El desahucio que la ONU y 100.000 firmas no evitaron

Más de 30 policías, dos cerrajeros y seis funcionarios del SAMUR irrumpieron en el domicilio madrileño de Viviana López el pasado 25 de junio para hacer efectivo su desahucio y el de sus seis hijos, cinco de ellos menores de edad. Al día siguiente fueron trasladados desde la calle de San Robustiano, donde residían, al Centro de Acogida del Pinar de San José. Allí, en una habitación de espacio reducido, conviven ahora Viviana y sus hijos junto a otra familia sin hogar.

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Dos meses después, tras dos intentos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de pedir una vivienda alternativa para la afectada y con 100.000 firmas de apoyo a la petición de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel en la plataforma Change.org, Viviana y sus hijos siguen a la espera en las mismas condiciones.

“Mis hijos viven con la incertidumbre constante de si nos van a volver a echar”, cuenta Viviana en un parque frente a la Junta Municipal del distrito de Latina. Cerca de ella, dos de sus hijos de 7 y 11 años juegan en el césped. Hace más de cinco años, esta madre de 38 años alquiló un piso —el que ocupaba hasta hace dos meses— a un propietario que estaba endeudado con Bankia. El desahucio del titular de la vivienda hizo que Viviana y sus hijos se vieran en la calle también al no poder afrontar la nueva renta que el banco pedía por el piso.

“En la orden de desahucio dijeron que era una usurpación, pero nosotros no entramos por la fuerza”, explica mientras espera a su amiga Kena Yuguero, coordinadora de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel. Esta asociación inició una petición de firmas en la plataforma Change.org para dar visibilidad a la situación de Viviana. Ayer, la petición sumaba 102.500 firmas registradas. “Decidimos que teníamos que usar todo a nuestro alcance y empezamos a mover la petición”, explica Yuguero. En cuestión de días, las firmas subieron como la espuma y solo en el primer mes ya contaban con el apoyo de 70.000 personas.

Para Viviana, que tanta gente apoyara su causa fue un milagro. “Cuando vi las firmas que habíamos conseguido no me lo podía creer. Gracias a ello hemos podido acceder a sitios en los que no se nos escuchaba”, asegura. Incluso vecinos que ella no había visto en la vida se presentaron cuando fue a entregar las firmas a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Tres días antes del desahucio, la ONU solicitó al Estado español la suspensión de ese desahucio o el ofrecimiento de una vivienda alternativa “con el objetivo de evitar daños irreparables a ella o a sus cinco hijos menores de edad”. Ahora solo les queda esperar. La Agencia de la Vivienda Social de Madrid comunicó hace un mes que la familia de Viviana reunía puntos suficientes para acceder a una vivienda social, pero que había que esperar a estudiar los casos de otras familias como la suya y que hasta octubre podría alargarse el periodo de espera. “Lo único que necesitamos es estabilidad. Una vivienda podría brindarnos la oportunidad de empezar de nuevo, sobre todo para mis hijos, que tardan hora y media en llegar al colegio”, concluye Viviana.