El ex presidente peruano Alejandro Toledo será procesado por supuesta falsificación

Dos decisiones judiciales se hicieron públicas ayer contra ex gobernantes de Perú. Una juez anticorrupción abrió un proceso penal contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por su presunta participación en la falsificación de firmas para la inscripción de su partido en 1998. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado peruano de la muerte de 41 presos de una cárcel de Lima en 1992 y por la masacre, el mismo año, en la universidad nacional de La Cantuta, donde murieron nueve alumnos y un profesor, ambos hechos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La juez Carolina Lizarraga abrió el proceso contra Toledo, que se encuentra actualmente en EE UU, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos, según confirmó un portavoz judicial. Lizarraga, que tomó la decisión el pasado 18 de diciembre, ha establecido una orden de embargo contra el ex gobernante por 150.000 soles (45.180 dólares) y una fianza de otros 50.000 soles (15.060 dólares). La juez procesa por el mismo caso a Margarita Toledo, hermana del ex presidente, y a otras 34 personas, a quienes se les considera presuntas responsables de la masiva falsificación de firmas del partido País Posible, ahora Perú Posible. Toledo había sido incluido en este proceso como testigo, pero la juez cambió su condición, después de que el pasado 14 de diciembre fuera denunciado por la fiscal Gloria Ordóñez. Cuando se confirmó la acusación, el procurador adjunto Ricardo Melgar señaló su conformidad porque, según indicó, “las declaraciones de los testigos” del caso señalan que “Toledo habría tenido cierta participación, o al menos conocimiento de estos hechos ilícitos”.

Toledo puede ser procesado por este caso porque los hechos ocurrieron antes de que fuera elegido y, por tanto, no se puede acoger al derecho al antejuicio (proceso en el Congreso) que corresponde a los altos funcionarios del Estado durante cinco años, después de haber abandonado el cargo.

Tras conocerse la decisión de la juez Lizarraga, la defensa de Toledo presentó un recurso de habeas corpus, en el que solicita que se declare nulo el proceso.

Resolución de la CIDH

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó ayer que el Estado peruano fue responsable, durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de los asesinatos de La Cantuta y la matanza en un penal limeño, por lo que deberá procesar a los implicados e indemnizar a los familiares de las víctimas.

El organismo de justicia supranacional señaló, en sendas resoluciones, que el caso de la universidad nacional de La Cantuta, donde murieron nueve alumnos y un profesor, fue cometido por el grupo militar encubierto Colina. Añade que lo ocurrido fue un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune, es imprescriptible, no puede ser comprendido dentro de ningún tipo de amnistía y, además, será necesaria una reparación por parte del Estado peruano de alrededor de 1,8 millones de dólares. La decisión de la Corte también “anula las sentencias del foro militar” y permite “reiniciar procesos contra los responsables de la matanza”, entre los que se menciona al ex asesor Vladimiro Montesinos, al antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza y al ex jefe de las fuerzas operativas del Ejército Luis Pérez Documet.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también encontró responsable al Estado peruano de la muerte de 41 presos de una cárcel de Lima en 1992, durante el régimen de Fujimori, según informó la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh). Un portavoz del organismo dijo que se determinó que el Estado peruano debe reconocer de manera pública su responsabilidad “en las violaciones de los derechos a la vida y la integridad” de los internos del penal limeño Miguel Castro Castro.

El 6 de mayo de 1992, el Gobierno de Fujimori ordenó el traslado de 100 presas pertenecientes a Sendero Luminoso y acusadas de terrorismo desde el Miguel Castro Castro a un penal de mujeres, lo que originó un motín entre los internos. Tres días después, fuerzas especiales de la policía y el Ejército asaltaron el pabellón donde estaban recluidos los senderistas con granadas, explosivos y disparos de fusil, lo que causó la muerte de 41 reclusos.