La reforma que encumbró al Tea Party
Las caras de la aprobación de la ley sanitaria de EE UU y del proceso de constitucionalidad
Durante la campaña electoral de 2008 a la Casa Blanca, Barack Obama prometió una ley que garantizaría la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos estadounidenses a través de un seguro privado o uno facilitado por el Gobierno federal. Las encuestas desfavorables, así como la tenaz oposición republicana y el recelo de algunos miembros de su propio partido, obligaron al presidente a rebajar los objetivos de la reforma. La nueva ley, entre otras causas, les costó a los demócratas la perdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2010. Estos son los protagonistas de la aprobación de una reforma, sobre cuya constitucionalidad ahora decide el Tribunal Supremo.
El Gobierno y sus aliados
Para sacar adelante la reforma, Obama apeló a dos conocedoras del sistema de salud de Estados Unidos, Kathleen Sebelius, exgobernadora de Kansas y actual Secretaria de Sanidad y Servicios Sociales, y Nancy-Ann DeParle. Antes de trabajar para el presidente, ambas coincidieron en 1997, bajo el mandato de Bill Clinton, en la elaboración de una ley para garantizar los derechos de los pacientes frente a las mutuas de salud. Sebelius trató de evitar que la nueva ley se convirtiera en un lastre para Obama y, con el objetivo de atraerse el apoyo republicano, admitió que fueran los Estados los que tuvieran la última palabra a la hora de definir qué entendían por “beneficios sanitarios básicos”. DeParle ya trabajó con Bill Clinton como jefa de la Administración de Financiación Sanitaria, en su intento fallido de revisión del sistema de salud de EE UU. Su trabajo en el sector privado favoreció el entendimiento con las empresas aseguradoras, que en un primer momento se mostraron a favor del contenido de la reforma de Obama.
El Tea Party
Tea Party. Los republicanos en bloque se opusieron a la reforma sanitaria desde su gestación. Fue precisamente en las manifestaciones contra la nueva norma cuando nació el movimiento de ultraderecha conocido como Tea Party. Sus simpatizantes protagonizaron frente al Capitolio una protesta en contra de la reforma, días antes de que esta se aprobara. Entre los líderes que asistieron a la misma se encontraba Michele Bachmann, congresista por Minnesota, cuya tenaz lucha a favor de acabar con la ley de sanidad de Obama la catapultó a la cima del Tea Party, hasta el punto de contar con su respaldo para presentarse como aspirante republicana a la Casa Blanca, una carrera de la que se apeó en enero de este año. Pero quien ha liderado la batalla en contra de la reforma ha sido Eric Cantor. El congresista republicano por Virginia fue el responsable de aglutinar a todos sus correligionarios de la Cámara de Representantes para votar en bloque contra de la ley. Tras las elecciones de 2010, una vez que el partido republicano se convirtió en el grupo mayoritario en la Cámara baja, encabezó la propuesta de revocación íntegra de la reforma, que fue aprobada a principios de 2011 por la Cámara de Representantes (87 a 12). Una victoria simbólica, ya que el Senado, dominado por los demócratas, anuló la iniciativa.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo
La decisión sobre la reforma sanitaria de Obama que deberá adoptar el Tribunal Supremo de EE UU se considera histórica en la medida en que tendrá que evaluar la constitucionalidad de parte de la ley y los límites del Gobierno federal. Los defensores de la viabilidad de la reforma contarían con el apoyo de cuatro jueces: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, elegidos por el presidente Bill Clinton, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, propuestas por Barack Obama. En el ala más conservadora de la Corte y, supuestamente a favor de la inconstitucionalidad de la ley, se situarían los magistrados John Rogers, presidente del Tribunal, Samuel Alito y Clarence Thomas. Según los expertos, dos jueces podrían decidir el veredicto final: Anthony Kennedy y Antonin Scalia. Partidarios republicanos y demócratas han exigido sin éxito, respectivamente, la recusación de los jueces Kagan y Thomas, a la primera por haber ocupado el cargo de abogado del Estado de la Administración Obama durante la tramitación de la ley, y al segundo por los honorarios recibidos por su esposa a cambio de la defensa a ultranza de la derogación de la reforma sanitaria.
Los representantes de las partes
Donald Verrilli, de 54 años, es el abogado del Estado y defensor de la reforma de Obama ante el Tribunal Supremo. Anteriormente fue abogado adjunto de la Casa Blanca. En sus 16 comparecencias ante la Corte Suprema de Justicia de EE UU ha abogado por los derechos de los condenados a la pena de muerte en. Ahora se enfrenta al que pudiera ser el mayor desafío de su carrera: convencer por lo menos a cinco de los nueve jueces del Tribunal de la necesidad de defender la reforma del sistema nacional de salud de Obama. Paul Clement representa a los 26 Estados que reclaman la inconstitucionalidad de parte de la reforma sanitaria. Clement es un viejo conocido del Tribunal Supremo. Este abogado de 45 años ostenta el record de casos defendidos ante el alto tribunal (57) desde que comenzó este siglo. Durante la presidencia de George W. Bush ocupó el cargo de abogado del Estado. Trabajó como pasante para Antonin Scalia, uno de los jueces conservadores que integran el Tribunal Supremo. Ambos letrados se han enfrentado solo en una ocasión. Fue en 2005 cuando Clement ocupaba el mismo cargo que ahora ostenta Verrilli. El actual abogado del Estado defendía a la industria del espectáculo y consiguió que el Supremo ordenara el cierre de una página web de descargas ilegales.
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