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Bienvenido al plató de los desahucios

Entre reivindicaciones y demandas, en Argumosa, 11 conviven propietarios, inquilinos de renta antigua, morosos y vecinos que se niegan a pagar

En el edificio de Argumosa 11, en el barrio de Lavapiés, hay 28 pisos en los que viven 65 personas. Hasta ahí todo normal si no fuera porque casi nada de lo que sucede en ese edificio es lo habitual: para empezar, Argumosa 11, cada cierto tiempo, parece un plató de televisión. 12 desahucios, retransmitidos en directo, lo contemplan. 12 desahucios (este viernes, el más reciente) que se han conseguido parar. [Fotogalería: Desahucios en Argumosa, 11 | Infografía: El edificio, piso a piso]

Algo tiene que ver en ello la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Centro (PAH) y otras plataformas vecinales, que han tomado el lugar por bandera de sus reivindicaciones. Planta por planta, puerta con puerta, Argumosa tiene una demografía singular, donde se mezclan propietarios reales (3), inquilinos de renta antigua (10), inquilinos que se fueron porque no deseaban pagar un aumento de alquiler pero subarrendaron el piso a terceros -que podrían ser considerados como ocupantes llave en mano-, morosos, antiguos inquilinos que dejaron de pagar por la subida y ahora están bajo la amenaza de desahucio -entre los que están Pepi y su familia, la familia Salazar, protagonistas de los últimos intentos de desahucio-. Claro está que los Salazar ocupan siete viviendas. También hay cuatro viviendas tapiadas a cal y canto para que nadie las ocupe y ocho que están vacías o no se conoce ocupante. No es un inmueble normal este de Argumosa 11. Un edificio, eso también, que perteneció en su totalidad a Máximo Aguado, hasta que falleció y decidió transmitir su propiedad a sus 8 herederos. Pero, no lo hizo a partes iguales. Nada es normal en Argumosa 11.

Hace justo un año, en los rellanos de ese inmueble, empezó una cruenta batalla inmobiliaria. De un lado, los inquilinos que habitan las casas. De otro, la propiedad del inmueble, que se reparten entre tres particulares (la familia Aguado) y la empresa Proindivisos. Pero el edificio, de 481 metros distribuidos en cinco plantas, es algo más: se ha convertido en un icono de los problemas asociados al auge del precio de los alquileres en las ciudades. En este inmueble habitan las ya casi famosas Pepi, Juani y Rosi. Proindivisos y la familia Aguado reclaman su derecho a subir el alquiler conforme a las normas del libre mercado. Los inquilinos, que en el último año han vivido 12 intentos de desahucio, han decidido plantar cara a lo que consideran un abuso. “Me tendrán que sacar con los pies por delante, de mi casa no me voy”, dice Pepi.

En Argumosa 11 la vida transcurría con normalidad hasta hace un año. El edificio era propiedad de Máximo Aguado, que en 2008 lo dejó en herencia a sus ocho beneficiarios. Tres de ellos (los hermanos Pedro Aguado y Fátima Aguado y su tía Estrella Aguado, de 90 años), se quedaron con el legado y cinco vendieron su parte a la misma empresa: Proindivisos, dedicada a la compraventa de inmuebles. “Nunca nos avisaron de que vendieron los pisos: nos enteramos porque nos cambiaron la cuenta en la que teníamos que pagar el alquiler”, dice Pepi, como se conoce a Josefa Salazar en el barrio. Tras seis intentos de desahucio -y después de recibir el amparo de una comisión de la mismísima ONU-, se ha convertido en una heroína cotidiana para plataformas antidesahucio como la PAH.

Uno de los pisos tapiados dentro del edificio
Uno de los pisos tapiados dentro del edificio

La herencia del señor Aguado tenía una particularidad: la propiedad estaba en régimen vertical. Es decir, que los propietarios, en lugar de pisos, poseían un porcentaje de todo el inmueble. Tras la venta, los herederos se quedaron un 67%; Proindivisos, un 33%. Pero en 2018 esto cambió: se pasó a propiedad horizontal y cada piso, local y trastero de Argumosa 11 pasó a tener un propietario concreto. El reparto de las viviendas quedó así: Proindivisos, 10; los herederos, 18. Ahí empezaron los problemas: en enero de ese año, una veintena de inquilinos recibió burofaxes anunciándoles que sus contratos no se renovaban y que debían irse.

Cuando recibieron las notificaciones, algunos inquilinos se fueron (cuatro). Otros decidieron hacer una “huelga de alquiler”; es decir, dejar de pagar la renta. “Eso no es del todo cierto”, dice Ángela Gómez, abogada de los propietarios, “porque en realidad, Pepi había dejado de pagar mucho antes. ¿Cómo vamos a negociar con alguien que no paga la renta desde hace más de tres años?”. Pepi sin embargo lo niega.
En Argumosa 11, la resistencia se organiza en torno a Pepi y a su familia: los Salazar, (Rosi es hermana de Pepi; Juani es su prima y Mayra, otra inquilina, es su cuñada). Pepi, de 65 años llegó hace dos décadas con sus dos hijas; en 2015 pagaba 400 euros al mes. Rosi, de 50 años, pagaba 300 euros. Juani y Mayra, de 56 y 32 años, respectivamente, viven en dos pisos unidos y pagaban 800 euros al mes. “Ambas somos beneficiarias de la renta mínima: nuestros ingresos son de 240 euros al mes”. En el último año han intentado desahuciar a las cuatro: a Juani y a Mayra el viernes. Los pisos de las Salazar, junto al de su vecina Teresa, concentran las demandas de desahucio de los propietarios.

“Se ha creado una ficción con Pepi porque ella no es una persona vulnerable”, dice la abogada de los propietarios, Ángela Gómez, “no se trata de personas en un verdadero estado de necesidad, sino que han encontrado una forma de vida en la que residen de forma gratuita. Si no puede pagar, que se vaya a otro sitio”. Y agrega: “Además, mis representados no son un banco ni un fondo buitre, son personas individuales que lo pasan mal y tienen miedo”. Los propietarios han denunciado, a través de su abogada, haber sufrido “acoso de las plataformas antidesahucio”: “A través de las redes sociales y de carteles distribuidos por las calles del barrio”. En uno de ellos, colgado en el barrio donde vive una de las propietarias, de la familia Aguado, se puede leer: “Vergüenza, tu vecina (...) deja en la calle a familias”. Bajo la frase aparece su foto.

Mayra con toda su familia en su piso
Mayra con toda su familia en su piso

Por su parte, las denunciadas alegan que no tienen a dónde ir. “Estamos esperando la adjudicación de una vivienda pública”, dicen Juani y Pepi. Lo que empezó con pequeñas concentraciones en el edificio cada día que se iba a producir un lanzamiento (desahucio), se ha convertido en un fenómeno social. El Sindicato de Inquilinas de Madrid; el colectivo vecinal Lavapiés ¿Dónde vas?; y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid han hecho suyas sus reclamaciones.
Varios de estos colectivos han llegado a pedir al Ayuntamiento que inicie de manera inmediata un proceso de expropiación del edificio. El método, explican, sería “el mismo que el propio gobierno de la ciudad ha aplicado en los edificios de Peironcely 10 [el edificio fotografiado por Robert Capa durante la Guerra Civil] y en Velintonia [la casa de Vicente Aleixandre]”, explican. El Ayuntamiento sin embargo, prefiere optar otra medida: “buscamos una mediación entre propietarios e inquilinos que permita abordar alternativas y soluciones que no pasen por el desahucio”.

Mientras tanto, Pepi, Rosi, Juani y Mayra se quedan. Los colectivos de vivienda tienen la intención de sentar un precedente con Argumosa 11. Dentro de unas semanas, habrá otra orden de desahucio. Volverán las cámaras y los micrófonos. Y la vida seguirá igual en este inmueble que no parece tener solución.

Juani y Mayra: se quedan

La comisión judicial ha paralizado sin fecha el viernes el desalojo de dos familias. La de Mayra, embarazada y con fecha para una cesárea el día 22 de enero, con dos hijos más y la de Juani con una hija de 38 años con discapacidad. y con otros dos niños menores de edad. Ha sido la tercera vez que estas familias se han visto ante la posibilidad de quedarse sin una casa, pese a que el Comité DESC de Naciones Unidas hubiera exigido su paralización hasta que dispongan de una alternativa habitacional adecuada. Este nuevo intento de desahucio se produce sin que las inquilinas cuenten con alternativa habitacional alguna. "El Ayuntamiento no está dispuesto a iniciar el proceso de expropiación del edificio y dice que carece de viviendas para este tipo de situaciones de emergencia. La Comunidad sigue sin movilizar la vivienda pública vacía de la que dispone la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA), ejemplo de ello es el edificio de la calle Valencia número 17 situado a escasos metros de Argumosa”, según la plataforma Bloques en Lucha.

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