El Gobierno argentino prohíbe a las Fuerzas Armadas alojar a represores de la dictadura

Varios militares condenados permanecen detenidos en instalaciones castrenses

El Gobierno argentino ha prohibido a las Fuerzas Armadas alojar en unidades castrenses a militares procesados o condenados por delitos cometidos durante la última dictadura (1976-1983), según una resolución difundida este lunes. La medida ha sido adoptada mientras varios represores de la dictadura permanecen detenidos en unidades militares o gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, lo que ha sido censurado por los familiares de las víctimas y por el propio Ejecutivo argentino.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que no permitan el "alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente", según un comunicado oficial. La resolución también prohíbe a todo el personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera que sea la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad.

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En varias ocasiones, los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones de derechos humanos han requerido u ordenado de forma directa la colaboración de las Fuerzas Armadas para realizar tareas que son propias de las fuerzas de seguridad, añade la nota gubernamental.

Ajeno a su competencia

La ministra argentina considera necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tienen competencia ni pueden asumir esa responsabilidad. Según Garré, "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no sólo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".

La semana pasada un tribunal condenó a los generales Luciano Menéndez y Antonio Bussi a prisión perpetua por el secuestro, torturas y desaparición de un ex senador durante la dictadura. Los jueces dispusieron que, hasta que la condena sea firme, Bussi continúe gozando del beneficio de la prisión domiciliaria y Menéndez lo haga en una unidad militar, lo que generó protestas de familiares de víctimas de la represión.

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