La herencia oscura de Stroessner

Los libros de historia cuentan que el dictador paraguayo Alfredo Stroessner murió a los 93 años en Brasilia en agosto de 2006, después de haber gobernado el país sudamericano durante 35 otoños hasta 1989, con el apoyo del Partido Colorado. El general cobijó a decenas de nazis en Paraguay y se calcula que desaparecieron unas 400 personas bajo su mandato, pero jamás compareció ante ningún tribunal. Las crónicas periodísticas relatan que su primogénito, el coronel de aviación Gustavo Stroessner Mora, falleció víctima de un cáncer hace 12 meses en Asunción, después de eludir todas las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesaron sobre él. Lo que no alcanzan a detallar los libros ni los periódicos es la fortuna que acumularon entre el padre y el hijo. Ni quiénes tendrían derecho a disfrutarla. El abogado Mario Benítez Acuña estima que la cuantía asciende a unos 5.000 millones de dólares (unos 3.772 millones de euros). Asegura que hay grandes navieras, muchas fincas urbanas y rurales y muchas empresas bajo el nombre de los Stroessner. Y espera que, tarde o temprano, la veintena de víctimas de la dictadura a las que representa consigan de los herederos la parte que les corresponde por daños y perjuicios.

Las sombras, los grandes secretos de la dictadura, se disiparon un poco el día en que el periodista Edgar Ruiz Díaz, del diario paraguayo Abc, logró colarse hace más de 20 años en unos juzgados de Asunción para tener acceso a expedientes secretos sobre Alfredo Stroessner. “Yo no llevaba cámara, solo mi grabadora. Pero me puse a leer los expedientes y lo grabé todo. A partir de ahí se supo que había varias cuentas de Stroessner en Suiza. Eso es lo que la comunidad internacional debería investigar hoy en día, las cuentas en el extranjero”, indicó en conversación telefónica desde Asunción. El reportero, que lleva más de la mitad de su vida intentando desembrollar la trama empresarial de los Stroessner, no pierde la esperanza de que las víctimas consigan una compensación económica. “Gustavo Stroessner logró salir indemne del juicio por enriquecimiento ilícito solo porque el caso había prescrito, porque se marchó fuera del país y cuando volvió ya habían pasado más de 20 años. Pero aquella inmensa fortuna no le pertenecía. Con ese dinero debería repararse el daño que se hizo a las víctimas. Pero el problema en este país es que aún hay mucho miedo. El nieto del dictador, que se hace llamar también Alfredo Stroessner y es senador del Partido Colorado, tiene mucho poder aún. Maneja la parte principal del patrimonio heredado y hace todo lo posible por paralizar los juicios”.

La batalla jurídica de las víctimas se inició en 2004 cuando Geraldo José Osta Sarubbi contrató al abogado Mario Benítez Acuña para que solicitara compensación económica a causa de la persecución y represión que según Osta Sarubbi había sufrido su padre, el capitán Osta Mendoza. Después, se fueron sumando más víctimas al proceso hasta sumar unas veinte. Cuando el dictador Alfredo Stroessner falleció en Brasil en 2006, el juicio quedó paralizado. Años después, el abogado consiguió vincularlo al de Gustavo Stroesner. Tras la muerte del primogénito el año pasado, el caso siguió adelante. Pero este mes, un nieto del dictador Emanuel Manzur Stroessner, viajó desde Brasil a Paraguay y ha logrado paralizar el juicio de nuevo. La batalla la van ganando los Stroessner, a pesar de que el presidente izquierdista Fernando Lugo, quien accedió al poder en 2008 tras 60 años de gobierno del Partido Colorado, ha prometido apoyar a las víctimas.

“Ha sido una decisión totalmente inconstitucional, se ha hecho de forma imprevista y arbitraria”, indicó desde Paraguay el abogado Benítez Acuña. El letrado indicó que uno de los jueces que intervino en la resolución había sido recusado porque era amigo de Graciela Stroessner, hija del dictador. “Pero, en lugar de apartarse del caso, lo archivó. La sentencia nos obligaría al imposible de que todos los acreedores de Stroessner tengan que ir a Brasil para continuar con el proceso. Así que esta misma semana vamos a recurrirla ante la Corte Suprema. Y contamos con el apoyo de los fiscales del Estado”.

Ahora, a las víctimas solo les queda la esperanza de que la más alta instancia judicial de Paraguay incline la balanza hacia ellos.