Extremadura: el desafío del servicio público en la inmensidad

—¡Vamos, Emeterio!

—¡Qué pasa, Damián!

Emeterio Salgado, de 70 años, alza su muleta para saludar en Portezuelo (Cáceres, 220 habitantes). Este extremeño camina con ayuda pero con energía, con buen tono tras haber superado un ictus que dejó alguna secuela física pero ninguna moral. “¡Me ha dicho el médico que tengo tendinitis!”, anuncia Salgado frente al Ayuntamiento, donde también hay instalado un consultorio que recibe a diario la visita del facultativo. “Yo estoy satisfecho, no tengo necesidad ninguna”, exclama el hombre, que cuando precisa revisiones más exhaustivas acude al cercano Torrejoncillo o a Coria, más poblados y con más recursos. El envejecimiento y dispersión de la población convierten a la sanidad en materia clave para la gestión autonómica, con usuarios contentos con las prestaciones pero también demandando más recursos. La diversidad de opiniones contrasta con el cariño unánime a la figura de los sanitarios rurales, que atienden en los ambulatorios o a domicilio a esa población que necesita tantas recetas como interés y respeto.

El equipo que forman la enfermera Miriam Bermejo, de 48 años, y el doctor Damián Díaz, de 69, recibe una lenta peregrinación donde cuidan de los habitantes de Portezuelo. Bermejo explica que tienen “mucho trabajo con enfermedades crónicas, hay mucha gente mayor” y que su figura conlleva “mucha confianza con el paciente, lo mejor es la relación”. Miriam y Damián ponen rostro y voz a los miles de profesionales extremeños estructurados bajo el sistema público y repartidos por las administraciones, de mayor o menor tamaño según la parte de la región donde se encuentren, para nutrir de servicios públicos a los habitantes. La capilaridad de la Administración extremeña, afianzada así tras una necesaria adaptación a los nuevos tiempos de dispersión geográfica y envejecimiento demográfico, busca que tanto en las ciudades como Badajoz (150.000 personas) o Cáceres (95.000) o en localidades menores del norte o el sur del territorio se dispongan de las mismas prestaciones públicas.

Rutas para educar

Educación organiza 600 rutas para desplazar a unos 17.000 estudiantes hacia institutos o colegios. El 65% de los centros educativos regionales se hallan en el medio rural, según la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez: “Mantener abiertos los colegios en los pueblos sigue siendo un reto y una prioridad, es uno de los servicios que más contribuyen a fijar población”. La comunidad cuenta con 34 centros en lugares pequeños, con menos de 20 alumnos, así como 40 centros rurales agrupados para que los escolares permanezcan en su localidad. El pastoreo del alumnado de localidades como Cañaveral lo realizan la educadora social Ruth Bellot, de 26 años, y el conductor Carlos Alonso, de 52. Ellos cuidan de un autobús que, como comenta entre risas el piloto, se desvía por cualquier rincón para recoger a chavalas como una que reside en un pueblo de solo 12 habitantes: “¡Todo llega a su hora!”.

La escuela rural ha impulsado a muchos jóvenes hacia la Universidad de Extremadura. El dilema: qué hacer al acabar. Las futuras psicólogas Claudia Vázquez y Soledad Boya, de 20 años, charlan en la icónica plaza Alta pacense. “La universidad da caña y salimos preparadas, los de fuera no vienen tanto porque creen que no es tan buena”, consideran ambas, que alucinan ante batallitas de sus mayores sobre cuando se bañaban en el río Guadiana o escenas de pobreza hoy inauditas. “Sabemos que hay fecha de caducidad y que hay que tener suerte, nos gustaría quedarnos pero es difícil”, lamentan. Esteban Valero, Lyria Sánchez, Paula García y Sergio Ruiz, de entre 20 y 21 años, alumnos de Periodismo, pasean sobre la Alcazaba, una fortificación de origen musulmán y la más grande de Europa de estas características, y lamentan que a su tierra no se le “saca partido”. Esta construcción centenaria, objeto de admiración de unos turistas, lo representa: un lado da a un descampado en mal estado que sirve como aparcamiento. “La gente que viene está encantada, hay que venderse y potenciarlo”, exclama García. “¡En TikTok hay mogollón de vídeos chulísimos!”, añade su amiga antes de que los cuatro aborden los cansinos prejuicios. “Una amiga sevillana salió de fiesta con nosotros y se sorprendió de que hubiera discotecas”, “nos llaman paletos, dicen que solo hay conejos y campo”, enumeran los jóvenes, que se enorgullecen al hablar de su patria chica pese a que no todo el mundo sepa ubicarla en el mapa: “Aquí se hacen cosas guais, la gente tiene carrera. Cuando sales ves realmente lo bien que vives”.

La labor de las alcaldías

Administrar las dos provincias más extensas del país y la quinta comunidad requiere a las diputaciones estar en contacto directo con los alcaldes. Manuel Borrego, regidor de Valverde de Leganés (Badajoz, 4.100 habitantes), detalla que las distancias con el Gobierno central y el autónomo dan más peso a estos entes intermedios “como soporte y colchón para facilitarnos la vida a los municipios”. El suyo no es demasiado pequeño, pero los núcleos menores dependen mucho de ellas para “dar respuesta a necesidades del día a día”. El carrusel de cometidos es diverso: desde labores administrativas hasta los bomberos, recogidas de residuos, el ciclo integral del agua o el cobro de tributos. Borrego precisa que un capítulo esencial es lo cultural o deportivo. La Junta gestiona los centros de salud, añade el alcalde, y cita residencias de mayores con financiación pública, dos colegios y un instituto, contrataciones mediante planes de empleo, jardinería, albañilería, ayuda a domicilio o dependencia, ampliaciones de un polígono industrial, cursos de formación profesional o proyectos culturales como las grandes colaboraciones autonómicas patentes en Valverde de Leganés.

La Diputación Provincial de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, trabaja con un presupuesto de 279 millones de euros en 2023, por 170 la Diputación cacereña. “Tiene como función primordial prestar servicios que no pueden ser gestionados por parte de los municipios, especialmente los más pequeños, y que no son atendidos directamente por las administraciones regional y nacional”, define Gallardo. “Es nuestro deber contribuir a una sociedad en igualdad” para dar “calidad de vida” y equiparar prestaciones sociales “con independencia de si se vive en una gran ciudad o un pequeño pueblecito”. Uno de los recursos que Borrego agradece de la Diputación son los préstamos a interés cero, “prestar asistencia y cooperación económica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad financiera y de gestión”. Este papel de “banco bueno”, ensalza Borrego, facilita que los ayuntamientos menores ganen músculo para sus inversiones. El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad extremeña Gabriel Moreno valora que “en los últimos 40 años se ha abandonado el paradigma del centralismo y se ha acercado al ciudadano la Administración pública, con el refuerzo de las entidades locales”. Este desarrollo ha propiciado que los entes de gestión queden más cerca de la ciudadanía en todos los sentidos, pero en la región existen dos desafíos en este sentido: “Como consecuencia de que no ha habido tasa de reposición hay una carencia de empleados públicos y se necesita reforzar en algunos niveles locales fundamentalmente. Además, el tránsito reciente a la digitalización, sobre todo con tantos mayores en Extremadura, puede hacer que haya gente que se quede fuera si no pueden acceder a los trámites”. Moreno cree que estas dificultades de territorios muy extensos y demográficamente en riesgo se deberían tener en cuenta al aplicarse el principio de subsidiariedad: “No siempre se nota en la financiación autonómica”.