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Tribuna
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Del porro terapéutico a los militares en La Habana

Colombia decidió recorrer caminos que plantean enormes avances como sociedad pero asimismo insospechados riesgos

Diana Calderón

Colombia decidió recorrer caminos que plantean enormes avances como sociedad pero asimismo insospechados riesgos. En los últimos ocho días pasamos de la discusión sobre el porro terapéutico, o sea permitir el uso medicinal de la marihuana, a la presencia de nuestros militares en la mesa de negociación con las FARC en La Habana.

Podría pensarse que se trata de jugadas estratégicas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que sería mantener la iniciativa en la agenda pública, aunque para un sector no menor de la opinión estas son concesiones irresponsables para complacer las demandas insaciables de las FARC en un momento de estancamiento del proceso de paz.

Una u otra, sea estrategia de ajedrecista o concesión facilista, lo clave es preguntarse si estas movidas, sea cual sea su motivación, serán útiles. Por un lado discutir ¿qué efecto sobre la lucha antidrogas tendría la legalización del cannabis para uso terapéutico? Y del otro tema evaluar que tanto ayuda o perjudica a la paz y a la institucionalidad el que militares activos estén en la mesa de negociación con las FARC.

En la respuesta a esas dos preguntas, respuesta que por supuesto será discutible como lo es todo hoy en Colombia en estos tiempos de alta polarización, está la validez y legitimidad de las posiciones y decisiones presidenciales de la última semana.

La propuesta de legalizar la marihuana para uso medicinal, la hizo el congresista Juan Manuel Galán, al cumplirse 25 años del asesinato de su padre, Luis Carlos Galán, a manos del Cartel de Medellín, con una gran valentía ya que el entonces candidato presidencial era el abanderado de la lucha contra los carteles de la droga y de su extradición a Estados Unidos.

Su propuesta provocó que la opinión conservadora se rasgara las vestiduras, pero logró el sí del presidente Juan Manuel Santos para quien desde varios años es necesario un cambio de paradigma en la fracasada lucha contra las drogas desde la óptica prohibicionista, y quien ya había acordado con la guerrilla de las FARC en La Habana una nueva estrategia que deberá llevar a la decisión de dicho grupo de cortar sus vínculos con el negocio ilegal del narcotráfico del cual se han lucrado por décadas.

Ahora bien, no es muy claro que la sociedad colombiana esté preparada para acoger este uso final de las drogas ilícitas pues las más recientes encuestas muestran un rechazo abrumador a cualquier forma de despenalización del uso de estupefacientes. Pero tampoco esta propuesta de permitir uso medicinal de marihuana ni es en realidad una respuesta al fracaso de la política prohibicionista, ni tampoco parece estar probado que la marihuana sea una respuesta médica única ni mágica para aliviar los sufrimientos de los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. Entonces pareciera que esta propuesta, audaz y novedosa, es eso audaz y novedosa pero no es ni cambio de paradigma en tratamiento a las drogas ni panacea en tratamientos médicos.

Así que Colombia pasó en tan solo ocho días de hablar del efecto de políticas de salud pública sobre el comercio ilegal de drogas ilícitas, a una enorme polémica por la reunión, ocurrida el pasado viernes, que los militares activos estén a La Habana, encabezados por un reconocido general, Javier Alberto Flórez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares que, entre otras misiones, comandó exitosas operaciones que dieron de baja a importantes jefes de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos calificó como un paso histórico abordar con las FARC esos asuntos del fin del conflicto, pero su opositor el expresidente Álvaro Uribe, ahora senador del Centro Democrático, dijo que hay un abuso presidencial y que va en contra de la Constitución porque la fuerza pública no es deliberante. Un general retirado de la policía tal vez dio en el clavo con una simple observación: el gobierno envía a los militares no porque sea indispensable su presencia sino para transferirles, compartir con ellos, el costo político de la negociación.

Es cierto que un proceso de paz no puede hacerse sin el concurso de los militares, pero la pregunta es si es esté el momento para involucrarlos cuando aún están resentidas las fuerzas por la decisión presidencial de apostarle a la paz y no a la guerra, y cuando ya la mesa cuenta desde hace dos años con la presencia de los de los generales retirados Mora Rangel y Óscar Naranjo.

¿Es mayor el riesgo que se corre, con la decisión de mandar militares activos a La Habana, de producir un agrietamiento al interior de las fuerzas militares? O por el contrario ¿gana Santos enviando a los oficiales a la mesa para que ellos mismos confirmen que en La Habana no se está negociando a sus espaldas?

Las polémicas apenas comienzan ya que paralelamente fue instalada la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que en cuatro meses deberá elaborar un informe sobre el origen de 50 años del conflicto. No es una Comisión de la verdad pero terminará por legitimar el origen las FARC. Los que para muchos es más que devolverles las gallinas y los cerdos, que reclamaba en su discurso Manuel Marulanda cada vez que quería justificar tantos años de guerra y crímenes. Muchos sapos para tragarse en la misma semana. Pero muchos avances en el camino de reconstruir una sociedad que hoy al menos ya está debatiendo su futuro cuando antes solo se mataba.

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