El 96% del territorio destinado a la explotación en Perú está habitado

Más del 40% de la superficie de Perú se destina a concesiones para minería, petróleo, gas y madera, según un informe presentado la semana pasada. La investigación revela que más del 93% de los territorios adjudicados para explotación en ocho países propensos a recibir inversión están habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. En Perú, este porcentaje es del 96% dentro de la superficie explotada. Los autores alertan de que “la inseguridad en la tenencia de la tierra es una amenaza para las poblaciones, pero también para la estabilidad de las inversiones de las empresas”. El estudio fue dado a conocer en la conferencia Inversiones, comunidades y cambio climático: riesgos y oportunidades, con vistas a la Cumbre de Cambio Climático COP 20, que tendrá lugar el próximo diciembre en Lima.

La consultora The Munden Project, que ha realizado estudios para la Fundación Ford, la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra, y el Fondo Brasileño para la Biodiversidad, analizó 73.000 concesiones otorgadas por los gobiernos de Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Indonesia, Liberia, Mozambique y Perú, así como 100 conflictos vinculados al uso comercial de la tierra en esas áreas. El estudio fue un encargo de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición de 14 instituciones que trabajan en Latinoamérica, África y Asia en reformas de políticas sobre bosques y tierras.

Los investigadores señalan que “las poblaciones locales son una contraparte no reconocida en los acuerdos de concesión”, y por ello alerta a los inversores acerca del alto “coste financiero que puede derivar de la interacción negativa con quien posee el título de la tierra y los que viven en las cercanías”.

De los 100 casos de conflicto, 10 proyectos fueron interrumpidos, la mayoría en Perú. “Hay alguna cosa que hace que las comunidades se movilicen más y que las confrontaciones sean más violentas aquí, incluso con muertes, a diferencia de los otros países, donde los conflictos se dan en el Poder Judicial o por otras vías”, comentó el investigador brasileño Leonardo Pradela.

En la comparación con los otros siete países de la muestra, todos con bosques tropicales, Perú tiene el mayor número de concesiones para minería (59.159), seguido de Colombia (9.464). Brasil tiene la mayor superficie para gas y petróleo (239.832 kilómetros cuadrados), seguido por Perú (203.258), y Colombia (155.903 para petróleo); en tanto que Indonesia supera a todos en el área destinada a la tala (302.505).

“El Estado debe cambiar de la visión sectorial a la territorial, que incluye a la vez a la gente, al ambiente y a los recursos en una sola visión, como la tienen los pueblos indígenas”, afirma Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú. “Para que no haya conflicto entre los diferentes usos del territorio, tienen que estar claros los mecanismos de articulación entre sectores públicos sobre el otorgamiento de derechos”. Suárez de Freitas reconoció, además, que Perú aún no cuenta con una ley para “otorgar derechos de manera ordenada”.

En la misma conferencia, la ONG peruana Instituto del Bien Común presentó un nuevo mapa de las amenazas a los bosques, que actúan como barreras contra los efectos del cambio climático, y demostró que en los territorios indígenas se ha producido la cuarta parte de la deforestación total en la Amazonia peruana entre 2001 y 2010 (más de 1,4 millones de hectáreas).

Según Alberto Pizango, líder de Aidesep, la principal organización indígena de la Amazonia peruana, más de 1.000 comunidades nativas esperan que el Estado certifique la propiedad de unas 20 millones de hectáreas que les corresponden. La carencia del título de propiedad los ha vuelto vulnerables ante madereros ilegales y la minería informal, y también cuando negocian con empresas mineras o petroleras.

El pasado 1 de octubre, el Gobierno aprobó una norma para que las entidades encargadas de aprobar los títulos de comunidades permitan que el trámite continúe, independientemente de si hay otras gestiones de empresas sobre el mismo territorio. La decisión se tomó después del asesinato, a inicios de septiembre, de cuatro indígenas ashaninkas que pedían la titulación de su comunidad, Saweto y se defendían de madereros ilegales. La comunidad sigue sin ser registrada oficialmente por el Gobierno Regional.

El cambio climático como telón de fondo

El geógrafo Anthony Bebbington, de la Universidad de Clark (EE UU), ha documentado recientemente con mapas un incremento en las concesiones de minería y petróleo sobre tierras agrícolas y cuencas hidrográficas en Ghana y Perú.

“Estos mapas muestran cómo el Estado peruano ha ordenado el territorio maximizando la inversión. Otro sistema puede permitir la diversificación productiva y reforzar la resiliencia del país frente al cambio climático”, asegura Bebbington.

Perú muestra siete de las nueve señales asociadas al cambio climático. Desde 2002, se ha incrementado el área de la cuencas de los ríos Mantaro (centro) y Tambo (sierra sur) destinada a la minería, entre un 40% y un 70%.

En la selva norte, las concesiones de exploración de hidrocarburos se superponen en más del 50% a la cuenca del Alto Marañón, al igual que en otras cuencas del departamento de Ucayali.

Con datos de 2011, el académico refiere que en la costa peruana el área de concesiones mineras sobre tierras agrícolas es de 21%, y de 22% en la sierra.