El Tratado del euro entrará en vigor en cuanto nueve Estados lo hayan ratificado

El futuro Acuerdo Internacional para Reforzar la Unión Económica dio ayer el primer paso. El primer borrador de tratado internacional que persigue reforzar la disciplina presupuestaria y la coordinación económica establece que el texto entrará en vigor en cuanto nueve Estados de la zona euro, (la mitad más uno de los 17 socios) lo hayan ratificado. Las negociaciones empezarán a toda máquina la semana próxima con el objetivo de que terminen el próximo 1 de marzo. El texto, que consta de 14 artículos, es una traslación al lenguaje jurídico propio de un Tratado de la Declaración de los líderes del euro del pasado 9 de diciembre.

En las negociaciones participarán tres representantes de cada uno de los 26 Estados miembros que hayan mostrado su disposición a ratificar el nuevo Acuerdo, es decir, todos los de la UE excepto el Reino Unido, que asistirá a las reuniones en calidad de observador. Participarán también en los debates, representantes de la Comisión Europea, Banco Central Europeo, Consejo Europeo, del gabinete de su presidente, Herman Van Rompuy, y del servicio jurídico del Consejo. Los miembros del euro y los no pertenecientes a la moneda única participarán en igualdad de condiciones.

La idea de que el nueve Tratado se aplique a los miembros del euro que lo hayan ratificado una vez haya entrado en vigor implica la posibilidad de que algunos países no lleguen a ratificarlo nunca y, por lo tanto, constituyan un grupo que avanzaría a una segunda velocidad dentro de la moneda única. El Acuerdo también podrá aplicarse a los demás países de la UE que no son miembros del euro, pero que también lo hayan ratificado en determinadas condiciones.

El reforzamiento de la disciplina presupuestaria y la coordinación económica se logrará por varias vías. En primer lugar todos los Estados se comprometen a tener un presupuesto equilibrado, es decir, que los gastos no pueden superar los ingresos, o con superávit. Se admitirán excepciones tales como las excepcionales circunstancias económicas en que se encuentre un país o los periodos de profunda recesión económica. Estas reglas deberán inscribirse en las Constituciones nacionales de país, la llamada “regla de oro”, como ya hizo España el pasado verano. El control de estas obligaciones se efectuará a través de un mecanismo que se activará automáticamente, que se regulará a nivel nacional. Los países deberán presentar un plan de medidas para corregir las posibles desviaciones.

Los Estados que hayan ratificado el Tratado podrán llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE a cualquiera de los otros miembros vinculados por el mismo, si no ha aplicado debidamente “la regla de oro” y las medidas para corregir los incumplimientos.

Otro de los compromisos asumidos es que los países cuya deuda supere el 60% del PIB, se comprometen a reducir el exceso a un ritmo de una veinteava pare cada año.

Los países que hayan ratificado el Tratado, que se encuentren sometidos a procedimientos de déficit excesivo, serán sometidos a un severo control de sus presupuestos con la obligación de presentar “programas detallados de las reformas estructurales necesarias para asegurar una efectiva corrección de sus déficits”. El control de estas obligaciones corresponderá a la Comisión Europea.

Igualmente deberán presentar a la Comisión Europea un informe previo a cada una de sus emisiones de deuda. Actualmente todos los Estados miembros de la UE están sometidos a procedimientos por déficit excesivo excepto Finlandia, Suecia, Estonia y Luxemburgo.

El objetivo de la unión fiscal que ha quedado establecido de una manera más genérica a través del mecanismo de cooperaciones reforzadas previsto en el tratado, que permite a los países avanzar en los asuntos en que se pongan de acuerdo siempre que sean nueve como mínimo.

El borrador del acuerdo establece también el compromiso de las partes contratantes a “estimular el crecimiento, aumentar la convergencia y la competitividad y mejorar el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria”. Para ello se consideran claves las acciones previstas en el pacto del euro Plus aprobado el pasado marzo, cuyos objetivos son el aumento de la competitividad, el impulso del empleo, la sostenibilidad dé las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera. Ello incluía reformas del mercado laboral, de la fiscalidad y de los sistemas de pensiones y prestaciones sanitarias y sociales.