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La capacidad para garantizar derechos de los indígenas es incipiente en Perú

El relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas pide al Gobierno y a Pluspetrol no iniciar una operación gasífera

Un habitante de Nuevo Andoas muestra residuos de petróleo.
Un habitante de Nuevo Andoas muestra residuos de petróleo. AFP

El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, calificó de “incipiente” la capacidad del Estado peruano de aplicar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, un procedimiento previsto en el Convenio 169 de la OIT que conduce al ‘consentimiento informado’ de las decisiones administrativas y leyes que los afectan. El abogado estadounidense terminó este viernes una visita oficial de una semana, la tercera desde 2009 cuando el país andino vivió el mayor número de muertos por causa de conflictos sociales que afectaban a grupos étnicos.

“El Gobierno todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios”, afirmó Anaya durante una conferencia de prensa en Lima, luego de sostener reuniones con representantes del Gobierno, empresas privadas y organizaciones indígenas en la capital en Puno (sierra sur), Andoas, una comunidad contaminada por petróleo en Loreto (selva norte), y en Santa Rosa de Serjali (Cusco, selva sur), donde reside población indígena en contacto inicial, cerca de población indígena nómade, voluntariamente aislada, que sería afectada por la ampliación de operaciones de extracción de gas en el Lote 88. El lote se superpone con la reserva territorial Nahua Kugapakori Nanti , nombre de tres de las etnias que residen allí, además de los machiguenga. “Esa capacidad incipiente (del Estado) y que falta fortalecer también aplica para la zona del Lote 88”, acotó.

La empresa Pluspetrol tiene previsto realizar más actividades de exploración sísmica en el Lote 88 y hace un par de semanas el viceministerio de Interculturalidad emitió por tercera vez en el año observaciones al estudio de impacto ambiental de Pluspetrol en esa concesión. El informe reitera que no hay protocolos suficientemente detallados para proteger la salud de las personas vulnerables inmunológicamente, afirma que sí hay población machiguenga voluntariamente aislada y solicita a la empresa un trazo distinto de exploración sísmica en un área en particular por tratarse de “una zona altamente sensible desde el punto de vista social y cultural”. Los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud detectaron una alta frecuencia de enfermedades diarreicas en indígenas de la reserva nanti que se desplazaron, en abril, de su lugar de residencia a tramitar su documento nacional de identidad, un requisito para trabajar en la petrolera.

El relator Anaya comentó que Pluspetrol ha desarrollado sus operaciones de gas, en una zona contigua al Lote 88, con metodologías modernas. “Se podría deducir que son una buena práctica desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, sin embargo es otra cosa el impacto social y humano que pueda tener el proyecto en vista de que aproximadamente el 75% del Lote 88 está dentro de una reserva establecida para proteger los indígenas de los pueblos machiguenga, nahua, nanti, y otros en aislamiento voluntario o contacto inicial”, aseguró.

A raíz de su visita a Andoas, en la selva norte, y las reuniones que sostuvo con organizaciones de indígenas que viven alrededor del Lote 192, el profesor de la Universidad de Arizona, expresó que “la contaminación ambiental producto de actividad petrolera en las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece”. Anaya consideró justo que las organizaciones indígenas de la zona hayan puesto requisitos para una futura consulta previa de nuevas concesiones petroleras en 2015. Ellos son: la remediación ambiental, es decir, los trabajos para limpiar o recuperar al área o los recursos contaminados; la titulación de sus tierras; una mayor presencia del Estado; indemnizaciones por los 40 años de perjuicios; y compensaciones por el uso de sus tierras.

El relator especial de Naciones Unidas presentó estas observaciones preliminares sobre el caso peruano y preparará un informe que hará público en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos. Consultado por EL PAÍS, dijo que ha solicitado información al Gobierno peruano acerca del uso excesivo de la fuerza, por parte de agentes del orden, contra población indígena que protesta en defensa de sus recursos y su propiedad -dado que ha recibido quejas de los afectados-, y aguarda la respuesta.