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Qué ocurre en la sanidad madrileña: caos en urgencias, dos huelgas de médicos, dimisiones y una protesta masiva

El sector presenta graves carencias, más allá de la reapertura de este servicio cerrado durante la pandemia, pese a que Ayuso insista en reducir el problema laboral y social a un conflicto político azuzado por la izquierda

Manifestación por la sanidad pública, el domingo por el centro de Madrid.
Manifestación por la sanidad pública, el domingo por el centro de Madrid.MOEH ATITAR
Victoria Torres Benayas

Tras la masiva protesta en defensa de la sanidad pública del domingo en la capital, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó el lunes a la izquierda de “incendiar Madrid” con el fin de ganar las elecciones de mayo y volvió a reducir un complejo problema laboral y social a un mero conflicto político. Pero ¿qué pasa realmente en la sanidad madrileña? ¿De qué se quejan los que salieron a la calle en esta reedición de las mareas blancas contra los recortes sanitarios de finales de 2012? ¿Qué ha ocurrido con el plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias, que sigue sumido en el caos casi un mes después y que ya va por la enésima rectificación? ¿Qué reclaman los médicos y por qué hay dos huelgas en el sector?

Las urgencias extrahospitalarias

El origen del conflicto está en el plan para la reapertura del servicio de urgencias extrahospitalarias, cerradas el 22 de marzo de 2020, una semana después de que se decretara el estado de alarma por la covid-19. La clausura, que no se decretó en ninguna otra comunidad, afectó a 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la capital y de grandes municipios del cinturón, que atendían por las noches y fines de semana. En cambio, los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) siguieron abiertos. En estos dos años y medio, la saturación de las urgencias hospitalarias se ha agravado y se han sucedido las protestas de trabajadores y ciudadanos.

En junio, el Gobierno regional anunció el cierre definitivo de los 37 SUAP. En su lugar, abrirían 17 puntos de atención continuada (PAC), 10 con médicos y 7 solo con enfermeras. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, habló de “reorganización”, pero para los sindicatos era un paso más en el desmantelamiento de la atención primaria. Ayuso defendió la medida en la Asamblea, pero 10 días después y ante las protestas vecinales, rectificó y aseguró que abrirían todos los SUAP y con médicos. El 20 de octubre, la Comunidad anunció el plan definitivo: 80 puntos ―41 SAR, 37 SUAP y dos centros en El Molar y Alcalá de Henares―, que pasarían a llamarse centros sanitarios 24 horas.

El problema radicaba en que antes de la pandemia entre los SUAP y los SAR sumaban 360 médicos, pero el nuevo plan los reducía a 210: los que ya trabajaban en los SAR más voluntarios para cubrir huecos. Imposible, concluyeron los sindicatos. Y así ha sido. Los 80 centros 24 horas debían abrir el 27 de octubre y menos de 24 horas antes los profesionales no sabían a cuál debían acudir ni a qué hora, notificación que muchos recibieron de madrugada. Se dio de baja más de un 40% de todo el personal y el 60% de los médicos. Unos 30 facultativos renunciaron al puesto. En muchos centros no había ―ni hay casi un mes después― médico, mientras que otros, sin ningún sanitario, no abrieron ni abren todavía. Por ejemplo, en la noche de Halloween 26 funcionaron sin médico y 12 estuvieron cerrados. El domingo, día de la manifestación, 6 estuvieron cerrados y en 37 faltaba personal.

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En el primer día de huelga en contra del plan, el día 7, convocada por el sindicato médico Amyts, Ayuso anunció una tercera rectificación, que introdujo las polémicas videoconsultas para paliar la falta de médicos. Sanidad mantenía los 80 centros 24 horas, pero los dividía en 46 puntos presenciales con médico y enfermero, y 34 con dos enfermeras y teleconferencia con un facultativo. El rechazo de los profesionales vuelve a ser total, mientras el desconcierto en los centros de salud donde se implantará la videollamada es absoluto. Y el día 11, llegó la cuarta rectificación del plan inicial: apertura de 49 centros 24 horas con equipo completo y de otros 29 sin facultativo presencial, de los cuales unos 11 o 12 serán de cuidados (sin médico y sin videoconsulta). La respuesta del sindicato médico Amyts a este informe fue la petición de dimisión de Escudero, y el rechazo del modelo.

¿Es el único problema?

El conflicto ha estallado por las urgencias, pero sus raíces son múltiples y profundas. Aunque Madrid es la comunidad más rica de España, es la que menor porcentaje de inversión destina a sanidad, en contra de lo que afirma el Gobierno regional. Esta partida supuso en 2021 el 31,58% del Presupuesto madrileño, cifra que lleva cayendo desde 2005. Está a la cola, solo superada por Baleares, en médicos de familia por 1.000 habitantes y, mientras el conjunto del sistema ha aumentado su oferta de plazas de primaria en un 36%, en Madrid ha disminuido un 2% desde 2018, según los datos ofrecidos por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Además, los MIR no quieren trabajar en la Comunidad: en los últimos dos años terminaron la residencia 443 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y, de ellos, solo 37 se quedaron en Madrid; y en el caso de los pediatras, solo 6 de 155. Según los convocantes de la marcha, esta carencia de médicos hace que en Madrid haya 600.000 personas sin médico asignado y 212.000 niños sin pediatra.

Ante unas citas para ver al especialista para el dos mil nunca agravadas por la covid ―la espera media en días (53) coloca a Madrid en la mitad de la tabla y el porcentaje de quienes aguardan más de 60 días sitúa a la región en antepenúltimo lugar―, el 38% de los madrileños tiene una póliza privada, el mayor porcentaje de un país en el que la media está en el 25%. La situación también está saturando los hospitales privados, con escenas de masificación que recuerdan a los públicos.

Dos huelgas convocadas por Amyts (y dos más de sindicatos minoritarios)

El rechazo al plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias con 150 médicos menos fue frontal, y los sindicatos llamaron a la huelga indefinida a partir del 25 de octubre. La víspera, la Comunidad consiguió 48 horas de tregua y los sindicatos accedieron a consultar las condiciones pactadas con los afectados. Al final, solo el sindicato de médicos (Amyts) decidió no suscribir el plan, que sí firmaron los otros cuatro sindicatos de la mesa sectorial, Satse, CC OO, CSIT UP y UGT, que consideraban que habían conseguido mejoras en las condiciones laborales, aunque no aumentar los efectivos. La huelga se desactivó, pero Amyts lanzó otra convocatoria de paros indefinidos, que comenzó el lunes 7 de noviembre con unos servicios mínimos del 100%. Tres días antes de iniciarse la huelga, los sindicatos firmantes rompieron unilateralmente el acuerdo en vista del caos con el que había comenzado el plan.

Además, del 4 al 6 de noviembre los sindicatos SummAT y Mats llevaron a cabo una huelga de tres días, a la que estaban llamados el Summa 112, los SAR y los SUAP. También ha habido otra huelga del 11 al 13 de noviembre, convocada por cinco sindicatos minoritarios ―SummAT, Mats, CSIF, Afem y AME―. Y, al día siguiente del inicio de los paros en urgencias, Amyts llamó a los 5.000 facultativos de Atención Primaria y Pediatría a la huelga, también indefinida, a partir del día 21. La situación de este sector, sostiene el sindicato, es insostenible debido a la fuerte carga asistencial que soporta: mientras los organismos internacionales recomiendan que cada facultativo atienda a unas 20 o 25 personas al día, en Madrid tienen 50 o 60, lo que ha provocado que el 92% de los médicos de cabecera hayan sufrido o sufran agotamiento emocional. La carencia de pediatras es alarmante: Madrid necesitaría entre 900 y 1.200, pero solo hay 720.

Dimisiones en la Consejería

Ocho días antes del inicio de la huelga, la gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, dejó el cargo “por motivos médicos y personales”, según un portavoz del Gobierno regional. Ayuso la reemplazó con una doctora vinculada a la sanidad privada, Almudena Quintana. De julio a noviembre, ha habido seis salidas, ocho cambios de funciones y siete nombramientos en la Consejería de Sanidad. Y continúa el goteo: la noche del día 3, todos los miembros de la dirección asistencial sudeste ―una de las siete que hay― registraron su dimisión en bloque debido al desastre en las urgencias ambulatorias. La gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández de Cano, también dimitió ese día ante la “imposibilidad de seguir ejecutando las instrucciones que se reciben por parte de la gerencia”. Y el día 7, el Gobierno regional destituyó a Pedro José Suárez Sánchez, gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

Ayuso culpa a la oposición

El consejero de Sanidad y diferentes representantes de la Comunidad, incluida la presidenta, evitan asumir responsabilidades en lo ocurrido, repiten la idea de que los médicos están organizándose para boicotear el plan, reiteran que investigarán una a una las bajas solicitadas y culpan a la oposición y a los sindicatos. “Es evidente que hay una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que quieren seguir trabajando con total normalidad y que hay una parte política que intenta boicotearlo todo. [Esta parte política] no quiere que la sanidad pública avance”, dijo Ayuso el día 2. Al día siguiente, habló de “terror sindical” y “terror político”. “La líder de Más Madrid [Mónica García], con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña”, ahondó el día 9. En cada comparecencia, Ayuso minimiza el problema y llegó a preguntarse en la Asamblea si la falta de “34 médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones”. Cero autocrítica.

El papel de la oposición

La oposición de izquierdas ha hecho bandera de esta causa, pero todos los grupos políticos, incluido Vox, reprochan a la presidenta que ponga a los profesionales sanitarios en la diana y critican el plan de urgencias por precipitado y poco realista. Más Madrid es el grupo que más iniciativas ha puesto en marcha para frenar el plan: el día 3 lo denunció ante la Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Hospitalaria y el día 7, llevó el caso al Defensor del Pueblo.

Manifestación

El conflicto desembocó el domingo 13 en la primera gran protesta contra Ayuso desde que llegó al poder. Cientos de miles de personas ―la Delegación del Gobierno los cifró en 200.000, cifra que los convocantes elevaron a 670.000― salieron a la calle en defensa de la sanidad pública, convocadas no por ningún partido o sindicato, sino por colectivos vecinales. La marcha, según los sindicatos, estuvo a la altura de las mayores movilizaciones durante la marea blanca que inundó Madrid hace una década contra las privatizaciones y los recortes del Gobierno de Ignacio González. Al día siguiente, la presidenta mantuvo su discurso, sin un atisbo de autocrítica: acusó a la izquierda de “incendiar” Madrid y de instrumentalizar la sanidad para llegar al poder “con juego sucio”.

Negociación

Ocho días después del inicio de la huelga y dos después de la protesta en las calles, Sanidad y Amyts se han reunido para tratar de acercar posturas y poner fin a la huelga indefinida. La cita ha acabado sin acuerdo, aunque se han acercado las posturas. El Gobierno regional ya prepara el enésimo plan de urgencias extrahospitalarias, en el que acepta que de los 80 puntos que presentaron no todos actuarán como un centro de urgencias; y que el sindicato elaborará ahora una contraoferta para presentar “lo antes posible” porque “los profesionales están sufriendo”.

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Sobre la firma

Victoria Torres Benayas
Redactora de la sección de Madrid, también cubre la información meteorológica. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, cursó el máster Relaciones Internacionales y los países del Sur en la UCM. En EL PAÍS desde el año 2000, donde ha pasado por portada web, última hora y redes, además de ser profesora de su escuela entre 2007 y 2014.

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