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La concentración de población en el litoral y Madrid y la despoblación en las comunidades del interior están ahí desde hace décadas, pero el problema se ha acelerado en los últimos años. El Ejecutivo ha encargado un informe que refleja ese desequilibrio en el mapa demográfico español, que tendrá efectos inmediatos en uno de los debates políticos fundamentales en los próximos tiempos: la financiación autonómica.

La dispersión aparece ya entre las variables de reparto de la financiación autonómica, pero las comunidades en las que ese problema es mayor, las de la llamada España vacía, se están coordinando y reclaman un mayor peso de ese criterio debido al creciente coste de servicios públicos como la sanidad y dependencia por el progresivo envejecimiento de la población.

Los más de 42 millones de españoles que viven en 1.500 municipios —de los más de 8.100 que se reparten por el país— partirían con ventaja frente al éxodo rural en las 5.032 localidades que han perdido población en la última década, según los datos del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. La Moncloa ha recogido el guante y ultima un diagnóstico; el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió en la Conferencia de Presidentes de 2017 a tener lista una estrategia en enero de 2018. El Gobierno actual también ha puesto en marcha los primeros gestos: el Consejo de Ministros aprobó ayer una partida de 80 millones para políticas de empleo de jóvenes en poblaciones de hasta 10.000 habitantes.

La magnitud del desequilibrio demográfico tiene notables consecuencias políticas. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, lanzó el pasado 27 de septiembre una señal de alarma en una reunión con representantes de todas las comunidades autónomas en la que advirtió de la necesidad de restablecer “un equilibrio en la garantía de la igualdad de oportunidades, de desarrollo vital para todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan”.

Ese encuentro entre Batet y las Administraciones autonómica y local se interpreta como el primer paso de un pacto de Estado que integre a las comunidades y ayuntamientos para combatir la despoblación y sus efectos colaterales. Tener en cuenta estos elementos en el futuro modelo de financiación autonómica, obsoleto desde 2014, se ha convertido en una reivindicación transversal para las regiones del interior. La comisionada frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, recalca que ninguna autonomía está libre de las fluctuaciones demográficas. “Los efectos de la población flotante son evidentes en las zonas de costa por el turismo y en las agrícolas por la temporalidad”, explica Leal, que destaca su repercusión en la “sobreexplotación y la rebaja de la calidad de los recursos públicos”.

Pero es la pérdida de habitantes en el interior de España la que ha forjado un grupo de presión que trasciende a los partidos políticos. El mejor exponente se produjo a mediados del mes pasado en Zaragoza: seis presidentes autonómicos —tres del PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón) y tres del PP (Castilla y León, Galicia y La Rioja)— coincidieron en que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios esenciales. Entre las seis comunidades perdieron 170.000 habitantes en los últimos 10 años, que coinciden con la última gran recesión.

La comisionada frente al Reto Demográfico también incide en cómo los sobrecostes por la baja densidad de población —hay zonas con una densidad media de 14 habitantes por kilómetro cuadrado—, la dispersión o la estacionalidad demográfica “introducen variables para su incorporación en la financiación autonómica y local”. “El problema es que la población del interior está más dispersa: el coste por la atención de los servicios es mayor que en el caso de una población más concentrada”, explica Luis Camarero, profesor de Sociología de la UNED. “Con ese desequilibrio estructural hay que tener en cuenta factores como el de la población, sobre todo si queremos una calidad similar en la prestación de servicios”, añade.