El pacto con las FARC polariza Colombia

El primer acuerdo logrado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en el tema agrario, tras seis meses de negociaciones en La Habana, provocó reacciones encontradas en la clase política y la opinión pública colombiana, evidenciando la polarización en la que está el país de cara a un posible acuerdo definitivo para ponerle fin un conflicto de 50 años.

Aunque en la comunidad internacional, desde Estados Unidos a Venezuela, han apoyado y se manifestaron satisfechos por este logro hacia una solución negociada al conflicto armado, en Colombia el acuerdo atizó de nuevo las diferencias que despierta cualquier pacto sobre temas clave de la realidad política colombiana con este grupo insurgente.

Si bien el anuncio del pacto despertó el optimismo de los grupos políticos que rodean al presidente Santos, también provocó una oleada de ataques de la oposición que ahora ve avances en sentido contrario a lo que ellos critican, como sus reparos a la participación en política del grupo guerrillero, que será el siguiente tema de negociación en La Habana.

En Colombia se consideraba que el tema agrario era el más difícil, por ser una de las raíces del conflicto que padece el país desde hace 50 años. Sin embargo, los cinco puntos que faltan por negociar, entre ellos la participación política, su desmovilización y la reparación a víctimas de la violencia, tampoco serán los más fáciles, y más cuando 2014 será un año electoral en el que estos temas sin duda estarán en la agenda de debate presidencial.

El presidente del Senado, Roy Barreras, miembro de la llamada Unidad Nacional que apoya a Santos, expidió un comunicado en el que calificó el pacto de “histórico e irreversible” y dijo que “ahora vienen las etapas de contrarreloj hasta noviembre”, en referencia a que la negociación debería estar finiquitada antes de fin de año para evitar que la paz sea parte del debate electoral de 2014.

El saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que este primer acuerdo podría ser el inicio para lograr la “equidad en el campo”, y explicó que esta declaración conjunta servirá “para el desarrollo del campesinado”. Otro aliado del Gobierno, el partido Liberal, a través de su jefe, el también presidente de la Cámara baja, Simón Gaviria, también lo rotuló de “histórico” y destacó que se logró por la “prudencia y firmeza” con la que se ha llevado el proceso hasta ahora. El parlamentario Iván Cepeda, del movimiento Polo Democrático (izquierdas), y que forma parte de la Comisión de Paz del Congreso pero en la oposición, aplaudió el acuerdo y dijo que “este día tiene que quedar en la memoria de los colombianos”. Hasta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los equipos negociadores y dijo desde Bolivia: “ojalá tengamos la mejor noticia que pueda escucharse en el siglo XXI: que se haya llegado a un pacto definitivo de paz”. El presidente de Bolivia, Evo Morales lo calificó de "inédito" y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, le pareció un "paso significativo para alcanzar la paz".

Pero todo este optimismo contrasta con las declaraciones hechas por los opositores al proceso. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue quizás el más radical al afirmar a través de varios tuits que “terroristas reciben premio con el acuerdo” y en otro calificó de "inaceptable que el modelo del campo colombiano lo negocie el Gobierno Santos con el narcoterrorismo”. Y añadió que en “vez de combatirlos” los convierte en “interlocutores políticos”.

Uno de ellos es el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos y probable candidato a la presidencia, José Félix Lafourie, quien lo consideró “desafortunado” porque no comparte las palabras del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien afirmó que este primer acuerdo “permite transformar de forma radical la realidad rural”. “Lo que preocupa es el sesgo antiempresarial de las FARC que ha retrasado por décadas el desarrollo rural”, dijo Lafourie.

En ese mismo tono también se pronunció otro precandidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, quien a través de un comunicado señaló que “no podemos venirnos a engaños: lo que Gobierno y FARC han acordado no es solamente un pliego de reformas para el sector rural, sino un replanteamiento total del modelo de desarrollo económico del país”.

El camino que falta por recorrer no será fácil. La eventual participación política de las FARC es uno de los puntos que más rechazo provoca en los colombianos (el 67% está en contra de que los guerrilleros sean elegidos a cargos públicos, según Gallup) y en la oposición liderada por varios precandidatos presidenciales del uribismo. El reflejo de esa antipatía quedó demostrado en la última encuesta realizada por Gallup en la que el 67 por ciento de los entrevistados se oponen a que los guerrilleros sean elegidos a cargos públicos. También son partidarios de que paguen con cárcel sus delitos.

Por eso, ante la alerta de impunidad que se ha convertido en el principal argumento de la oposición para atacar la negociación, Santos insiste en que su Gobierno no habla de “la paz con impunidad, siempre hemos dicho que queremos una paz digna”.