, que aprovecharon el cese del fuego para expandirse por el país y fortalecerse militarmente. El Ejército se replegó a los cuarteles para evitar que los acusaran de violar el acuerdo. Ganaderos y agricultores se sintieron desprotegidos y empezaron a financiar grupos de defensa privada, que se convirtieron en el monstruo paramilitar que se ocupó de exterminar al hijo político de ese proceso de paz que era el partido Unión Patriótica asociado con las FARC. Círculo vicioso de esa violencia infernal.

Otras lecciones en este caso: no hubo claridad sobre qué incluía el cese del fuego, la verificación por lo tanto, no funcionó. Quizás no dispararon pero cometieron otro tipo de acciones: secuestraron, extorsionaron y reclutaron niños. Y ante esto la respuesta fue más guerra y más violencia proveniente de otros sectores de la sociedad, los que hasta entonces parecían decentes. Cientos de muertos y unas FARC que terminaron después decidiendo la suerte de los procesos electorales desde mediados de los 90 y especialmente con el fracaso de los diálogos con Andrés Pastrana en el Caguán que volcó a la población en favor de Alvaro Uribe.

No se logró, sin embargo, la victoria por la vía militar a pesar de haber dado de baja a sus principales cabecillas (alias Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Iván Rios etc.) y por lo tanto, casi todo el secretariado actual de esa organización está hoy en La Habana negociando el fin del conflicto con los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos, quien fuera el ministro de Defensa que ordenó los bombardeos.

Las FARC están hoy en La Habana negociando el fin del conflicto con los que ordenaron los bombardeos contra sus líderes

Por eso ahora que el presidente Santos hizo el anuncio más importante desde que hace dos años iniciara las negociaciones, que había ordenado discutir el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, esas lecciones son más que pertinentes. El punto tres de la agenda de negociaciones que dice claramente que con la firma del acuerdo se implementará el cese bilateral y definitivo es inevitable y necesario incluso antes de firmarse el acuerdo por varias razones: porque facilita el acuerdo, porque impide el proselitismo armado en pleno año electoral y porque ambienta el proceso de refrendación que debe llevarse a cabo sin un fusil en la cabeza o un menor reclutado para la guerra.

Las lecciones que dejan las experiencias de treguas violadas, y tribunales internacionales exigiéndole justicia al Estado colombiano, deben llamar la atención sobre lo crucial de este momento, y la importancia de tomar decisiones sobre un cese bilateral pero solo si es definitivo, previos compromisos de las FARC, verificables, y principalmente cuando haya quedado solucionado el dilema de la justicia. Palabra que aparece una sola vez entre 1.237 que tiene el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y no precisamente para ser aplicada a quienes cometieron las atrocidades.

El cese del fuego previo al acuerdo o cese del fuego como resultado del acuerdo con su firma no es un tema semántico o gramático simple. En las palabras siempre está el fondo. Y lo de fondo aquí es que el cese bilateral solo será aceptado por la sociedad y sus diversos sectores si la mesa de negociación logra acordar que cesan por parte de las FARC todas y cada una de sus actividades de guerra conexas, término tan usado ahora, y se estable con claridad cómo serán judicializados los máximos responsables. Los colombianos queremos ver a nuestras víctimas restauradas para que así no estemos caminando sobre bilateralidades gratuitas.

Sin duda el tema de la justicia transicional es el punto más importante previo a cualquier decisión de tregua. De esto depende la posible participación en política de los guerrilleros y la restauración de las víctimas, que hasta hoy solo han sido burladas por sus victimarios. Así también en este punto está la claridad sobre el tratamiento jurídico para los agentes del Estado involucrados en delitos dentro del conflicto. Para los militares que recibirán la orden de silenciar los fusiles esa decisión es una cuestión de honor.

Diana Calderon es directora de Información y de Hora 20 de Caracol Radio Colombia