La Fiscalía brasileña denuncia a cinco militares de la dictadura

La extraña muerte del teniente coronel retirado y asesino confeso, Paulo Malhães, cuyas circunstancias aun se investigan, ha desencadenado la acción de la justicia brasileña para juzgar uno de los crímenes más icónicos cometidos durante la dictadura brasileña (1964-1985). La documentación encontrada en el domicilio de Malhães ha servido para que el Ministerio Público Federal (Fiscalía) haya dado el paso de interponer una denuncia contra cinco militares, tres de ellos retirados, por la muerte entre el 21 y 22 de enero de 1971 del diputado Rubens Paiva.

La desaparición y asesinato de Paiva han estado durante más de 40 años cubiertos por un manto de silencio. Aunque oficiosamente se sabía que militares afines al régimen castrense fueron los responsables del crimen, la ley de amnistía promulgada en 1979 ha representado durante todos estos años un subterfugio para estos y otros militares que mataron, torturaron o secuestraron durante los años de plomo. Esta ley, que estableció tabla rasa, impide juzgar a los represores y supone el perdón de sus crímenes. Sin embargo, los fiscales federales que han elaborado la denuncia, Sergio Gardenghi Suiama, Antonio do Passo Cabral, Tatiana Pollo Flores, Ana Cláudia de Sales Alencar y Andrey Borges de Mendonça, determinan que la ley de amnistía no cubriría los crímenes cometidos por los cinco militares implicados en la muerte de Rubens Paiva, ya que se produjeron “en un contexto de ataque sistemático y generalizado a la población civil por un sistema semiclandestino de represión política”.

Según la argumentación de los fiscales, los imputados podrían responder por crímenes de lesa patria. El general retirado José Antônio Nogueira Belham y el entonces miembro del Centro de Informaciones del Ejército (CIE, conocido por los historiadores como la “casa de la muerte”), Rubens Paim Sampaio fueron denunciados por homicidio con tres agravantes, ocultación de cadáver y asociación a banda armada. Si la Justicia Federal decide dar trámite a la denuncia y finalmente son declarados culpables, los militares podrían cumplir condenas de hasta 37 años y medio de cárcel. Por su parte, el coronel retirado Raymundo Ronaldo Campos y los sargentos Jurandyr Ochsendorf e Souza y Jacy Ochsendorf e Souza han sido denunciados por delitos de ocultación de cadáver, fraude procesal y asociación a banda armada.

La pena en estos casos podría superar los 10 años de prisión. El Ministerio Público federal, que durante tres años ha investigado el caso, analizando minuciosamente 13 volúmenes de documentos y escuchando el testimonio de 27 personas, también ha solicitado a la justicia que congele las jubilaciones de los cinco militares y al Ejército brasileño que los despoje de las medallas y condecoraciones obtenidas durante sus carreras.

Tras la muerte de Paulo Malhães, la hija de Rubens Paiva, Vera Paiva, aseguró estar convencida de que el asesinato tuvo como único objetivo impedir que el militar continuara tirando de la manta. Malhães falleció el pasado 25 de abril en su casa del municipio carioca de Nova Iguaçu a manos de tres asaltantes que amordazaron a su mujer y robaron armas, dinero y joyas. Un mes antes de su repentina muerte el exmilitar había declarado ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) instaurada en Brasil para investigar los crímenes cometidos durante los años de plomo. En un extravagante y polémico interrogatorio de más de dos horas, Malhães reconoció con una frialdad de hielo su participación en una larga lista de asesinatos, torturas y desapariciones de disidentes del régimen castrense. Sin embargo, negó su intervención en el asesinato de Paiva, si bien admitió implícitamente conocer detalles del mismo.