Los colombianos ya no creen en Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt ha desistido de su intención de pedir al Estado colombiano una millonaria indemnización por los seis años que estuvo secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero entre la opinión pública se mantiene la indignación que generó este error garrafal, en un país casi siempre pasivo ante escándalos de mayor calibre.

¿Por qué lo hizo? En una larga entrevista concedida a Caracol Televisión, se mostró arrepentida, pero patinó al dar explicaciones: "Era una cifra simbólica", dijo. Y aseguró que solo pretendía llamar a la reflexión sobre el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas. Nadie la creyó. Como beneficiaria del pleito figuraba solo su familia. Si su intención era "ético-política y no mercantilista", habría exigido "una reparación material simbólica", según Eduardo Pizarro, presidente de la comisión encargada de la reparación a las víctimas de la violencia en Colombia.

Como tampoco nadie creyó su versión sobre cómo se produjo su secuestro, el 23 de febrero de 2002. Los medios se han encargado de ventilar documentos que muestran una actuación de niña caprichosa, algo que la llevó a entrar en un lugar donde solo dos días antes dominaba la guerrilla y en el que estaba vigente la orden de atrapar políticos para contribuir al plan de canjearlos por combatientes en prisión. En su momento, esta imprudencia se le perdonó, en un gesto de respeto hacia la rehén por haberse convertido en víctima de un secuestro inhumano y eterno.

Ahora, la indignación colombiana tiene que ver, en primer lugar, con esa parte de la responsabilidad que le corresponde a la propia Betancourt. El país se sintió traicionado. Y el Gobierno también, porque lo arriesgó todo en la Operación Jaque, gracias a la cual Ingrid, tres estadounidenses y 10 miembros de la fuerza pública recuperaron la libertad.

Antes de que fuera capturada, Betancocurt no generaba en Colombia grandes simpatías. Chocaba la imagen de heroína solitaria que quiso crear en su libro La rabia en el corazón, publicado antes de su secuestro, especialmente porque en él no reconocía a todos los que hasta ese momento habían muerto por decir la verdad y por enfrentarse a corruptos y narcos. Pero el país entero se conmovió con la imagen de esta mujer, doblegada y muda, en el vídeo enviado por sus captores como prueba de vida a finales de 2007. Y lloró al leer una carta bella, impecable y lúcida escrita por la cautiva desde una cárcel de la selva. Por eso, se esperaba de ella una postura de mayor compromiso tras su liberación.

Algunos ex rehenes contaron que mataba el tedio de las horas en la selva tejiendo un plan de Gobierno para un país libre de privilegios y sin corrupción. Pero regresó; agradeció su liberación al presidente Álvaro Uribe, a la Virgen de Guadalupe, al Ejército, al entonces ministro de Defensa y hoy presidente electo, Juan Manuel Santos, y se marchó a Francia. Dijo que en Colombia se sentía insegura. Y a los que algún día creyeron en su discurso político les dolió ver cómo se esfumaba su líder.

También ha ofendido a los colombianos la cifra desorbitada que pidió como compensación: seis millones de pesos (más de 2.500 euros) diarios, en un país donde el jornal muchas veces no pasa de los 12.000 (5 euros). Una cantidad "astronómica y absurda", como la calificó su ex marido y padre de sus dos hijos, el diplomático francés Fabrice Delloye, quien pidió perdón a los colombianos.

Ingrid ha actuado como una víctima de primera en un país con demasiado dolor acumulado. El mismo día en que se hizo pública su exigencia hubo otra noticia que no tuvo demasiado eco: la fiscalía entregó en pequeñas cajas blancas a una madre humilde los restos de sus cuatro hijas, asesinadas por los paramilitares; una apenas tenía 13 años. La deuda del Estado con las miles de víctimas de estos grupos sanguinarios, apoyados por sectores del poder, sí que es enorme. Pero un tribunal dictaminó hace poco que las familias campesinas víctimas de una masacre paramilitar podían aspirar, como mucho, a una reparación de 240 millones de pesos (unos 100.000 euros).

Para Ingrid Betancourt, las consecuencias aún no han terminado: se aleja la posibilidad de que el nuevo Gobierno la designe embajadora, como se rumoreaba antes de que cometiera tan tremendo error. Y ante su libro sobre su experiencia en las cárceles de las FARC, esperado con ansia en muchos lugares del mundo, se cierne ahora un futuro incierto. En Colombia, las librerías han visto descender los pedidos. "Cuando el autor pierde simpatía entre el público, se resienten las ventas", dice Felipe Ossa, de la Librería Nacional. Tenía intención de pedir 5.000 ejemplares; ahora 300 le parecen muchos.

Y la situación empeoró después de que Ingrid se retractase: "Perdió credibilidad", dice Ossa. ¿Para qué comprar un libro que sabemos que nos va a contar mentiras?, se preguntan los potenciales lectores. De 80 personas consultadas por esta importante librería, ninguna lo piensa leer, cuando hace dos semanas tenía el éxito asegurado.

De este episodio, a Colombia le queda un debate pendiente: ¿cómo hacer frente a la reparación de miles de víctimas de un conflicto que no cesa? ¿Ha pecado el Estado, por acción u omisión, en los casos de secuestrados por la guerrilla? Cinco políticos que también fueron canjeables, como Ingrid, pero cuya captura y regreso a la libertad se produjeron en circunstancias distintas, también presentaron una demanda el pasado mayo por una cantidad que se acerca a los 10 millones de euros.