Crece la disputa entre Colombia y Nicaragua por sus límites marítimos

Las tensiones entre Colombia y Nicaragua se dispararon otra vez este miércoles debido a la nueva demanda que interpuso el Gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por considerar que el Ejecutivo de Juan Manuel Santos sigue desconociendo el fallo de este tribunal, que hace un año le entregó a Managua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, modificando la frontera marítima entre los dos países.

Nicaragua acusa a Colombia de “amenazar con el uso de la fuerza” y además de “desconocer [los] derechos” que tiene en el Caribe, tras el polémico fallo de La Haya que Santos ha calificado de “indignante” en anteriores ocasiones. En apariencia, el propósito de la nueva iniciativa de Ortega es que la CIJ se pronuncie sobre el incumplimiento de Colombia del fallo dado a conocer en 2012.

Según la demanda nicaragüense, “Colombia está en la obligación de cumplir la sentencia [del 19 de noviembre del 2012, que le reconoció derechos económicos a ese país en el mar Caribe], restablecer las consecuencias jurídicas y materiales de sus hechos ilícitos internacionales y pagarle plena reparación por el daño causado por esos actos”.

La respuesta de Colombia no se hizo esperar. En protesta, la Cancillería del país sudamericano llamó a consultas a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, para analizar las nuevas pretensiones nicaragüenses, consideradas como un acto hostil. La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, anunció la decisión explicando que es “imposible tener un diálogo con Nicaragua”.

En declaraciones a los medios colombianos, Holguín reiteró que el Gobierno de Santos no ha ignorado la decisión adoptada por la CIJ. “No hemos desconocido el fallo, no hemos desconocido a la Corte, lo que hemos dicho es que no se puede aplicar”. Holguín se refería a la explicación dada por el presidente Santos en septiembre, cuando dijo que la sentencia de la CIJ es “inaplicable” porque la jurisdicción colombiana no permite que los límites territoriales del país sean fijados por una sentencia judicial.

Según Santos, cualquier modificación debe ser producto de un tratado bilateral, que a su vez será estudiado y aprobado por los congresos de los países involucrados, para después pasar a una revisión en las altas cortes de justicia.

Incluso el Gobierno de Juan Manuel Santos denunció el llamado Pacto de Bogotá, un tratado que reconoce la jurisdicción de La Haya para resolver disputas territoriales, tratando de evitar que Nicaragua pudiera lograr más territorio marítimo a través de nuevas demandas ante la CIJ.

La canciller colombiana repudió el hecho de que el Gobierno de Ortega acudiera a la CIJ sin antes haber agotado los canales diplomáticos. “Nicaragua no nos ha hecho ningún tipo de manifestación de las quejas que hace en la Corte, ni hay ningún tipo de nota al respecto”, dijo a Caracol radio.

También reaccionó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que aseguró que llamando a consultas a su embajadora, Colombia demuestra una actitud pacífica y responsable. Sin embargo, criticó las acciones de Managua: “Hostigando y molestando a los demás países es como piensan alcanzar sus objetivos”.

A estas dos demandas se suma una tercera, presentada también por Nicaragua en septiembre ante la CIJ, que pide que se delimite el “rumbo exacto” de la frontera marítima que separa a los dos países, más allá de lo que ya logró en noviembre de 2012. En ese momento varios países, entre ellos Panamá y Costa Rica, se mostraron preocupados por las repercusiones que podría tener el fallo en sus fronteras con Nicaragua. Incluso el presidente panameño Ricardo Martinelli calificó los intentos de su vecino como expansionistas. “Parece ser que Nicaragua se quiere coger todos los océanos territoriales que le pertenecen a esos países y a Panamá”, dijo el mandatario tras conocer el fallo. Esta semana también se conoció que la CIJ ordenó detener un dragado que adelantaba Nicaragua en una zona en disputa con Costa Rica.