La mayoría de los colombianos se opone a que las FARC participen en la política

Si hay un asunto en el que los colombianos no parecen aflojar frente a la guerrilla de las FARC es a que participen en política una vez se desmovilicen. Esta misma semana, los equipos negociadores de la paz en La Habana han comenzado a discutir esa posibilidad. El Gobierno ha intentado explicar que un proceso de paz, cualquiera que sea, busca que imperen las ideas y que de las armas se pase a las urnas, lo que significa abrir un camino para que esa guerrilla se transforme en un movimiento político y se inserte en la democracia con todas las garantías. La idea no parece haber calado.

Resulta paradójico que los colombianos respalden cada vez más el proceso de paz que impulsa desde el pasado septiembre el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, pero al mismo tiempo rechacen en un alto porcentaje que puedan participar en política sin pagar un solo día de cárcel. Según la última medición de la encuesta Gallup Colombia, publicada el jueves pasado, el 70% de los colombianos respalda las conversaciones, tres puntos más que en abril. Pero el 80% se opone a que haya impunidad para las FARC para que participen en política. El rechazo no es nuevo pero va en aumento. En ninguna encuesta el rechazo ha bajado del 65%.

“Hay una mala reputación de las FARC que es justificable. Uno ve en las encuestas que sin mayores diferencias de clase, pero sí con algunas diferencias de región, la gente en general los rechaza por las cosas que hicieron, pero por otro lado, hay una especie de nostalgia, se preguntan si realmente se necesita una negociación, ceder o conceder algo”, dice Angélica Rettberg, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Para Rettberg, los colombianos entienden que la solución militar no es la deseable, pero también interpretan la negociación como una rendición de las FARC.

Para el analista Juan Carlos Palou, de la Fundación Ideas para la Paz, una organización que apoya la salida negociada al conflicto, el sentir de los colombianos es producto de la política de guerra contra el terrorismo impusta por el expresidente Álvaro Uribe, pero también de la influencia de un discurso anti impunidad. “Los colombianos vienen con la idea de rechazar cualquier tratamiento benigno para un delincuente político que pueda conducir a la impunidad”, dice Palou. Se suma que las FARC no ayudan con sus actos, particularmente, con el secuestro. Fueron suficientemente torpes al creer que podían hacer política a través del secuestro, lo que llevó a la histórica marcha ‘No más FARC’ en 2008 [que reunió a cerca de 14 millones de personas]”, agrega el analista.

El exmiembro de las FARC Yezid Arteta, analista de conflictos que vive en España, explica que a pesar de que la actual jefatura de la guerrilla es mayoritariamente urbana, las FARC son una organización de naturaleza campesina, desconectada de los centros urbanos que es donde se forja la opinión pública y que en las zonas rurales la percepción frente a las FARC es diferente. “Allí nadie se pregunta si las FARC deben o no participar en política. Lo dan por descontado. Es una base social de muchos miles pero pequeña con relación al país. Tiene la ventaja de que es organizada, fiel y contundente a la hora de pelear. El país lo está viendo”, dijo. Según Arteta, las reuniones en La Habana le han permitido a los negociadores de las FARC actualizar su discurso “y poco a poco han empezado a conectar con las capas sociales más informadas de las ciudades”.

El rechazo es relevante porque, cualquiera que sea el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, deberá ser ratificado de alguna forma por los colombianos. “Esa es la gran tarea pendiente para el Gobierno, una pedagogía a favor de la paz. Bien el bajo perfil, bien el hermetismo (durante el proceso), pero cuando el acuerdo requiera la refrendación tienen que haber hecho un trabajo previo para que la gente entienda que la paz no viene gratis”, afirma Rettberg.

Para Palou, el Gobierno está maniatado por el tema de la confidencialidad con la que se acordó negociar. "Ya no es un problema promover un proceso negociado porque la aprobación es del 70 por ciento, el problema está en difundir los contenidos de un potencial acuerdo de paz si se sabe que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Solo sí esto ocurre se podrá promover la conveniencia de lo que se negocie en La Habana", explica.

Por su parte, Arteta cree que si se logra firmar un acuerdo, el gobierno puede voltear la opinión. "No hay que olvidar que el mecanismo de refrendación se hará cuando ya no exista guerra con las FARC. El gobierno puede decirle al país que ha sido el único que pudo cerrar el conflicto con las FARC. Es un hecho histórico y por eso todos los gobiernos lo han intentado, hasta Uribe. La percepción de unas FARC tirando discursos y no tirando balas, tendrá reconocimientos no solo en el plano nacional sino internacional y un apoyo de semejante naturaleza derribará cualquier resistencia interna", añadió.