Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
ENTREVISTA | PROCURADOR GENERAL DE COLOMBIA

“Voy a investigar espionaje del Ejército a los negociadores de paz”

Alejandro Ordóñez advierte de que si la CIDH otorga medidas cautelares al alcalde Petro se dejaría “sin dientes” al Estado colombiano, creando un fuero de impunidad

El único en Washington que parecía feliz sorteando los casi 10 centímetros de nieve bajo los que el jueves amaneció sepultada la ciudad era el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez. Acostumbrado a los 25 grados perpetuos de su Bucaramanga natal, el inclemente temporal con el que la capital de Estados Unidos recibió al funcionario colombiano ha sido para él un gratificante contraste. La tormenta obligó a cancelar un acto en el que Ordóñez iba a hablar sobre la transparencia y el Estado de Derecho en su país, pero sí le dio tregua para reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicarse su versión de los hechos a cerca de su controvertida decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien ha solicitado ante ese mismo organismo medidas cautelares que suspendan la resolución del procurador.

La medida de Ordóñez contra el regidor bogotano ha detonado un inusitado debate político y judicial en Colombia, en el que se han cuestionado la vigencia del derecho internacional sobre el interno, una reforma constitucional que limite el alcance de las competencias de la Procuraduría y hasta los efectos que puedan tener las decisiones de su titular en el diálogo de paz con las FARC. De eso y de otras cuestiones de la actualidad colombiana conversó el procurador en una entrevista conjunta con EL PAÍS y el programa de la cadena NTN24, Club de Prensa, que dirige Juan Carlos Iragorri.

La decisión de la CIDH supondría dejar sin dientes al Estado, dejar sin dientes a la sociedad colombiana en su arma más eficaz, más eficiente y más útil para combatir la corrupción"

Pregunta. Este mismo jueves, el presidente Juan Manuel Santos le ha pedido a usted que también entre a investigar desde el punto de vista disciplinario la intervención por parte de algunos miembros de los servicios de Inteligencia de Colombia de las cuentas de correo electrónico y las llamadas telefónicas de los miembros de la delegación del Gobierno que está dialogando con las FARC. ¿Qué va usted a hacer?

Respuesta. Hoy mismo he dado instrucciones para integrar una sala especial a fin de que ejerzamos el poder preferente, esto es, las facultades constitucionales y legales para desplazar a las autoridades disciplinarias internas del Ejército para asumir la investigación. Los funcionarios de la Procuraduría oficiarán a la Fiscalía de la Nación para que les entreguen copia espejo de las informaciones que pudieran estar en los ordenadores a efectos de hacer una investigación pronta, cumplida y eficaz para esclarecer todos los episodios que pudieron existir en el caso de las chuzadas.

P. ¿Cuándo cree que estarán listos los resultados de su investigación?

R. Hay que esperar y valorar todas las evidencias para saber cuándo se podrán tener los resultados de la investigación.

El 'caso Petro' y la CIDH

P. Se ha reunido en Washington con la CIDH ¿Cuál es la conclusión de esa reunión?

R. Yo salí con mucha satisfacción y tranquilidad porque se logró transmitir a la CIDH cómo es nuestra institucionalidad y cómo fue la decisión que sancionó a Petro.

Las mismas normas convencionales de Naciones Unidas y la OEA han solicitado entregarle a las autoridades administrativas facultades disciplinarias"

P. El alcalde solicitó medidas cautelares ante la CIDH porque consideraba que su resolución violaba el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que solo se pueden limitar los derechos políticos en caso de condena en un proceso penal. El suyo fue disciplinario ¿Cree que es válida su determinación o que contraría lo que dice la legislación internacional?

R. Por supuesto que no la contraría. La Corte Constitucional, frente a demandas de otros ciudadanos con el mismo argumento, ha dicho que las facultades para sancionar e inhabilitar a los funcionarios de elección popular no contradicen los tratados internacionales. Las mismas normas convencionales de Naciones Unidas y la OEA han solicitado entregarle a las autoridades administrativas facultades disciplinarias, entre otras cosas, porque esa es un arma, son los dientes de la sociedad y del Estado para combatir con prontitud la corrupción.

P. Usted ha dicho que si la CIDH otorga las medidas cautelares a Petro eso traerá consecuencias dramáticas para Colombia ¿Por qué?

R. Yo le añadiría caóticas, anárquicas… Porque afirmar que un funcionario de elección popular carece de controles disciplinarios sería crear un fuero no de inmunidad sino de impunidad. El Estado colombiano diseñó estas leyes disciplinarias para actuar pronta, cumplida y eficazmente contra la corrupción y como consecuencia de ello, la procuraduría, en estos 20 años, donde han pasado seis procuradores, ha logrado tomar decisiones sancionatorias frente a más de 9.000 funcionarios de elección popular. En este momento están en trámite más de 10.000 investigaciones disciplinarias, muchas de ellas relacionadas con la corrupción y otras por incumplimiento de los deberes funcionales. La decisión de la CIDH supondría dejar sin dientes al Estado, dejar sin dientes a la sociedad colombiana en su arma más eficaz, más eficiente y más útil para combatir la corrupción.

Inexorablemente, si Petro llegara a salir victorioso en la revocatoria, se aplicaría igualmente su destitución"

P. Si la CIDH otorga las medidas cautelares a Petro, ¿usted acataría esta decisión?

R. Las recomendaciones de la CIDH no van dirigidas a la Procuraduría, sino al jefe del Estado y esa pregunta debería responderla el presidente de la República.

P. Este jueves un juez declaraba conforme a derecho el decreto que permitió a Petro desprivatizar el sistema de recogida de basuras y uno de los pilares de su resolución contra él. ¿Si Petro se apoyó en una disposición legal, se desvirtúa el dolo en el que usted basó buena parte de su decisión para suspender e inhabilitar al alcalde de Bogotá?

R. Hay que contextualizarlo. La Procuraduría tiene un término para interponer recurso que vence el 26 de febrero y, si encontramos razones jurídicas, lo estaremos interponiendo para que el tribunal conozca o proceda a modificar o a revocar o a reformar la decisión del juez. Pero, suponiendo que este cargo se cayera, eso querría decir que la sanción de inhabilitación no sería de 15 años sino de 13.

Decisiones políticas o jurídicas

P. Además del proceso que usted inició contra Petro, hay otro paralelo que es el de la revocatoria de su mandato ¿Usted no cree que lo más democrático en su caso es que sean los ciudadanos los que voten que siga en la Alcaldía o que se vaya?

R. El proceso de revocatoria no tiene ninguna interferencia respecto del disciplinario. Éste es autónomo, tiene que ver con el incumplimiento de deberes funcionales y su decisión no va a resultar afectada por unos eventuales resultados electorales.

P. Es decir, que si Petro llegara a salir victorioso en la revocatoria, se aplicaría igualmente su destitución.

R. Inexorablemente. Y eso no lo dice el procurador, eso lo señala el ordenamiento jurídico.

Puede haber alcalde de la misma filiación política del alcalde de Bogotá y puede haber procuradores que tengan una formación ideológica diferente y ello es una prueba de la madurez de nuestro sistema jurídico y político"

P. Petro tenía una popularidad muy baja antes de que usted lo destituyera, pero ahora la favorabilidad en las encuestas es mucho mayor, ¿no será que usted lo convirtió en un mártir?

R. Con alta frecuencia el funcionario público que tiene funciones judiciales o disciplinarias toma decisiones con la opinión, contra la opinión y sin la opinión pública, ello quiere decir que el funcionario público debe tener el suficiente equilibrio y temperancia para tomar decisiones sin importar o sin estar condicionadas por las repercusiones de carácter social, económico o político.

P. El alcalde de Bogotá es un hombre de izquierdas y usted es una persona conservadora en muchas materias, en lo que tiene que ver con el matrimonio homosexual, el aborto, la despenalización del narcotráfico o la legalización de las drogas. ¿Le movió a usted su ideario político a la hora de tomar su decisión respecto de Petro?

R. Muchas decisiones previas, cerca de cinco, adoptadas por la Procuraduría han favorecido al alcalde Petro. Lo que aquí valdría la pena reflexionar es que si hay un elemento que deslegitime a las democracias es el unanimismo, la pluralidad es una condición para la existencia de los sistemas políticos contemporáneos, y puede haber alcalde de la misma filiación política del alcalde de Bogotá y puede haber procuradores que tengan una formación ideológica diferente y ello no es ningún error o desafío, sino todo lo contrario, es una prueba de la vitalidad, de la riqueza y la madurez de nuestro sistema jurídico y político.

El proceso de paz

P. Petro y otros políticos que han sido inhabilitados por usted, como Piedad Córdoba, o que están sujetos a su investigación, como Iván Cepeda, e incluso antiguos miembros del grupo negociador del Gobierno, como el actual embajador de Colombia en EE UU, Luis Carlos Villegas, han advertido de que sus decisiones podrían obstaculizar el proceso de paz. ¿Cree usted que sus resoluciones ponen en riesgo las negociaciones?

R. Todo lo contrario. Esas decisiones no sólo no afectan el proceso de paz sino que le permiten dar mayor legitimidad y mayor confianza a los ciudadanos y mayor certeza a la guerrilla de que no puede haber funcionarios públicos por encima de la Constitución, por encima de la Ley y por encima de las decisiones judiciales.

El procurador también está de acuerdo y apoya el proceso de paz, pero la paz no es a cualquier precio"

P. Usted dice representar a la sociedad y ha criticado el diálogo que se está llevando a cabo en La Habana, pero la mayor parte de los ciudadanos de Colombia, según todos los sondeos, respalda el proceso de paz ¿No será que usted no está representando bien a los colombianos?

R. El procurador también está de acuerdo y apoya el proceso de paz. Todos deseamos y queremos la paz, pero la paz no es a cualquier precio. El presidente lo ha dicho y los negociadores lo han dicho, que la paz debe ser sin impunidad, porque la paz es una consecuencia de la justicia y para que la paz sea duradera, permanente y sostenible, la paz debe ser un fruto de la justicia.

P. Entonces, usted está de acuerdo con un proceso de paz siempre y cuando no haya impunidad para los miembros de las FARC

R. Tal cual, me interpretó exactamente.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información