Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El desahucio que la ONU y 100.000 firmas no evitaron

Viviana López y sus seis hijos esperan en la habitación de un albergue de Madrid una vivienda social tras perder su casa de alquiler

Viviana López el día de la entrega de firmas.

Más de 30 policías, dos cerrajeros y seis funcionarios del SAMUR irrumpieron en el domicilio madrileño de Viviana López el pasado 25 de junio para hacer efectivo su desahucio y el de sus seis hijos, cinco de ellos menores de edad. Al día siguiente fueron trasladados desde la calle de San Robustiano, donde residían, al Centro de Acogida del Pinar de San José. Allí, en una habitación de espacio reducido, conviven ahora Viviana y sus hijos junto a otra familia sin hogar.

Dos meses después, tras dos intentos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de pedir una vivienda alternativa para la afectada y con 100.000 firmas de apoyo a la petición de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel en la plataforma Change.org, Viviana y sus hijos siguen a la espera en las mismas condiciones.

“Mis hijos viven con la incertidumbre constante de si nos van a volver a echar”, cuenta Viviana en un parque frente a la Junta Municipal del distrito de Latina. Cerca de ella, dos de sus hijos de 7 y 11 años juegan en el césped. Hace más de cinco años, esta madre de 38 años alquiló un piso —el que ocupaba hasta hace dos meses— a un propietario que estaba endeudado con Bankia. El desahucio del titular de la vivienda hizo que Viviana y sus hijos se vieran en la calle también al no poder afrontar la nueva renta que el banco pedía por el piso.

Viviana López juega con sus hijos en un parque de Aluche.
Viviana López juega con sus hijos en un parque de Aluche. EL PAÍS

“En la orden de desahucio dijeron que era una usurpación, pero nosotros no entramos por la fuerza”, explica mientras espera a su amiga Kena Yuguero, coordinadora de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel. Esta asociación inició una petición de firmas en la plataforma Change.org para dar visibilidad a la situación de Viviana. Ayer, la petición sumaba 102.500 firmas registradas. “Decidimos que teníamos que usar todo a nuestro alcance y empezamos a mover la petición”, explica Yuguero. En cuestión de días, las firmas subieron como la espuma y solo en el primer mes ya contaban con el apoyo de 70.000 personas.

Para Viviana, que tanta gente apoyara su causa fue un milagro. “Cuando vi las firmas que habíamos conseguido no me lo podía creer. Gracias a ello hemos podido acceder a sitios en los que no se nos escuchaba”, asegura. Incluso vecinos que ella no había visto en la vida se presentaron cuando fue a entregar las firmas a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Tres días antes del desahucio, la ONU solicitó al Estado español la suspensión de ese desahucio o el ofrecimiento de una vivienda alternativa “con el objetivo de evitar daños irreparables a ella o a sus cinco hijos menores de edad”. Ahora solo les queda esperar. La Agencia de la Vivienda Social de Madrid comunicó hace un mes que la familia de Viviana reunía puntos suficientes para acceder a una vivienda social, pero que había que esperar a estudiar los casos de otras familias como la suya y que hasta octubre podría alargarse el periodo de espera. “Lo único que necesitamos es estabilidad. Una vivienda podría brindarnos la oportunidad de empezar de nuevo, sobre todo para mis hijos, que tardan hora y media en llegar al colegio”, concluye Viviana.

Hacer las maletas con un bebé enfermo

Soraya, una mujer de 30 años y madre de tres hijos menores que reside en Vicálvaro (Madrid), vive estos días una situación similar a la de Viviana. El pasado jueves acudió al Juzgado de Instrucción número 30 de Plaza de Castilla para pedir la paralización de su desahucio alegando que su bebé de un mes está enfermo. Soraya dejó de darle el pecho y quedó a cargo de su hermana mientras ella y varios vecinos trataban de bloquear esta semana el desahucio de su familia por cuarto día consecutivo. Fuentes municipales han explicado que en el escrito presentado ante el juzgado incluyó un informe del Hospital Ramón y Cajal donde ingresó el bebé al sufrir “problemas respiratorios”, así como otra comunicación de la ONU en la que recomendaba al Estado la suspensión cautelar del desalojo.

La ONU solicita también en este caso el realojo de esta familia en una vivienda digna, entendiendo que existe la posibilidad de “vulnerar sus derechos, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC)”. “Yo no me niego a pagar, yo quiero pagar un alquiler”, sostiene Soraya, que asegura cobrar una renta mínima de 580 euros al mes para mantener a sus tres hijos.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram

Más información