Sociedades de fachada

Pocos momentos como este para hacer un alto en el camino que nos lleva a Cuba, donde se negocia un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, y otro, para elegir a un nuevo congreso la primera semana de marzo en Colombia.

¿Y por qué el proceso de paz y las elecciones merecen una reflexión más de fondo? Porque hoy, el principal riesgo para el proceso electoral no son las agrupaciones armadas. Son las estructuras que se dejaron intactas en el proceso de desmovilización paramilitar en 2005.

Se desmontó a las cabezas visibles de la guerra y se encarceló por ocho años a sus lugartenientes, que recuperarán su libertad antes de diciembre, pero no se tocó a fondo el aparato armado ni el de las economías ilegales y sus relaciones con la política y los jueces.

¿Que el tema guerrillero es distinto? Sí lo es. Pero su aparato de guerra se soporta también en actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. Y si ese proceso no garantiza los mínimos, primero de justicia y reparación bajo la figura que se acuerde, y el Estado mantiene como entonces las complicidades con la ilegalidad frente a la cual se hace el de la vista gorda, de muy poco servirá lo que se está haciendo en La Habana.

El principal riesgo son las estructuras que se dejaron intactas en el proceso de desmovilización paramilitar en 2005

Necesitamos pensar responsablemente en lo que significa hacer justicia en todos los ámbitos. Me refiero claramente a no permitir que la impunidad siga haciendo de las suyas en nuestras sociedades y volviéndolas fachadas de la ilegalidad. No es solo responsabilidad de los gobiernos también de empresarios y sectores de las élites locales y nacionales que premian con frecuencia al victimario por encima de las víctimas.

El tema es más profundo que meter a la cárcel al último paramilitar, guerrillero o al corrupto. Es la inoperancia del aparato institucional y de un sistema político que se sostiene en la repartición de puestos, contratos y silencio y que en virtud de la impunidad social mantiene su status quo.

Las enseñanzas del proceso paramilitar colombiano muestran que hubo una mutación del conflicto. Y la historia se puede volver a repetir en el proceso con las FARC.

Muchas de esas estructuras paramilitares fueron heredadas. Especialmente las relacionadas con el saqueo de recursos públicos vía contratación, en los que siguen soportando el financiamiento los principales candidatos al próximo congreso como lo demuestran los resultados de las investigaciones en Cordoba, el Valle del Cauca, Bolívar y ahora Norte de Santander.

Algunos ejemplos: hoy los urabeños, banda criminal, que se conformó a la cabeza de un paramilitar conocido como Don Mario, está sindicado del asesinato de líderes de restitución de tierras en el Urabá colombiano y amenazan con exterminar a los miembros de izquierda como lo hicieron en el pasado con la Unión Patriótica en alianza con militares. Estas bandas son en la actualidad los ejércitos que controlan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.

Kiko Gómez se llama el hasta hace poco gobernador de la Guajira en el norte Caribe colombiano, a quien por estos días imputarán cargos por homicidio agravado. Cómplices todos que no hicimos nada cuando la Guajira empezó a caminar por la línea gris del contrabando y dejamos a nuestros juglares volverlos leyendas….Valdría la pena saber con cuántos dientes de oro enterraron a Diomedes Díaz, el cantautor de tantos vallenatos pagados. En la Guajira que se extiende hasta Venezuela, el contrabando de gasolina, financia no solo campañas electorales sino muertes también.

No haber tomado decisiones oportunas y efectivas sobre los nexos de los paramilitares y el sistema judicial y policivo como fue el DAS (departamento de Seguridad), también nos cuesta hoy revivir la historia. Interceptaciones ilegales, conocidas como Las chuzadas, ahora se repiten con fachadas de legalidad.