El presidente de Chile anuncia una querella criminal por la muerte del expresidente Frei
La publicación por EL PAÍS de un cable del Departamento de Estado desata la intervención del Gobierno chileno en el proceso judicial
Estados Unidos dice no, pero Chile dice sí. En un telegrama emitido en 2009 y publicado este lunes por la versión digital del diario EL PAÍS y la Edición Global, la Embajada de Estados Unidos en Chile aseguraba que, a pesar de que un juez investiga la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), las circunstancias de su fallecimiento en plena dictadura nunca serán aclaradas. Sin embargo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado que su Gobierno va a interponer una querella criminal para asegurarse de que "la muerte de un expresidente no siga estando más entre las sombras y la incertidumbre".
Eduardo Frei Montalva, padre del también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), falleció en enero de 1982 a la edad de 71 años tras someterse a una operación rutinaria de hernia en la que contrajo una infección bacteriológica. Su familia, sobre todo su hija Carmen Frei, siempre pensó que fue asesinado por agentes de Augusto Pinochet.
El propio cable de la embajada decía: "Menos de una hora después de su muerte, los doctores de la Universidad Católica vinieron a la clínica Santa María y efectuaron una autopsia de Frei sin la autorización de la familia. La muy inusual autopsia fue supuestamente efectuada en la habitación del hospital donde Frei murió, usando una cuerda para colgar el cuerpo de arriba abajo para drenar los fluidos del cuerpo en un recipiente. Algunos órganos, y en particular aquellos cuya composición química podrían indicar envenenamiento, fueron sacados y destruidos, y el cuerpo fue embalsamado".
El juez Alejandro Madrid, tras más de seis años de investigación, vinculó a seis personas con el asesinato. El caso aún queda pendiente de sentencia. Pero ahora el presidente Sebastián Piñera ha advertido que su Gobierno se personará en el caso a través de una querella criminal interpuesta por el ministerio del Interior. "Nuestro Gobierno busca colaborar para que la muerte de un presidente, como el caso de Eduardo Frei Montalva, no siga en las sombras y, de una vez por todas, sus circunstancias, sus causas y sus responsables sean esclarecidos, y aquellos que tengan responsabilidad asuman las consecuencias. Esto se lo debemos no solamente a la familia Frei. El esclarecimiento de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva sin duda que importa e interesa a la familia Frei, pero también importa e interesa a todo el país".
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se sumó horas después a las declaraciones de Piñera: "La querella va a ser presentada por el delito de homicidio calificado, desde que el auto de procesamiento, dictado meses atrás, estableció que el fallecimiento del ex presidente se habría producido por la intervención de agentes externos. Queremos que un crimen tan atroz, que afectó a un ex presidente de la República, a un gran líder político, no quede en la oscuridad o en las sombras, sino que permita exhibirle al país, poner en la historia de nuestra patria, los hechos tal como ocurrieron. (...) Falta aún luz y claridad para su familia y para todos los chilenos".
Sin embargo, Carmen Frei, hija del ex presidente fallecido se mostró escéptica con las intenciones del Gobierno en sus declaraciones a la emisora chilena Radio Cooperativa: "Me parecería muy triste que la muerte de mi padre sirviera para un aprovechamiento político, quiero hechos y no palabras. ¿Cómo puedo creer en la voluntad del actual Gobierno si el año pasado se ha descabezado la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Oficina de Derechos Humanos de la PDI [Policía de Invetigaciones]". "[Ambos organismos] han sido fundamentales en el esclarecimiento no sólo del asesinato de mi padre, sino también de otros asesinatos que todavía pesan sobre la conciencia de Chile. Les pediría concretamente al Gobierno y al presidente que se entregue al juez toda la información que la Central de Inteligencia del Ejército, la DINE, ha acumulado con el tiempo y posee en sus archivos".
Entre los seis acusados hay cuatro médicos y dos personas asociadas con el aparato represivo de la dictadura. Uno de ellos es Luis Becerra, chófer de Frei, quien admitió que era un agente del servicio de espionaje chileno (CNI) e informaba sobre las actividades de Frei.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, intentó transmitir ayer tranquilidad sobre la resolución del caso: [se] "harán todos los esfuerzos posibles para esclarecer el tema, la gente tiene que tener tranquilidad, porque se hará todo lo posible para esclarecer el tema".
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