Lavapiés frena el desahucio de una pensionista en Argumosa 11

Entre gritos de “estamos contigo, Teresa, no estás sola” y “hay abuelas en la calle y a nadie le interesa”, un centenar de vecinos y activistas se ha reunido este martes para frenar el desahucio de Teresa Sarmiento, de 72 años, a la que le tiembla la voz al recordar su notificación de desalojo. “Si no llego a llamar yo a los juzgados, me hubieran sacado sin avisar”, cuenta, sentada en su cama 24 horas después. Esta mujer chilena lleva viviendo en el famoso edificio de Argumosa 11 —por movilizarse contra los intentos de desahucios desde 2017— más de dos décadas. La batalla inmobiliaria empezó hace cuatro años, cuando rescindió su contrato de renta antigua: 355 euros al mes. Sarmiento se quedó en el piso y la propiedad la demandó. Tras una hora de negociación entre la comisión judicial, los abogados y los servicios sociales, el desahucio de Teresa se ha paralizado hasta el 1 de julio, a la espera de encontrar una alternativa habitacional para ella.

—¿Cómo has dormido?

—A las cuatro me he despertado con colitis.

“Dejé de pagar por situaciones que se vinieron porque yo no puedo pagar 1.200 euros si tengo una pensión de 450. Pero, ellos quieren sacarle provecho haciendo un Airbnb”, se queja. Así, presentó un recurso de apelación, acogiéndose al real decreto del Gobierno que, con motivo de la pandemia, permite suspender desahucios de familias vulnerables. Pero la jueza ha desestimado esta posibilidad. Mientras los vecinos gritan “¡pararemos el deshaucio!”, la inquilina recibe una llamada de su psicólogo. Se tapa los ojos llorosos. Resopla y coge aire para poder continuar con la charla: “Hay que seguir adelante”.

La propiedad es una empresa de inversiones inmobiliarias, que, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, tiene la intención de convertir el hogar de Teresa en una vivienda de uso turístico, como ya ocurrió tras el desahucio de cuatro inquilinas en 2019. La representante de los abogados de la propiedad, que prefiere mantenerse en el anonimato, no recuerda cuánto lleva sin pagar: “Su contrato se acabó en 2018, pero es que ni sabemos desde hace cuánto no paga, pueden llegar a ser 15 años. Ella quiere vivir en un piso, pero no parece justificación para que se quede una propiedad privada”.

Los vestigios de esos desalojos se aprecian en el interior de este bloque, consagrado ya como el símbolo de la resistencia antidesahucios de Lavapiés. A la derecha de la puerta de madera de Sarmiento, una puerta blanca completamente nueva. “Hay un histórico con Argumosa 11 de que los jueces actúen de forma aleatoria y nunca en beneficio de los vecinos”, lamenta Pablo Martínez, de la plataforma Bloques en Lucha. De las 28 viviendas, al menos cuatro se han convertido en pisos turísticos. Las zonas comunes están en obras: escaleras, enchufes, pintura y un ascensor nuevo que aún no funciona. Incluso, se han instalado cámaras de seguridad. Una renovación que choca con las bombonas de butano y los muebles antiguos de la casa de la vecina.

Las cajas medio llenas invaden su salón lúgubre. “No he tenido tiempo de embalar”, dice con la voz cortada Sarmiento, que lleva en España desde 1988, antes de que terminara la dictadura de Pinochet, y que se ha dedicado toda la vida a cuidar a enfermos terminales. Su intención era poder volver a su ciudad natal, Valparaíso: “Ahora yo estaría volviendo a Chile con mi jubilación. Pero no puedo irme y cobrar la pensión allí porque es no contributiva”. Aunque, se siente muy arraigada al barrio de Lavapiés desde que llegó y lamenta la gentrificación del barrio madrileño. “Ha cambiado de una manera espantosa, ya no es como antes, que salíamos los vecinos y nos sentábamos en los bancos”, dice resignada.

Los vecinos de Lavapiés y los activistas de plataformas como el Sindicato de Inquilinos de Madrid y PAH Centro han acudido al número 11 de la calle de Argumosa para apoyarla. La tensión ha aumentado cuando a la una de la tarde aparecían una decena de agentes de la Policía Municipal, que han rodeado a la comisión durante la negociación. En una hora, la decisión estaba tomada. “Me quedo hasta el 1 de julio”, anunciaba la inquilina, con una tímida sonrisa, a la espera de que se le ofrezca un piso tutelado.

Inquilinos y propietarios conviven en este bloque de 28 pisos. Entre ellas, Sofía Montes, de 29 años, que entra desconcertada ante el alboroto. La inquilina cuenta que hace tres semanas que se mudó a un piso de 60 metros cuadrados que encontró en Idealista y por el que paga 780 euros al mes. “No tengo ni idea de lo que está pasando”, comenta la nueva residente.

Son pocos los que desconocen la batalla inmobiliaria en el bloque de Lavapiés. En 2019, 10 furgones de policía cortaban la calle y la presión vecinal no logró frenar el desalojo de Pepi, Rosi, Juani y Mayra. El activista Pablo Martínez, que fue detenido y explica que se trata de la misma empresa, lo rememora acongojado: “Rompieron el cristal con nosotros encima”. Esta vez, sí han conseguido paralizarlo al menos por un mes. Fecha en la que las asociaciones volverán a este punto con la misma misión, que Teresa Sarmiento no tenga que abandonar su hogar. “¡Volveremos! ¡Hay un barrio que lucha por ti!”, vociferan al unísono.

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