Argentina juzga a los civiles involucrados en delitos de la dictadura militar

En los últimos años de gobiernos kirchneristas, cada vez se habla más de dictadura cívico-militar y no solo militar para referirse al régimen que asoló Argentina entre 1976 y 1983. La justicia de este país avanza poco a poco sobre la responsabilidad de civiles en los crímenes del terrorismo de Estado. Y 2013 fue el año con más personas sin uniforme que recibieron condena: unos 16, frente a nueve de 2012. En total, unos 142 criminales, incluidos los 16 civiles, recibieron su pena el año pasado, según los relevamientos de la agencia estatal de noticias judiciales Infojus y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental.

Entre los 16 civiles condenados figuran ocho apropiadores de bebés robados a detenidas desaparecidas del régimen que los adoptaron de manera ilegal. Por lo menos tres de los ocho eran esposas de integrantes de las fuerzas de seguridad. También fueron hallados culpables seis agentes civiles de inteligencia de cuerpos militares y policiales que participaron de secuestros y torturas de perseguidos por la dictadura. Además hay una médica condenada por su actuación en partos de bebés de desaparecidas que después fueron robados y aparece un abogado que asesoraba al municipio de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y que estuvo involucrado en la detención ilegal y los tormentos contra un sindicalista.

Los civiles acusados en causas actuales por delitos de lesa humanidad del régimen ascienden a 272, sobre un total de 2.335, la mayoría militares y policías, según el archivo del CELS publicado este jueves por el periódico Página/12. De los 2.335, unos 927 se encuentran arrestados, de los cuales 520 ya han sido condenados y los restantes 407 están en prisión preventiva. Argentina es el país de Latinoamérica que más ha avanzado en el juzgamiento de los criminales de los regímenes militares que afectaron a casi toda la región entre la década del 60 y la del 80.

De los 272 civiles acusados, unos 53 trabajaban en el Poder Judicial. Unos 32 eran jueces, pero solo uno de ellos, Víctor Brusa, ha sido sentenciado hasta el momento. Brusa fue condenado en 2009 porque visitaba los centros clandestinos de detención y tortura. Pero otros colegas suyos están investigados o incluso procesados y a punto de ser juzgados en juicios orales por desestimar las peticiones de información de familiares de desaparecidos que buscaban a sus parientes, confirmar la validez de la represión ilegal, colaborar en el ocultamiento de cadáveres, tergiversar las razones de las muertes de perseguidos en los certificados de defunción, participar en el robo de bebés, intervenir en tribunales militares para el juzgamiento de civiles, participar de interrogatorios en los que se torturaba e incluso ejecutar los propios tormentos y delatar a abogados que defendían a las víctimas de la persecución, según describió el abogado Juan Pablo Bohoslavsky, coautor con el periodista Horacio Verbitsky del libro Cuentas pendientes, que se editó en 2013 y que se refiere a la responsabilidad de empresarios en la dictadura. Si bien en la actualidad hay 53 integrantes del Poder Judicial acusados en diversas causas, llegó a 129, de los cuales algunos renunciaron, unos fueron destituidos y otros siguen desempeñándose allí. Entre los exjueces que pronto enfrentarán su juicio oral figuran Luis Miret y Otilio Romano.

El año pasado, la justicia argentina también procesó a varios empresarios por el presunto delito de colaborar en el secuestro de obreros. Son los casos de Carlos Blaquier, dueño de la mayor azucarera y papelera de Argentina, Ledesma, y su exadministrador Alberto Lemos y de tres exdirectivos de la filial de Ford, Pedro Müller, Guillermo Galárraga y Héctor Sibilla. También fue procesado y arrestado con prisión preventiva el que fuera jefe de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, por la supuesta participación en el secuestro y la tortura de hombres de negocios.