La atención primaria como bandera
El sistema sanitario extremeño avanza en su modernización y renovación de equipos tecnológicos y tiene como principales retos la falta de médicos y las listas de espera
Cuando hace 26 años a Isabel Rolán, presidenta de la Asociación Oncológica Extremeña, le detectaron un cáncer, solo había servicio de oncología en Cáceres y Badajoz para atender a toda la comunidad autónoma. A los pacientes los trasladaban en ambulancias “que parecían autobuses”, y algunos recorrían distancias de hasta 200 kilómetros, lo que implicaba salir de casa a las siete de la mañana y regresar ya anochecido. “La sala de espera era un pasillo, a veces tenía que sentarme en las escaleras”, recuerda. “Hacía el viaje de vuelta vomitando y con fiebre”, añade. Actualmente hay servicio de oncología en las ocho áreas sanitarias (cuatro por provincia) de la región, más personal, “tecnología puntera”, una planta con 12 habitaciones para pacientes en edad pediátrica, abierta en 2015 en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.
Ese “hemos mejorado mucho” con el que Rolán pasa del blanco y negro al color en su particular álbum de fotos puede extrapolarse a cualquier otro aspecto del sistema sanitario extremeño, según los indicadores oficiales: de 9 hospitales en 1983 a 14 en 2023; de 1 a 15 resonancias magnéticas; de 1 a 5 aceleradores lineales; de 1 equipo de cuidados paliativos a 8. Más una atención primaria formada por 415 consultorios locales, con 111 centros de salud y 127 puntos de atención continuada (PAC) que funcionan 17 horas los días laborables y 24 horas los festivos; todos con posibilidad de realizar videoconsultas, con la telemedicina cada vez más implantada, varias unidades de radiología y, desde 2022, nuevos equipamientos como ecógrafos portátiles, que pueden desplazarse a los domicilios o centros residenciales.
Dice José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, que el Estatuto de Autonomía actuó de primer aldabonazo, pero que el hecho diferencial tuvo lugar en 2001, con el traspaso de competencias en materia sanitaria, porque supuso que la salud de un millón de extremeños, unas pocas gotas en el océano del por entonces Insalud, y encima desperdigadas (la densidad de población en Extremadura se encuentra por debajo de la media española), pasó a gestionarse desde Mérida en lugar de la lejana Madrid. “Implicó la unificación bajo un mismo paraguas, normativo, administrativo y asistencial, con un criterio único, y con objetivos claros. Hasta entonces, los médicos podíamos depender de la Junta, el Insalud o las diputaciones”, apunta María José Rodríguez Villalón, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura (Simex).
Percepción del paciente
“Dedicamos a sanidad más del 8% del PIB extremeño; el presupuesto no ha parado de crecer”, apunta Vergeles. Sin embargo, la apuesta inversora de Extremadura, segunda región española con más gasto sanitario por habitante (casi 2.000 euros en 2022), solo por detrás de Asturias, no se corresponde con el grado de satisfacción de sus ciudadanos, que es de un 6,15 según el Barómetro Sanitario 2022 del CIS. “Nuestro sistema es más caro”, zanja Rodríguez Villalón. “¿Cuántas veces cabe el territorio de Madrid en Extremadura? ¿Cuatro? ¿Y cuántas veces cabe la población extremeña en Madrid? ¿Otras cuatro? Aquí tenemos un médico para un pueblo de 400 habitantes, a 20 kilómetros de otro de características parecidas. En un centro de salud de una ciudad, un facultativo puede atender a 1.500 habitantes”, compara. Atender a una población dispersa, localizada en buena medida en áreas rurales, y envejecida, es uno de los grandes retos del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Cuando un modelo de por sí más costoso de mantener lleva desde 2008 golpeado por una sucesión de crisis económicas, empiezan los problemas, en forma, entre otros, de menos contrataciones y recortes salariales de los profesionales sanitarios. Lo cual ha llevado a lo que es, desde hace años, el gran talón de Aquiles del SES: la falta de médicos, sobre todo de especialistas. Las listas de espera quirúrgicas, motivo principal de queja entre los usuarios, son su consecuencia más evidente.
Vergeles argumenta que los 145 días de espera media para una operación (según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Salud, a junio de 2022) se deben a la demanda oculta —es decir, pacientes que, por miedo, anularon su cita durante la pandemia—, que había que absorber. “Decidimos no sacarlos, aunque eso supusiera estar por debajo de la media nacional; lo contrario habría sido hacernos trampas al solitario”, comenta el consejero. La situación, acota, se está revirtiendo: las listas de espera se han reducido en un 34% desde 2015. Estuvieron bajando, ininterrumpidamente, entre ese año y 2020, según destaca, hasta que llegó la covid-19. Pero ya en enero de 2023 había un 22% menos de enfermos esperando para entrar en quirófano que hace un año, algo más de 87.000 personas, según datos de la consejería, que habla ya de cifras prepandémicas en algunos casos, como las pruebas diagnósticas, con una disminución de más del 30% en las listas de espera.
Aunque la coyuntura mejore, “el problema de fondo sigue siendo que faltan médicos; se les paga menos; se marchan a otras comunidades autónomas”, incide Rolán, que es también vicepresidenta de la Plataforma de Pacientes en Extremadura y vicepresidenta del Consejo Extremeño de Pacientes. Simex desconvocó, in extremis, una huelga de médicos, prevista para finales de enero, al alcanzar un principio de acuerdo con la Administración. Reivindicaba mejoras laborales. A comienzos de febrero, el SES y los sindicatos pactaron la contratación de 400 profesionales más, así como mejoras salariales para los sanitarios que realizan turnos, para los MIR (médicos internos residentes) que se forman en la región, al objeto de retenerlos, y para incentivar las denominadas plazas de difícil cobertura. Vergeles avanza su intención de que las próximas negociaciones se basen no en las ratios, sino en la carga de trabajo y en las competencias profesionales.
Tormenta perfecta
Rodríguez Villalón no olvida la falta de personal en los hospitales, pero sostiene que la tormenta perfecta ha estallado en la atención primaria, que ha visto sus presupuestos reducidos en un momento en el que soporta “una demanda exagerada”. En su opinión, se está produciendo una hiperfrecuentación: en los centros de salud rurales, los problemas no son de agenda, según prosigue, sino “que no haya médicos”, pero en los urbanos, la demanda es altísima, y se dispara cuando falta un facultativo, y los pacientes se acumulan. “Los problemas se van retroalimentando”, lamenta. Consecuentemente, ha bajado la valoración de los usuarios, que en 2019, antes de la pandemia, le ponían un 7,54, la cuarta nota más alta, después de Aragón, Asturias y País Vasco, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Al igual que en el resto del país, la crisis sanitaria ha tensionado enormemente una red primorosamente tejida, el tesoro de la corona extremeña. Incrementar sus recursos, con la ayuda de los fondos Next Generation, es objetivo de la consejería, según apunta Vergeles. “Sin la atención primaria, el sistema sanitario pierde su GPS”, subraya. Quién orienta, si no, al paciente para que acuda al nefrólogo, al dermatólogo, al cardiólogo. El centro de salud y el consultorio son la primera línea de batas blancas en un territorio, la que atiende en los núcleos pequeños y rurales, la que primero puede detectar un problema y lleva el control cotidiano de las enfermedades crónicas. El consejero aboga por prestigiarla y mejorar su consideración social. También por hacerla más accesible. “La accesibilidad de las personas al sistema sanitario se ha visto resentida. Ha sido una de las cicatrices de la guerra contra la covid”, admite, afirmando, tajante, que el sistema no puede permitirse estas esperas para conseguir una cita con el médico de cabecera.
Vergeles es consciente de que tanto los sanitarios como el propio sistema han salido “cansados” de la prueba que ha supuesto la pandemia. También de que la sociedad es más exigente que nunca con sus derechos. Y de que hay aspectos que conviene desarrollar mucho más en el futuro, como las herramientas de salud pública y el abordaje de los problemas de salud mental. En este último punto destaca el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y Covid-19 puesto en marcha por el Gobierno central, y dotado de 100 millones de euros. “La respuesta que está dando la Unión Europea a esta crisis que comenzó siendo sanitaria y que pronto será económica y social no es, ni mucho menos, la de 2008″, precisa.
La obsolescencia toca a su fin
En 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia española para canalizar los fondos destinados por la UE a reparar los daños provocados por la pandemia, dio luz verde al Plan Inveat para renovar equipos sanitarios de alta tecnología; en 2022, destinó 17,7 millones de euros a ampliar o renovar 22 equipos en Extremadura. El penúltimo titular de este capítulo lo daba el SES este mismo mes de enero, cuando anunciaba una inversión de un millón de euros en una resonancia magnética de última generación en el hospital de Llerena (en Badajoz). “Cuando el Inveat finalice, los equipos de alta tecnología tendrán una antigüedad de meses y no de décadas como sucedía antes de la pandemia”, anticipa Vergeles.
Por mucho que haya de seguir mejorando, poco tiene que ver este sistema sanitario del siglo XXI, apoyado por tecnología de última generación, donde está implantada la tarjeta electrónica y la historia clínica digitalizada (gracias al proyecto Jara) con el que conoció Rodríguez Villalón al inicio de su carrera, en los años noventa. “¿Sabes qué era la iguala?”, pregunta a la periodista. Ella no vivió la práctica de abonar en efectivo pequeñas cantidades a los facultativos, pero sí tuvo que ejercer (poco tiempo, por suerte) en un pueblo en el que el médico atendía las 24 horas, fuera de día o de noche. “Podías salir los fines de semana”, detalla. “Con la llegada de los centros de salud, y de las guardias, empezamos a tener vida”, se felicita.
En la próxima entrevista que Vergeles conceda a EL PAÍS le gustaría contar que su consejería ha sido capaz de prestigiar la atención primaria, que se está fomentando la medicina familiar y comunitaria y que ya no faltan especialistas en Extremadura. “Me gustaría poder decir que hemos sido capaces de sostener un Sistema Nacional de Salud con los principios de la Ley General de Sanidad, y que seguimos demostrando que el Estado de las autonomías no solo es posible sino beneficioso para comunidades como la nuestra”, concluye.
Quince años promocionando la autonomía personal y la salud
Con la creación, en 2008, del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (el SEPAD), la Junta de Extremadura canalizaba sus esfuerzos por la atención integral de la ciudadanía, que habían arrancado a comienzos del siglo XXI con el objetivo de “hacer converger la atención a la enfermedad con la atención a las necesidades de apoyo en la vida diaria”, según fuentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En otras palabras, la Administración autonómica apostaba “por la confluencia de la atención sanitaria y de la atención social; por la convergencia de la atención a las condiciones de salud y la atención a las situaciones de discapacidad y de dependencia”, agregan las mismas fuentes. En 2003 nació la Dirección General de Atención Sociosanitaria dentro de la estructura del Servicio Extremeño de Salud (SES). Dos años después llegó el Plan Marco de Atención Sociosanitaria en Extremadura 2005-2010, que facilitó “que la atención sanitaria y la atención social trabajaran sinérgica, eficiente y eficazmente”.
Actualmente el SEPAD da respuesta a más de 57.000 personas solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Extremadura y a más de 110.000 personas solicitantes del reconocimiento del grado de discapacidad. Sus funciones principales son: la promoción de la autonomía personal; el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a servicios y prestaciones del SAAD; la prestación, a lo largo de la vida, de la atención y cuidados a las personas en situación de dependencia; el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del grado de discapacidad o la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, así como las políticas públicas de prevención de situaciones de discapacidad o de dependencia.
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