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La fiscalía mexicana reinicia el caso del incendio que mató a 49 niños en 2009

Los padres de los menores que murieron o resultaron heridos en una guardería hace cuatro años recuerdan a sus hijos y exigen justicia

Manifestación en memoria de los niños en el Distrito Federal.
Manifestación en memoria de los niños en el Distrito Federal. AFP

La justicia mexicana tiene sus propios tiempos. Este 5 de junio, cuando se cumplieron cuatro años de la peor tragedia infantil que se recuerda en México, la Procuraduría General de la República (PGR) -fiscalía- ha dicho públicamente que trabaja en una nueva línea de investigación para averiguar si el incendio que acabó con la vida de 49 niños y causó heridas a más de 75 en Hermosillo (Estado de Sonora) fue provocado. No solo eso. El procurador Jesús Murillo Karam pidió este lunes revisar toda la investigación que hizo la PGR durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Dos informaciones que devuelven casi al punto de partida un caso que se ha convertido en el mayor ejemplo de impunidad del país y que sin embargo son una buena noticia.

"La PGR nunca hizo un trabajo serio y profesional con este caso. Desde abril están investigando como no se había hecho hasta ahora", dice el abogado Gabriel Alvarado, representante legal de parte de los padres de los más de 150 niños que aquel día de junio dormían la siesta en la guardería ABC cuando comenzó el fuego. Sus cunas se convirtieron en una trampa mortal, incapaces de salir por su propio pie. El edificio se llenó rápidamente de humo y el fuego se propagó por la carpa de plástico que cubría el techo. No sonó ni una sola alarma antiincendios ni hubo un extintor del que echar mano. Con las puertas de emergencia selladas, un vecino tuvo que empotrar su furgoneta contra una pared de la escuela para llegar a los pequeños. El fuego fue muy rápido y la evacuación demasiado lenta.

La nueva línea de investigación acaba con una de las pocas certezas que arrojó la justicia sobre el incendio. Hasta ahora, el fuego había comenzado accidentalmente en el sistema de aire acondicionado de una bodega rentada por el Gobierno de Sonora, contigua al edificio de la escuela infantil, que formaba parte desde 2001 de la red de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, la tesis que sostiene que una o varios manos prendieron deliberadamente la mecha para quemar la bodega se ha reactivado gracias a la insistencia de un grupo de padres de víctimas, organizados en el movimiento Manos Unidas y representados por Alvarado.

Los padres aseguran que han entregado a la fiscalía las pruebas que señalan a tres empleados del Gobierno de Sonora como autores materiales del fuego, cuyo objetivo sería el de destruir documentos e información relacionada con el Plan Sonora Proyecta, que supuso una deuda estatal de 10.000 millones de pesos (800 millones de dólares). La bodega sí estaba repleta de papeles, que acabaron completamente calcinados.

La nueva presidencia priísta, con la anunciada “investigación sobre la investigación”, trata de poner a cero el contador de la justicia y de responder a los padres, que este 5 de junio, como cada año desde hace cuatro, han vuelto a las calles de todo el país para exigir la detención de los culpables. Los homenajes han comenzado desde bien temprano en la ciudad norteña de Hermosillo, donde ya todos los 5 de junio son días de luto oficial. Banderas a media asta, misas y globos han recordado a los pequeños, a los 49 fallecidos y a los que aún sufren las consecuencias por graves quemaduras o por insuficiencias respiratorias.

Los padres coinciden en que, provocado o no, numerosos funcionarios deben responder por al menos un delito de omisión, al permitir que la guardería operase sin un mínimo de seguridad. El proceso judicial está empantanado en manos un juez federal y apenas ha pasado de la instrucción. Tampoco se ha inculpado a funcionarios de alto rango ni federal ni estatal. Ni a los directores del IMSS, que otorgaron y fueron renovando la licencia de funcionamiento, ni a quienes desde el gobierno local o estatal no controlaron cómo operaba la estancia infantil. Una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez, fue exonerada por un juez de toda responsabilidad en 2011. Se trata de la prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.

"Los padres solo buscan que se condene a los responsables. Esa justicia les dará paz para vivir el duelo que hasta ahora no han vivido", dice el abogado Alvarado por teléfono. Mientras no llega, cada 5 de junio un grito cruzará de norte a sur el país: "¡No debieron morir!".

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