La destitución de Lugo plantea un profundo dilema a Latinoamérica

La destitución de Fernando Lugo bajo un juicio político celebrado en el Senado el pasado viernes ha situado en un dilema a la comunidad internacional. Ni siquiera Lugo cuestionó que el juicio político está contemplado en la Constitución vigente desde 1992. Lo que sí interpretó como inconstitucional fue el reglamento con el que se desarrolló ese juicio y que solo le dejó un margen de apenas 24 horas para preparar su defensa. “Esto no ha sido un golpe”, ha dicho Federico Franco, hasta ahora vicepresidente del Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), que en la misma noche del viernes juró como presidente. Franco solo reconoció que el proceso se había realizado “un poquito aprisa”.

El exmandatario ha asegurado, por su parte, que no abandonará el país y que no teme por su integridad física, por lo que residirá en su domicilio particular, situado en la localidad de Lambaré. "Yo tengo un sentimiento de serenidad, de tranquilidad. Mantengo esta sana serenidad para entender lo que pasa y pedir coraje para poder cambiar y sabiduría para entender, saber hacer una lectura serena y política de lo que ha ocurrido en nuestro país", ha declarado a los periodistas que le esperaban en las inmediaciones de su domicilio, informa Europa Press. En este sentido, Lugo ha reiterado que su destitución fue "sin duda un golpe de Estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía y a la democracia".

"Legitimidad es tener la aprobación de la mayoría de la población"

Los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) viajaron el viernes a Asunción para tratar de convencer a los congresistas paraguayos de que demorasen el proceso. Pero todo fue en vano. El miércoles la Cámara de diputados había aprobado enviar al Senado un libelo acusatorio y al día siguiente el Senado, convertido en tribunal, dictaminó su destitución con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias.

Ahora, los miembros de Unasur deberán debatir qué medidas comerciales adoptarán con un país cuyo máximo dirigente no es reconocido como tal por la mayoría de sus vecinos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró ayer que sólo reconocerá al Gobierno paraguayo que resulte elegido en 2013, en unos comicios “transparentes” y “democráticos”. En ese sentido se expresó también desde Bolivia Evo Morales. En Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al juicio como “un golpe de Estado”, “igual al que le hicieron” en junio de 2009 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya y al que “trataron de hacer” en Venezuela en 2001. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha ido más lejos y, tras señalar que “no va a convalidar el golpe de Estado”, ordenó la retirada del embajador argentino destinado en Asunción. Y Brasil, después de condenar la destitución, ha llamado a consultas a su embajador en Asunción y ha anunciado que evaluará junto con sus socios del Mercosur y del Unasur las medidas para hacer frente a la "ruptura del orden democrático" en Paraguay. El Gobierno de Uruguay ha emulado a Brasil y Argentina, y también ha llamado a consultas a su embajador, Enrique Fischer, según informa Europa Press. El sábado también se pronunció la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su secretario general, José Miguel Insulza calificó la salida de Lugo de "juicio sumario" y dijo que "aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa".

Según informan medios locales, Lugo medita presentarse a las elecciones generales del próximo año, después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución. "Cambiaremos de nuevo la historia con la ciudadanía democráticamente que creemos que esta mayoría que hemos tenido en el 2008 se va a volver a repetir" en 2013, ha esgrimido Lugo. "Tengo la posibilidad y creemos que es posible", ha apostillado.

Los seguidores de Lugo en Paraguay, entre quienes se encuentra el líder campesino de la Liga Nacional de Carperos, José Rodríguez, lo tienen muy claro: “Ante lo legal y lo legítimo, lo principal es que los actos que afectan a toda una nación tengan legitimidad. Y legitimidad es tener la aprobación de la mayoría de la población”. Con ese argumento, solo habría que tener en cuenta el resultado de las urnas que llevó a Lugo a la presidencia en 2008. Porque si se considera solo el número de personas que se congregó ayer en la plaza de Armas, el resultado sería muy pobre para Lugo.

Ante los posibles altercados que se podían producir tras la destitución de Lugo, el Ejército había apostado francotiradores en los edificios más altos de la Plaza de Armas. Pero finalmente, apenas se produjeron actos de violencia. Pocas horas después, el nuevo presidente liberal nombraba ya a los responsables de varios ministerios. Arrancaban así en Paraguay los preparativos para la campaña presidencial de abril de 2013. Esa campaña, según diversos analistas, fue el verdadero causante del juicio político contra Lugo. Aunque la causa oficial fue la muerte de seis policías y 11 campesinos en el desalojo de una finca el pasado 15 de junio, la mayoría de las fuentes consultadas indican que el verdadero motivo era el de controlar bien los resortes del poder durante la campaña y en la noche de las elecciones.

El propio Fernando Lugo declaró el jueves al canal venezolano Telesur que el verdadero promotor de su destitución fue el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes. “Hay indicios serios y claros de que él [Horacio Cartes] está detrás [del juicio político]. Sabe que su candidatura no está prendiendo, no está creciendo”, dijo Lugo.

Cartes había aparecido en los papeles hechos públicos por Wikileaks vinculado al narcotráfico. El Departamento de Estado de EE UU le investigó en el marco de una operación denominada Corazón de Piedra, relacionada con el lavado de dinero. Su pasado es un secreto a voces en Paraguay. Él negó todas las acusaciones y ahora es el gran favorito para ganar las presidenciales de 2013. Mientras tanto, Federico Franco ejercerá de presidente. Aunque los países vecinos le nieguen la legitimidad.