El Supremo de EE UU debate los límites en la lucha antiterrorista

Rumsfeld vs. Padilla, 03-1027 y Hamdi vs. Rumsfeld, 03-6696. En los casos que llevan ese nombre y número de expediente que ayer escuchó el Tribunal Supremo de EE UU se condensa todo el debate abierto desde el 11-S para encontrar el equilibrio entre las medidas para proteger la seguridad nacional y los derechos y libertades que garantiza la Constitución estadounidense. Lo que diferencia estos casos del polémico limbo jurídico de los detenidos en Guantánamo es un dato fundamental: ambos son ciudadanos norteamericanos.

José Padilla, de 33 años, es un puertorriqueño nacido en Brooklyn, Nueva York, convertido al islam en la cárcel y sospechoso de actividades terroristas. Fue detenido en mayo de 2002 en el aeropuerto de Chicago, procedente de Egipto, donde vivía. Un mes después, el presidente Bush le declaró "combatiente enemigo", como a los que apoyaron con las armas a los talibanes y a Al Qaeda.

Yaser Esam Hamdi, de 23 años e hijo de un saudí empleado en la industria petrolera en Luisiana, nació en EE UU, aunque se crió fuera del país, en Oriente Próximo. Fue detenido en Afganistán hace algo más de dos años y encarcelado en Guantánamo, de donde salió más tarde al comprobarse su nacionalidad. También fue declarado "combatiente enemigo". Tanto Padilla como Hamdi están en una cárcel militar de Carolina del Sur. Hace poco tuvieron acceso a sus abogados y supieron que su caso iba a ser atendido por el Supremo.

¿Cuáles son los límites del voto del Congreso, después del 11-S, dándole al presidente plena autoridad en la guerra contra el terrorismo? ¿Tienen Padilla y Hamdi derecho a ser tratados como lo que son, como ciudadanos, o la calificación de combatiente enemigo anula la ciudadanía? ¿Tienen el derecho que todo el mundo tiene a conocer los cargos que hay en su contra y a ser juzgados por los tribunales? Según el Gobierno, no. Según sus abogados, sí. El Supremo deberá fallar los casos -que sentarán precedentes de enorme importancia- en junio. Lo que hicieron ayer sus nueve magistrados fue escuchar los argumentos de los dos campos.

En palabras de Jennifer Martínez, abogada de Padilla, la Casa Blanca se ha excedido en el tratamiento de los estadounidenses detenidos y tratados con arreglo a la Ley Patriótica y a las normas aprobadas después del 11-S: "Nunca antes este tribunal ha dado a un presidente un cheque en blanco para hacer lo que quiera". La acusación contra Padilla es que "participó en un compló para atacar a EE UU mediante la explosión de una bomba sucia radiactiva". La trama se habría establecido en Afganistán y Pakistán, a través de contactos con miembros de Al Qaeda que habrían enseñado a Padilla el manejo de explosivos.

Según Paul Clement, que habló ante el Supremo en nombre del Gobierno, el presidente tiene poderes suficientes, concedidos por el Congreso, "para perseguir y detener terroristas y descabezar posibles amenazas dentro y fuera de EE UU". En su opinión, Padilla es la versión americana de Mohamed Atta [el supuesto líder de los 19 terroristas suicidas que secuestraron los aviones el 11-S].

Pero las facultades dadas por el Congreso, el poder general para luchar contra el terrorismo, necesitan utilizarse con criterio, con limitaciones, según Frank Dunham, abogado de Hamdi: "Si no, tendríamos a gente encerrada en todo el país, sin ninguna posibilidad de ser escuchada. El Congreso no estaba a favor de que hubiera detenciones indefinidas e indiscriminadas", aseguró Dunham, que insistió: "Nunca hemos autorizado la detención de un ciudadano sin darle la oportunidad de escucharle, de que pueda decir: 'Eh, soy inocente". Frente a esto, Clement desarrolló el argumento de que el presidente actúa para defender al país y a sus habitantes: "El Gobierno tiene autoridad para retener a combatientes enemigos ilegales para evitar que vuelvan al campo de batalla".

Ante las preguntas de los magistrados, los defensores de Padilla y Hamdi no cuestionaron la calificación de combatiente enemigo, pero establecieron una diferencia. En palabras de Dunham, no todo detenido debe beneficiarse de los procedimientos y garantías jurídicas, pero "hablamos de un estatuto legal diferente cuando se trata de un ciudadano de EE UU".

Los casos del Supremo son seguidos muy de cerca por el Congreso, observadores políticos y jurídicos y grupos como Amnistía Internacional, que reivindicó ayer que "EE UU y todo el mundo deben guiarse por el imperio de la ley; cada persona debe responder de sus delitos, pero tiene derecho a un juicio justo que determine su inocencia o culpabilidad".