Hallados 15 cadáveres en una fosa de la dictadura argentina

“Uno siempre tiene la esperanza de que va a encontrar a quien está desaparecido. Esa condición es el limbo del horror, no se puede terminar de resolver el duelo”, confesaba el pasado miércoles el legislador de la provincia de Tucumán (noroeste de Argentina) Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de Guillermo, que ocupaba ese mismo cargo cuando última dictadura argentina lo hizo desaparecer en 1976. Un día antes de aquellas palabras, la justicia tucumana le informaba que en el fondo de un antiguo pozo de agua del siglo XIX había encontrado un pie derecho con el calcetín puesto. Los análisis de ADN comprobaron que se trataba de Guillermo Vargas Aignasse, cuya desaparición fue la única por la que la justicia condenó al recientemente fallecido exdictador tucumano Antonio Bussi. El miércoles se conoció la existencia de ese pozo, en el que habría más cadáveres, y también la de otra fosa común dentro de un arsenal del Ejército en Tucumán, con al menos otros 15 cuerpos, todas presuntas víctimas del régimen militar que asoló a Argentina entre 1976 y 1983.

En el arsenal, el avezado Equipo Argentino de Antropología Forense, que es el encargado de estas investigaciones, halló esqueletos completos, varios con las manos atadas y algunos con proyectiles de armas de fuego. Se presume que en esa misma fosa fueron ejecutadas las 15 personas, que aún no fueron identificadas. Allí les prendieron fuego a sus cuerpos, que muestran rastros de combustión y que estaban rodeados de neumáticos quemados. Un exconscripto del servicio militar ha declarado en la justicia que en aquel arsenal llamado Manuel de Azcuénaga vio cómo el propio Bussi dio el ejemplo a sus subordinados y descargó las balas sobre una joven de 16 años. La nueva fosa común es ya la cuarta hallada en este arsenal que funcionó como centro clandestino de detención y tortura de unos 900 presos políticos. La primera fosa había sido encontrada en marzo.

El descubrimiento de los cuerpos facilita la comprobación de los delitos de la dictadura, que había intentado borrar toda prueba mediante la desaparición de los cuerpos. A veces se dificultan los juicios contra los responsables de la represión ilegal porque se trata justamente de desaparecidos. Los procesos judiciales se basan entonces en testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Algunos cuerpos acabaron en fosas comunes, pero otros fueron arrojados al río de la Plata, en los llamados vuelos de la muerte. Los cuerpos de cuatro de los secuestrados en la iglesia de Santa Cruz, en Buenos Aires, fueron arrojados al río y hallados como enterrados NN en un cementerio bonaerense. El descubrimiento de esos cadáveres en 2005 resultó clave para la reciente condena de varios exmarinos de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales campos de concentración.

“Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de búsqueda que parecía imposible”, contó Gerónimo Vargas Aignasse después de que el Equipo de Antropología Forense hallara el cuerpo de su padre, que tenía 35 años cuando desapareció hace otros 35. Los Vargas Aignasse eran y son peronistas. Gerónimo había enfrentado a Bussi, el asesino de su padre, en unas elecciones a alcalde de Tucumán en 2003 y había perdido por 17 votos. Bussi nunca pudo asumir ese cargo porque la justicia lo detuvo por el crimen del exlegislador. Ocho años después de aquel duelo electoral, reapareció el cuerpo del desaparecido político en un pozo de agua de 40 metros de profundidad que servía para abastecer a locomotoras de vapor y que los militares habían tapado con hormigón después de llenarla con sus víctimas. Vecinos del lugar, situado en las afueras de Tucumán, habían declarado que en tiempos de la dictadura iban y venían camiones militares hacia ese pozo.

También el miércoles se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a un juez de Buenos Aires unas 130 fotos de presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. Son fotos de cadáveres con signos de torturas y violaciones, con las manos atadas, que fueron hallados en las costas de Uruguay. Precisamente, las imágenes fueron sacadas por agentes de seguridad uruguayos que encontraron los cuerpos. Las fotos están acompañadas de anotaciones, una de las cuales refiere a la presunción de que esos cadáveres provenían de las costas rioplatenses de Buenos Aires. La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), había hecho una memorable misión a Argentina en 1979 para recoger datos de violaciones a los derechos humanos y ahora está empezando a desclasificar esos documentos para facilitar la acción de la justicia argentina. Las fotos servirán como nuevas pruebas para confirmar la existencia de los vuelos de la muerte, crímenes que en su momento confesó el exmarino Adolfo Scilingo, preso en España.