La investigación a dos expresidentes y al Gobierno monopoliza la política en Perú

El Congreso de Perú inició este martes una legislatura ordinaria que girará en torno a tres investigaciones parlamentarias. Una contra el expresidente Alan García por supuesta corrupción en su administración (2006-2011); otra contra el expresidente Alejandro Toledo por compras inmobiliarias millonarias  en las que, se sospecha, hubo lavado de dinero; y la tercera contra el Gobierno actual y oficiales de las fuerzas de seguridad por sus posibles vínculos con un exoperador de Vladimiro Montesinos, quien fue asesor de inteligencia de Alberto Fujimori. La función y el debate legislativos están alicaídos porque los congresistas ocupan más tiempo en enfrentamientos ligados a las comisiones investigadoras de estos casos.

Las investigaciones por lavado de activos en el caso de Toledo y su esposa Eliane Karp continúan en la 48º Fiscalía Penal, luego de que ésta descartó, en enero, que existiera enriquecimiento ilícito. El exmandatario respondió preguntas de una fiscal cinco horas el martes, y Karp un par de horas el miércoles en Lima.

La Comisión de Fiscalización del Parlamento debe programar la fecha en que votará el informe en mayoría o en minoría con sus conclusiones sobre las compras inmobiliarias realizadas por la suegra de Alejandro Toledo y ex colaboradores y amigos del círculo de confianza del líder y fundador del partido Perú Posible.

Juan Sheput, exministro del gobierno de Toledo y miembro de Perú Posible, comentó a EL PAÍS que “si se toma en consideración lo ocurrido en años anteriores, la Fiscalía no se enfrentará al Congreso si éste decide acusar”.

Por otro lado, el gobierno de Alan García, líder del Partido Aprista, ha sido investigado durante dos años por la denominada megacomisión del Congreso. Los motivos han sido los narcoindultos, la interceptación telefónica para negocios con el Estado, y la corrupción en obras de saneamiento urbano y en la remodelación de escuelas públicas. En diciembre, la Fiscalía archivó una investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, aunque el perito que determinó que no existía desbalance patrimonial tenía militancia aprista.

El pleno del Congreso debe votar, en esta legislatura, los cuatro informes sobre el gobierno de García y pronunciarse sobre una acusación constitucional en su contra. Si ello ocurre, el político no podrá aspirar en 2016 a la presidencia por tercera vez, como es su deseo. García acuñó el año pasado la expresión “reelección conyugal” para contraatacar. Su argumento es que el presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia quieren cerrarle el paso en las elecciones de 2016 y que Heredia será candidata.

A la fecha ha habido contactos entre operadores del gobierno de Humala y líderes de Perú Posible, para lograr un trato favorable a Toledo en las investigaciones de la Fiscalía. Ello requeriría, a cambio, que Perú Posible siga dando sus votos a la bancada oficialista, Gana Perú, en el Congreso.

La tercera pesquisa en el Congreso y en la Fiscalía avanza con lentitud y en reserva y se refiere a los vínculos entre oficiales del Ejército y la policía, un ex asesor presidencial de Humala, y Óscar López Meneses, el ex operador del asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Visto el panorama, la Fiscalía de la Nación podría jugar un papel importante en el futuro inmediato de García y Toledo, al disminuir sus posibilidades electorales. Sin embargo, el actual fiscal José Peláez, quien busca reelegirse, es criticado por pertenecer a una familia aprista y dar resoluciones que favorecen a líderes de ese partido.

El otro candidato a la Fiscalía es Carlos Ramos Heredia, primo de la primera dama Nadine Heredia. Ramos declaró en enero a los medios que era un pariente lejano, y que por lo tanto no era un candidato que representara a Heredia. Pero podría convertirse en el segundo pariente con semejante poder, pues Tania Quispe, la jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es prima hermana de la esposa de Humala, cuyo poder crece en el tiempo.

Por otro lado, el 17 de marzo debe empezar el juicio oral por los petroaudios, las conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente durante el gobierno de Alan García, y en ese contexto podría darse la votación en el Legislativo del informe sobre ese tema.

Mientras las fuerzas políticas buscan votos para hundir o aprobar los informes de las tres  comisiones investigadoras, existe otra negociación: el nuevo gabinete que asumió el 25 de febrero debe pedir el voto de confianza del Congreso. Una congresista de Perú Posible, Carmen Omonte,  operadora de Toledo en la comisión de Fiscalización y flamante ministra de la Mujer, afronta una denuncia por ser la accionista de una empresa minera. Si tuviera la participación mayoritaria, habría violentado la ley, pero como ella y su esposo vendieron parte de sus acciones a un chófer y su esposa solo ha recibido múltiples críticas.

Tres grupos políticos han anunciado que no darán su voto de confianza a los ministros. Las bancadas trabajan para salvar el pasado y el futuro de sus líderes políticos, pero una ley universitaria criticada, una norma de ordenamiento territorial, una reforma electoral y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional aguardan que los congresistas se encarguen de ello.