Niños, mayores discapacitados y mujeres maltratadas: los rostros desalojados del edificio La Dignidad

El domingo pasaron la noche en vela. Sus hijos en casa de alguna amiga, sus pocos muebles bloqueando una puerta endeble. Amanecieron mirando al extremo final del pasillo con miedo. Hasta que escucharon el ruido de la batalla final: la policía acercándose al rellano. Cerca de 50 personas, 18 de ellas niños y niñas, fueron desalojadas a la fuerza de los pisos donde vivían en Móstoles. Mayores con discapacidad, mujeres maltratadas, otras con trastornos psiquiátricos, enfermos crónicos. Del otro lado, la fuerza de la ley, ejecutando una orden judicial que amparaba a un fondo de inversión con sede en Miami. El derecho a una vivienda frente al derecho a la propiedad. La puerta crujió. Documentación. Saliendo. Maletas a rastras, mochilas al hombro, bastones, colchones ortopédicos. Todos fuera.

El edificio desalojado se llama La Dignidad y ellos son sus últimos habitantes. El rostro de la nueva era de los desahucios, la imagen que a España le ha costado tanto sacudirse después del desastre de la burbuja inmobiliaria —el año pasado se practicaron en España 38.266 desalojos, 104 al día, según cifras del CGPJ—. En este caso, no son familias que no pueden pagar una hipoteca, son familias que ni siquiera podrán acceder a una. La cantidad de edificios vacíos cuyas promotoras se declararon en quiebra hace 15 años, rescatadas por la Sareb (el banco malo público) y después, vendidos a precio de ganga a fondos de inversión como este, Midtown Capital Partners S.L., fueron estos años ocupados por personas como Patxi, María Antonia, Charo o Betty. Familias tragadas por el círculo vicioso de la miseria: no pueden acceder a una vivienda pública ni al alquiler social porque residen en una de forma ilegal; residen en una de forma ilegal porque son pobres.

El edificio de la calle Carcavilla, 2 bis, lo adquirió esta firma con sede en Miami en agosto de 2022 en una subasta de la Sareb en la que no hubo más pujas —solo la Sareb, que debe pujar de forma obligatoria en este tipo de subastas concursales, y la firma que mejoró la oferta—, confirman desde el organismo. El precio de la operación rondó los 2,5 millones de euros, según fuentes cercanas al proceso. Aunque el día que se firmó la compra, ese edificio ya costaba mucho más en el mercado. Este periódico ha contactado con los abogados de la compañía, que han recibido instrucciones de no dar ningún tipo de declaración: “Está judicializado. No haremos ningún comentario”. En su web describen su aterrizaje en España en 2017 como “una operación centrada en la gestión de carteras de inversión de valor agregado y oportunistas, aprovechando las condiciones del mercado local y brindando rendimientos de inversión en moneda extranjera a nuestros inversores”. La Sareb asegura que es la única operación que han manejado con Midtown.

El Juzgado número 1 de Móstoles puso fecha para el desalojo: el 17 de julio. Los activistas de la plataforma Stop Desahucios Móstoles, que han acompañado a los residentes, denuncian que el juez no tuvo en cuenta los informes de vulnerabilidad. “Tampoco ha tenido en cuenta la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo que dicta que antes de proceder a un desahucio hay que tener en cuenta la protección superior de los menores. Tampoco ha cumplido con el decreto 5/2023 vigente hasta 31 diciembre, que indica que no se puede desahuciar a personas vulnerables sin alternativa. Y, por último, tampoco admitió las resoluciones de Naciones Unidas que pedían al Estado español que se suspendiera este desahucio hasta que hubiera alternativa habitacional”, enumera su portavoz, José María Torralbo. “Las familias agotaron todos los recursos jurídicos a su alcance para impedirlo”, insiste. Todas habían tramitado algún tipo de ayuda para acceder a una vivienda, sin obtener respuesta.

Este mismo miércoles, el Tribunal Supremo anulaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que autorizó el desahucio de una familia vulnerable con dos menores de edad en el barrio de San Blas al considerar que no se comprobó “de forma previa y fehaciente las medidas de cautela necesarias para asegurar la debida protección de dichos menores”, según la sentencia obtenida por Europa Press.

La plataforma carga también contra el Ayuntamiento, del PP, y su área de Servicios Sociales y la Comunidad de Madrid. “El Ayuntamiento de Móstoles ha incumplido las propias mociones que fueron aprobadas en Pleno municipal: una en 2016 donde se aprobaba que a estas familias se les buscaría una alternativa y otra de 2019 que aprobaba que cuando hubiera resoluciones de Naciones Unidas [las consiguieron para este caso], el Ayuntamiento buscaría alternativas habitacionales temporales para las familias y la Comunidad otras definitivas. Evidentemente, no se ha cumplido”, insiste Torralbo. La opción que les brindaron a los residentes era un albergue para personas sin hogar, de 24 horas, que implicaba separar hombres, mujeres y niños. Además de obligarlos a trasladarse a Laguna o a Pacífico, en Madrid, lejos de Móstoles, de su médico de cabecera, del colegio de sus hijos y lejos entre ellos. La primera noche muchos la pasaron ahí. Ahora llevan ya 48 horas en la calle.

Por su parte, el Ayuntamiento, gobernado por el PP tras las elecciones de mayo, explica a EL PAÍS otras ayudas que han ofrecido a los afectados según cada caso particular. Las propuestas iban desde una ayuda económica para el alquiler (no especifican la cuantía ni las condiciones), alojamiento urgente (en albergues separados hombres y mujeres o en una pensión, según el caso), hasta la ayuda para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (que la mayoría ya cobran), comedor municipal y la aplicación a un proyecto llamado No Second Night para las mujeres sin hogar. La mayoría no se han acogido a estas opciones, solo dos familias han aceptado. Torralbo explica por qué: “Las familias ni siquiera han escuchado nada sobre ese proyecto, y sobre el alquiler, solo lo plantearon dos meses, ¿luego qué? Además este es un falso recurso porque nadie alquila una habitación a una familia vulnerable que no puede garantizar el pago sostenido”.

Cuando no sabían a dónde acudir, iban a La Dignidad. Ahí enviaba de manera informal la Cruz Roja a los más desamparados, lo mencionaban algunos trabajadores sociales, en las parroquias. El edificio se convirtió en la única alternativa posible para los que no tenían otra opción, mientras esperaban una respuesta de la administración. “Muchos venían de forma temporal, cuando encontraban una solución de vivienda, se iban y dejaban hueco para otra familia”, explica Torralbo. “En total han pasado por este edificio 54 familias. Podríamos decir que este edificio ha estado haciendo labores que le hubieran correspondido a la administración pública”, resume.

La maldición de Patxi y María Antonia

Francisco Saz, más conocido como Patxi (60 años) y María Antonia García (63), parecen tener una maldición. Con la misma voracidad con la que el flujo sanguíneo se seca en la pierna izquierda de él, se insuflan los tobillos de María Antonia. Patxi tiene una discapacidad del 65%, sufrió un ictus en 2018, padece de diabetes y lleva la pierna izquierda vendada de rodilla para abajo por dos úlceras que “tienen mala pinta”. Los médicos no le dan buenas noticias y sospecha que algún día tendrán que amputársela. Se apoya en su bastón para caminar y sentarse cuando los calambres sacuden hasta la cadera. Este miércoles cuentan su historia con la mirada perdida en el patio de un solar a 40 grados a la sombra. “Tenemos que empezar de cero”.

Se conocieron por internet hace 20 años. “Pero por los chats de antes, el de MSN”, explica María Antonia, que habla de la prehistoria del Tinder. Él es de Teruel, aunque vivió en Zaragoza la mayor parte de su vida; ella, de Madrid. Estuvieron un tiempo viéndose los fines de semana, hasta que él decidió mudarse por ella a la capital y buscar trabajo de lo suyo, “electricista, aunque tengo el FP superior de Electrónica Industrial”. Ella era auxiliar administrativo. Los dos se quedaron en paro, él en 2010. Después, ella se enfermó y le colocaron una válvula en el corazón, que le dejó una cicatriz que asoma por su pecho entre la blusa de flores. No consiguió sacarse la oposición y trabajó hasta que pudo de lo que iba saliendo. Tiene una discapacidad del 36%: osteoporosis, hipotiroidismo y depresión, además de su cardiopatía, cuenta.

Patxi cobra la Renta Mínima de Inserción, 480 euros al mes, y con eso viven los dos desde hace un tiempo. “Pero con eso no se vive”, insisten. En 2015 tuvieron que abandonar el piso que alquilaban en Prosperidad porque no podían pagarlo. Entonces conocieron a gente de la PAH de Ciudad Lineal que les habló de La Dignidad en Móstoles. Entraron en el 4ºD, un piso de dos habitaciones pelado: sin grifos, ni cocina, ni pila. Y ahí han construido su hogar desde hace ocho años, mientras esperan una respuesta de las instituciones a sus peticiones de vivienda pública o ayuda para el alquiler. Este lunes, tuvieron que abandonar todo, incluso los muebles que habían heredado de la madre de María Antonia. Y solo pudieron rescatar lo más importante: sus papeles, que acreditan su situación médica, sus trámites para conseguir alguna ayuda social y un colchón eléctrico que le salva de los problemas de circulación a María Antonia. Este miércoles siente que las rodillas y los tobillos le van a estallar. “No pienso separarme de él”, dice ella. “Hasta la policía que nos echó sabe que no tenemos otra alternativa que volver a okupar. Y te aseguro que no es lo que queremos, es a lo que nos obligan”, resume él.

Betty: Una orden de alejamiento y en la calle

A Betty Osazeme (de 42 años) España no se lo puso nunca fácil. Primero, cuando tenía 16 fue engañada por unas mafias de su país, Nigeria, que le dijeron que si algún día quería tener la vida que ellos tenían, debía viajar a Europa. Y lo hizo. Recorrió un continente, cruzó el Mediterráneo y, en resumen —porque cuando se refiere a esta parte de su vida todavía le tiembla la voz y se asfixia—, acabó en una carretera en la Casa de Campo en 2003. “Una trabajadora social me preguntó que por qué no aceptaba que había sido prostituta, que había ayudas para mí en ese caso de una fundación. Pero es que yo no fui prostituta”, cuenta aferrándose a lo único que este miércoles aún no le han arrebatado, que lleva el nombre del edificio desalojado. “Me secuestraron y me obligaron a prostituirme en clubes de toda España, Málaga, Vigo, Ourense, Tarrasa, Almería...”, recita, sabe que se le está escapando alguno. “Si no ganaba dinero, me apaleaban”, muestra las cicatrices en las piernas y en los brazos. “Sí, esto también pasa en España”, remata.

Betty tiene cuatro hijos (de 16, 13, 10 y 7 años) con un hombre que lleva seis años en la cárcel. Entró por tráfico de drogas, no por la cantidad de veces que le dijo que la iba a matar como se fuera con otro. En 2021, un día que estaba de permiso, los visitó en su casa, y mientras todos dormían, violó a su hija, que entonces tenía 10 años. Betty la llevó a un hospital y luego a la comisaría. Pusieron una denuncia y su pareja fue condenado y tiene una orden de alejamiento. Fue la primera vez en mucho tiempo que Betty sintió lo que era la tranquilidad, el pequeño de sus hijos nació con leucemia. Tenía su casa en La Dignidad, desde 2017, y a sus cuatro niños con ella a salvo.

Todo estalló el lunes. Ella estaba sola, asustada, sus hijos se quedaron con una amiga, y ahí siguen estos días porque después de todo se niega a que los envíen a una casa de acogida. Y ninguna de las opciones que le da la administración incluyen un hogar los cinco. Le han ofrecido una ayuda de alquiler por un mes. Ella cobra desde hace un mes la Renta Mínima de Inserción, 480 euros. “Y luego, ¿qué? ¿Y quién va a querer alquilar una vivienda a una mujer y cuatro niños sin contrato fijo?”. Esa mañana no esperó a que los agentes tiraran la puerta abajo. Les abrió ella misma.

Charo: “No quiero ser una carga para mi hijo”

Charo Martínez tiene 55 años y es de Bilbao. Tiene la espalda partida de doblarla limpiando casas desde muy joven. Siempre trabajó como interna o cuidando ancianos dependientes. Cuando se murieron los últimos, que padecían alzhéimer, acabó doblando la espalda en otro sitio: los cubos de basura. Lo cuenta sin vergüenza. Tiene dos hijos, una de 29 años y otro de 25 que no se separa de ella. El padre de ellos, “en paradero desconocido”, bromea. El pequeño, Óscar, que la acompaña este miércoles, ha conseguido un contrato de formación como jardinero en el Ayuntamiento de Móstoles —por nueve meses, hasta septiembre— y con ese sueldo de algo más de 1.000 euros han conseguido vivir por primera vez bien desde hace mucho tiempo. “Pero yo no puedo seguir dependiendo de él. No quiero ser una carga para mi hijo, solo tengo 55 años”, cuenta Charo.

Le diagnosticaron fibromialgia, además de un trastorno de personalidad, fatiga crónica y sufre depresión, como la mayoría de los que este lunes se han quedado en la calle. Ha pedido ayudas para la vivienda desde hace más de 10 años, pero los trámites se retrasaban y otros se anulaban. Después de peregrinar en distintas oficinas públicas, parroquias, llegó a la Cruz Roja en 2016 y de ahí le recomendaron La Dignidad. “Como pude me hice con un fregadero, con un trozo de encimera”, cuenta. “Yo nunca quise vivir así, nunca estás segura del todo. Pero es que no nos quedaba otra opción”, insiste.

La noche que los echaron del piso durmieron frente a los juzgados. “He dormido en el mismo parque que limpio”, recuerda Charo que lamentaba su hijo. “Me da igual que nos llamen okupas. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Si me hubiera ayudado alguien, no estaríamos así. Durante una reunión con el área de Servicios Sociales, Charo, desesperada ante la falta de alternativas viables a su situación les planteaba: “¿Qué hago, me mato?”. “Es una opción”, le respondieron, pensando que estaba de broma. Se pone muy seria y clava la mirada: “Es que no es broma. Lo pienso realmente todos los días”.

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