Argentina pone en marcha el juicio por los ‘vuelos de la muerte’

En el nuevo juicio sobre la última dictadura de Argentina (1976-1983) que comenzó este miércoles hay 68 acusados por 789 delitos, entre secuestros, torturas, trabajo esclavo, desapariciones y homicidios, incluidos los llamados vuelos de la muerte, en los que los detenidos eran arrojados al Río de la Plata o al mar desnudos, atados de pies y manos, encapuchados y drogados con pentotal. Casi 900 testigos darán su testimonio a lo largo de dos años. Se trata del tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), que era uno de los dos principales centros clandestinos de detención del régimen, y por sus dimensiones es el mayor proceso judicial sobre el terrorismo de Estado en Argentina. Desde que en 2006 se reanudaron los juicios contra la dictadura en este país, ya ha habido 64 sentencias en las que se condenó a 244 personas, la mayoría militares y policías, según la estadística que el Centro de Estudios Legales y Sociales llevaba hasta marzo pasado.

En el primer juicio sobre la ESMA se juzgaba solo a un exintegrante de la Prefectura Naval (policía de ríos y mares), que se suicidó en 2007. Entre 2010 y 2011 se hizo el segundo proceso, en el que fueron condenados 17 represores. De ellos, 16 serán juzgados otra vez en el tercer juicio de la ESMA por otros delitos que en su momento no se analizaron. Entre estos sentenciados figuran Alfredo Astiz, conocido como El Ángel Rubio; Jorge Acosta, alias El Tigre; y Ricardo Cavallo, también llamado Sérpico, que estuvo preso en España entre 2001, cuando aún regían las leyes del perdón en Argentina, y 2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Se juzgará, por ejemplo, la desaparición de Norma Arrostito, una de los fundadores de la guerrilla peronista Montoneros, que se formó en 1970, cuando regía otra dictadura, la de 1966-1973. También se indagará sobre los detenidos que eran obligados a trabajar para el régimen en oficinas como el gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el banquillo también se sentarán cinco presuntos pilotos de los vuelos de la muerte, que fueron el destino final de muchos de los 5.000 detenidos en la ESMA. Estos vuelos fueron denunciados en su momento por sobrevivientes de este campo de concentración, hoy devenido Museo de la Memoria, y por el excapitán de navío Adolfo Scilingo, que se confesó autor de ellos, viajó a Madrid para denunciarlos ante Garzón en 1997 y allí fue condenado en 2005 y 2007 a 1.084 años de prisión. Entre los acusados por los vuelos de la muerte en el nuevo juicio figura Julio Poch, que en una noche de borrachera reivindicó ante otros compañeros de trabajo de la aerolínea holandesa Transavia su participación en esos operativos. También están dos exprefectos después reconvertidos en pilotos de Aerolíneas Argentinas, Enrique de Saint Georges y Mario Arru, y otro, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo de un hotel de la Patagonia que las víctimas “caían como hormiguitas”. En esos vuelos murieron al impactar en el agua o ahogados, entre otros, los secuestrados en la iglesia porteña de Santa Cruz, como las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, quienes acompañaban a los familiares de desaparecidos en la búsqueda de sus parientes.

De los 68 acusados, la inmensa mayoría son exmilitares y expolicías, pero hay dos civiles. Uno es Juan Alemann, abogado y empresario que ocupó el cargo de secretario de Hacienda de la dictadura entre 1976 y 1981. Secundaba al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en cuya gestión se inició la apertura comercial del país sudamericano, se congelaron los salarios, aumentó la deuda externa en forma exponencial y se alimentó una burbuja financiera. Alemann, que permanece libre, está imputado porque presuntamente presenció torturas a un guerrillero que había atentado contra él. El otro juzgado es un abogado, Gonzalo Torres de Tolosa, que supuestamente participaba como voluntario en los vuelos de la muerte.