Argentina condena al primer alto funcionario civil de la dictadura

En los últimos años, a partir de los Gobiernos de los Kirchner, en Argentina se ha comenzado a hablar más de dictadura cívico-militar y ya no solo militar para referirse al régimen de terror que asoló a este país sudamericano entre 1976 y 1983. Los civiles no encabezaban el poder, pero muchos colaboraron con él e incluso algunos tomaban decisiones desde cargos superiores. Pero hasta el pasado miércoles ningún alto funcionario civil de la dictadura había sido condenado en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en ese periodo. El primero en caer tras las rejas es Jaime Smart, de 76 años, que fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y que como tal, según la condena judicial, ordenó 57 detenciones ilegales y un asesinato, el de Jorge Rubinstein, abogado del grupo familiar Graiver, propietario de la fábrica Papel Prensa.

Además de Smart, el tribunal oral federal de La Plata sentenció a 22 exmiembros de las fuerzas de seguridad, entre exmilitares y expolicías, todos involucrados en el llamado Circuito Camps, que era la red de centros clandestinos de detención que dominaba el entonces jefe de la Policía bonaerense, el fallecido Ramón Camps. De los 23 condenados, 16, entre ellos Smart, recibieron penas de prisión perpetua. Los otros siete estarán entre dos y 25 años en la cárcel.

Otro civil también estaba imputado por el Circuito Camps, el exgobernador bonaerense Ibérico Saint Jean, pero murió durante el proceso judicial. En su alegato final, Smart negó su responsabilidad en los delitos de los que se le acusaba y afirmó que la Policía provincial, a cargo del temido Camps, no dependía de él. Sin embargo, el tribunal consideró que cumplía un rol importante en el sistema de represión y que comisarías policiales a su cargo funcionaban como centros clandestinos de detención. “Fue el sostén de la Policía a través del mantenimiento del personal y de la estructura edilicia”, dijo el fiscal del caso. Los jueces además pidieron que en otro proceso se lo investigue por 32 homicidios. El único asesinato por el que se lo condenó esta vez fue el del abogado de Graiver, que vendió en 1976 las acciones de Papel Prensa al Estado y a los periódicos Clarín y La Nación en una operación que también es investigada por supuestos delitos de terrorismo de Estado.

El presidente del tribunal, Carlos Rozanski, declaró este jueves a la prensa que algunos de sus colegas “no están convencidos” de juzgar la responsabilidad de funcionarios civiles en la dictadura “e incluso no están dispuesto a hacerlo”. Hasta ahora, unos 28 civiles han sido condenados por crímenes del régimen, entre ellos Smart, diez agentes civiles del servicio de inteligencia, el exjuez Víctor Brusa, cuatro médicos y una partera de las fuerzas de seguridad (algunos participaron del robo de bebés de desaparecidas nacidos en cautiverio), el chófer de un comisario policial, dos empresarios y un sacerdote, según la estadística del Centro de Estudios Legales y Sociales.

En el juicio del Circuito Camps se juzgaron delitos contra 280 personas, todas secuestradas y, en muchos casos, torturadas y asesinadas. Entre los casos analizados estuvieron los secuestros y las torturas contra el director del periódico La Opinión, Jacobo Timerman, padre del actual ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y contra la familia Graiver y la llamada Noche de los Lápices, la jornada en la que la Policía detuvo en La Plata en 1976 a diez estudiantes secundarios que protestaban para pedir una tarifa especial de bus. Cuatro de ellos después fueron liberados y seis siguen desaparecidos.

“Uno de los civiles que se desempeñó como máxima autoridad en la dictadura militar fue condenado a cadena perpetua porque está a la par de la responsabilidad de los jefes militares y es importante que se investigue y que tengan las mismas penas”, dijo el ministro Héctor Timerman. "Son juicios reparatorios que para mi caso, después de tantos años de lucha bregando por justicia, convierte al de ayer (por el miércoles) en un día histórico", dijo una detenida sobreviviente de la Noche de los Lápices, Emilce Moler.

A partir de lo investigado en el juicio, el tribunal además pidió la detención del exfiscal Alberto Rodríguez Varela. También solicitó que otros juzgados investiguen la colaboración de sacerdotes y otros funcionarios judiciales con los crímenes del Circuito Camps.