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Ensayos de Persuasión
Columna
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La protección social y el crecimiento económico se reforzaban mutuamente. Ya no

Surge una extrema derecha que opina que el ‘welfare’ o bienestar amenaza a la libertad individual

Bienestar social
Joaquín Estefanía

Sustituir la protección social por los beneficios económicos. Este es el centro del mensaje surgido de las catacumbas del hospital de Torrejón (Madrid) y que pone en el centro de la diana los fines de al menos una parte de las privatizaciones del sistema público de salud español, antaño verdadera joya de la corona del Estado de bienestar. El “descubrimiento” explícito de ese objetivo da la oportunidad para que el necio debate político de nuestro país se pueda desviar finalmente al centro de las preocupaciones ciudadanas: la calidad de los servicios públicos, la ausencia de suficientes viviendas, el coste de la vida y de la cesta de la compra, y la emergencia climática.

¿Se podrá abrir el amplio ciclo electoral con la confrontación sobre estos asuntos, que conforman lo que ya hace un siglo Keynes definió como “la buena vida”? ¿Cuánto es suficiente y qué se necesita para conocer la buena vida y aspirar a ella? Argumentos contra la insaciabilidad económica, el deseo de dinero y más dinero. El caso lo descubrió EL PAÍS: el consejero delegado del grupo sanitario Ribera pidió a una veintena de sus directivos que rechazaran en el hospital citado a los pacientes o los procesos que no fueran rentables, con la idea de aumentar los beneficios. Una vía para lograrlo era aumentar las listas de espera quirúrgicas (ya desesperantes) realizando menos intervenciones, con lo que los gastos descenderían al precisar menos personal (¡aún!) y medios.

Se trata de una mercantilización militante. La privatización resulta una simple transferencia de bienes públicos hacia gestores en los que prima el ánimo de lucro. La sanidad no como un derecho, sino como una mercancía. Existe bastante consenso entre los expertos en que este ejemplo no es un exceso, un abuso, una anécdota, sino una excrecencia del sistema de salud traspasado a determinadas comunidades autónomas. Ello ha coincidido, para tristeza de todos, con el aniversario del asesinato por parte de ETA de Ernest Lluch, el factótum de un hecho tan significativo como que los españoles tengamos derecho a una sanidad pública y universal desde mitad de la década de los ochenta del siglo pasado. Ahora quieren revertirlo.

Durante muchos años formó parte del alma europea la consideración de que la protección social (a través del welfare o bienestar) y el crecimiento económico se reforzaban mutuamente. Los dispositivos de la primera ayudaban a crear empleo, sostener la capacidad de consumo de los ciudadanos y paliar las desigualdades entre las clases sociales, las generaciones y los sexos. La ofensiva contra esa idea fue muy potente desde los inicios de la revolución conservadora y la caída del muro de Berlín. Protección y crecimiento se han autonomizado. En este nuevo contexto, las políticas sociales parecen haberse convertido en contraproductivas, como muestra la opinión del directivo del hospital de Torrejón. A causa de su coste (sociedades envejecidas, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, nuevas desigualdades…) y modo de financiación (cotizaciones sociales e impuestos), y de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Además, ha surgido una ultraderecha que opina que el Estado de bienestar es una amenaza a la libertad individual.

Con estos enemigos tan potentes el welfare está en peligro. O de desaparecer o de ser debilitado hasta dejarlo escuchimizado. Sus contenidos no serían universales, sino sólo para los pobres de solemnidad. Es bueno en este momento recordar esa idea puesta en circulación por un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional: la regeneración democrática consiste en blindar el Estado de bienestar con mayores garantías ante cualquier intento de limitarlo o sajarlo. El derecho a la sanidad, al medio ambiente, a las pensiones, vivienda, etcétera, como derechos sociales fundamentales. No tratarlos en la Constitución como sencillos principios rectores que informan la práctica de los poderes públicos, sino dotarlos de mayor seguridad, trasladándolos al lado del resto de los derechos fundamentales (título primero, capítulo segundo).

En definitiva, evitar la idea del padre del darwinismo social, Herbert Spencer, tan de moda, que acuñó el concepto de la “supervivencia del más fuerte”.

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