Un documento del Gobierno de EE UU de 2002 daba base legal a las torturas
El informe del Departamento de Justicia aseguraba que las normas internacionales no se aplicaban a los interrogatorios de los sospechosos de terrorismo
Las torturas a los presos iraquíes, que ahora deplora el Gobierno de EE UU, se practicaron bajo la cobertura legal de un documento del Departamento de Justicia, según informa hoy The Washington Post. El informe jurídico, elaborado en agosto de 2002, afirmaba que "las normas internacionales pudieran ser inconstitucionales si fueran de aplicación a los interrogatorios".
La justificación expuesta en el documento, elaborado a petición de la CIA y remitido al consejero legal de la Casa Blanca Alberto Gonzales, afirma que la tortura a un sospechoso cautivo "tendría como objetivo prevenir nuevos ataques de la red terrorista de Al Qaeda". El informe, de 50 páginas y firmado por el ayudante del fiscal general Jay S. Bybee, añade que "la defensa propia podría aportar justificaciones que suprimirían cualquier responsabilidad criminal".
Según el autor, "causar un dolor moderado no necesariamente constituye tortura", y añade que para que pueda ser considerado como tal, el dolor o daño debe equivaler físicamente a heridas que originen daños en los órganos del detenido o incluso la muerte.
Silencio oficial
El portavoz del Ministerio de Justicia norteamericano, MarkCorallo, ha eludido explicar el mencionado documento y ha declarado al diario que "el Departamento no comenta sobre consultas legales confidenciales de ningún organismo oficial".
La nota rectifica la doctrina asumida antes del 11-S según la cual los funcionarios de EE UU tenía absolutamente prohibido torturar a prisioneros. El documento fue elaborado justamente cuando comenzó a detenerse e interrogar a líderes de Al Qaeda en Afganistán para ser interrogados en la base de Guantánamo. De hecho el informe fue usado luego por abogados del Pentágono que estudiaban la cobertura legal de los interrogadores en la citada base a petición del Secretario de Estado de Defensa, Donald Rumsfeld.
Pese a éste y otros documentos, los funcionarios de la administración Bush aseguran rotundamente que se han cumplido las convenciones internacionales que prohíben la tortura, tanto en Guantánamo como en otras prisiones. Según ellos, los detenidos han sido tratados humanitariamente, salvo en los casos denunciados en la cárcel de Abu Gharib, por las que ya hay siete inculpados.
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