Colombia extraditará a EE UU a un jefe de las FARC si la guerrilla no libera a 63 rehenes
El Ejecutivo da a los gerrilleros un plazo que expira a finales de año
El Gobierno de Colombia ha autorizado la extradición a Estados Unidos del más importante guerrillero de las FARC detenido recientemente, Simón Trinidad, aunque ha anunciado que revocará la decisión si el grupo armado libera a 63 secuestrados antes de fin de año.
La entrega de líder rebelde Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, más conocido como "Simón Trinidad", bajo cargos de narcotráfico, fueaprobada el viernes pasado por medio de una resolución ejecutiva firmada por el presidente colombiano, Alvaro Uribe. El insurgente, un economista y ex banquero que representó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las fallidas negociaciones celebradas entre 1999 y 2002, es reclamado por un juez de Washington bajo cargos de narcotráfico.
Su extradición fue aprobada en noviembre pasado por la Corte Suprema de Justicia y concedida ayer por el Ejecutivo, que anunció que la entrega a EE UU puede evitarse si las FARC liberan a 59 políticos y uniformados colombianos, y cuatro extranjeros cautivos. Un día antes, el Ejecutivo resolvió otra situación embarazosa relacionada con la extradición, esta vez con el máximo jefe del grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
Este último entregó sus armas hace una semana junto con 1.200 combatientes paramilitares, dentro del proceso de paz que celebran hace dos años esos escuadrones con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe. La administración de Uribe dejó en suspenso la extradición de Mancuso a condición de que participe en el proceso de paz, se abstenga de delinquir y procure que sus compañeros de armas se reinserten.
Simón Trinidad fue detenido a comienzos del año en Quito, donde utilizaba documentos falsos de identidad. El guerrillero fue deportado enseguida a Colombia, donde se le confinó en una cárcel de alta seguridad, aunque las FARC se apresuraron a decir que Trinidad no era miembro de sus cuadros directivos.
Los secuestrados cuya liberación exige el Gobierno son políticos, policías y soldados que llevan hasta siete años cautivos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cautiva desde febrero de 2002 y cuyo caso ha tenido gran resonancia en países como Francia.
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