LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Madrid levanta el toque de queda y la hostelería cerrará a las doce de la noche

El Gobierno regional mantendrá los límites de aforo tras el fin del estado de alarma, pero acabará con la prohibición de reunirse en los domicilios con no convivientes. La Comunidad anuncia un próximo plan contra los botellones

Un camarero recoge la terraza de un bar en la plaza de la Paja de Madrid.
Un camarero recoge la terraza de un bar en la plaza de la Paja de Madrid.Olmo Calvo

A partir de las doce de la noche del próximo sábado al domingo, cuando concluya el estado de alarma, Madrid levantará el toque de queda y la prohibición de reuniones en los domicilios con no convivientes. El domingo, la hostelería empezará a cerrar a las doce de la noche en lugar de a las once, aunque mantendrá el límite de aforo en cuatro personas en interiores y en seis en exteriores por mesa. Es la decisión, al menos por ahora, que ha tomado la Comunidad de Madrid ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. La región, que está en riesgo muy alto de covid, con 317 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, se enfrenta a unas semanas sin prácticamente restricciones para frenar la transmisión de la enfermedad. Otras autonomías como Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña mantendrán el toque de queda.

El consejero de Sanidad en funciones de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado las novedades este viernes por la mañana en una rueda de prensa en la que ha asegurado que, sin el paraguas del Estado, las decisiones que se pueden tomar son limitadas: “No existe cobertura [jurídica] para la adopción de medidas limitativas como el toque de queda. Nosotros confiamos en la responsabilidad de los ciudadanos”. El miércoles, el Gobierno central publicó un decreto-ley que convierte al Tribunal Supremo en el árbitro final de las prohibiciones que pidan las autonomías. Madrid no se ha planteado continuar con el toque de queda o la limitación de las reuniones porque cree que la justicia no lo va a avalar. Algo que sí ha ocurrido ya en otros territorios como en Baleares, donde el Tribunal Superior de Justicia ha dado amparo a lo solicitado por el Gobierno insular.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sí ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) otra medida actualmente activas que quiere prorrogar: los cierres perimetrales por zonas básicas de salud —a partir del lunes habrá limitaciones en 14—, el único protocolo que desde su puesta en marcha, el pasado septiembre, no ha demostrado eficacia para frenar los contagios. Para estas, que también suponen una limitación a la movilidad ciudadana, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado su amparo la tarde de este viernes.

Declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, este viernes.Europa Press / epv

Otras medidas que mantendrá serán la obligatoriedad del uso de mascarilla, el número máximo de personas que pueden ocupar mesas en bares y restaurantes (seis en exteriores y cuatro en interiores), la prohibición del consumo en barra y los aforos para centros comerciales, cines o teatros al 75%.

Recomendaciones sobre reuniones en lugares públicos y privados

“Como recomendación”, ha especificado Ruiz Escudero, establece que la “participación en grupo para el desarrollo de cualquier actividad privada o pública se limite a seis personas salvo que se trate de convivientes y que en los domicilios las agrupaciones se limiten a los convivientes”. El consejero, también en funciones, de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha explicado que, “al ser recomendaciones”, su incumplimiento no puede conllevar multas.

También López ha insistido en que si “la actividad finaliza a las doce de la noche [la de hostelería] es para que no se concentren [las personas] en lugares públicos” y ha recordado que “el consumo de alcohol está prohibido en la vía pública desde 2002″. Para ello, el consejero ha anunciado un “plan específico contra botellones”, del que no ha dado más detalles que el hecho de contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el anuncio de una reunión que se celebrará el lunes entre el Platercam (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid) y la delegada del Gobierno, Mercedes González.

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El caos al que se enfrentan las autonomías a partir del domingo, cuando caiga el paraguas jurídico del estado de alarma, no es nuevo. Ya ocurrió entre junio y octubre del pasado año, cuando la primera retirada del estado de alarma dejó sin aval las medidas que las comunidades iban adoptando en su territorio. Ciudadanos y ejecutivos regionales vivieron esos meses con medidas dispares, no solo en cuanto a las restricciones ―que decidía cada Gobierno autónomo― sino en cuanto a las decisiones judiciales que se iban produciendo sobre esas restricciones: las mismas medidas fueron avaladas por los tribunales en unos territorios y en otros no.

Para que esas diferencias sean las mínimas posibles, el Gobierno central publicó el decreto que otorga al Supremo la capacidad para decidir qué derechos fundamentales pueden restringirse. La mayoría de medidas para la contención del virus que están hasta ahora activas, tanto en Madrid como en otras comunidades, están amparadas por el estado de alarma: el toque de queda, la prohibición de reuniones en los domicilios con no convivientes o el perimetraje del territorio son restricciones que chocan con derechos fundamentales, como la libertad de circulación o de reunión.

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La reforma de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa que se acaba de aprobar permite a las regiones recurrir ante el Supremo las peticiones que rechacen los tribunales regionales, con el objetivo de que en pocas semanas el alto tribunal haya unificado el criterio de las medidas que podrían conllevar más problemas, exactamente las que están ahora en vigor en la mayoría del territorio. Así, los tribunales superiores tienen tres días para avalar o rechazar las medidas que propongan sus ejecutivos. Si estas son denegadas, el Gobierno en cuestión tiene tres días para recurrir ante el Supremo, y la decisión final deberá llegar en un plazo máximo de ocho días. A Madrid esta herramienta no le parece “suficiente” y, ha repetido López, no se hará uso de ella: “Ya conocemos la doctrina que ha dictado el TSJM”.

Por el momento, el jueves, el Tribunal Superior de Baleares ha sido el primero en dar amparo a las medidas que el Ejecutivo insular quiere mantener activas a partir del domingo: toque de queda de 23.00 a 6.00, límite de seis personas tanto en las reuniones públicas como privadas y solo dos núcleos de convivencia en interiores, controles sanitarios de entrada en las islas y 50% de aforo en los lugares de culto. Baleares tiene una incidencia acumulada de 59 y un 9% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos.

Valencia, con un 5,6% de ocupación en sus UCI y una incidencia acumulada de 40 —es la única comunidad en nivel bajo de riesgo— también ha solicitado cobertura a sus jueces para mantener medidas como el toque de queda de doce de la noche a seis de la mañana y un máximo de seis personas para las reuniones y El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado esta petición de la Generalitat, informa Cristina Vázquez. Y Canarias, con 96 de incidencia y un 14,6% de sus unidades de críticos ocupadas por enfermos de covid, confirmó el jueves que mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de restricciones que están vigentes en cada isla según el nivel de alerta en el que se encuentren a partir del domingo, previo aval por parte de su tribunal superior de justicia, informa Guillermo Vega.

Madrid tiene actualmente una incidencia de 67 puntos por encima del último umbral de riesgo fijado por el ministerio (250), una ocupación de sus UCI globales del 42,7% —es decir, contando otras áreas como quirófanos o unidades de recuperación tras la anestesia—, y del 120% si se hace el cálculo sobre las camas exclusivamente de críticos que tiene la comunidad. Y solo en el día de ayer notificó 1.708 nuevos contagios. ¿Existe la posibilidad de un cambio de dirección en cuanto a pedir el aval judicial para protocolos como el toque de queda o las reuniones en domicilios? Según el consejero López, “la evolución del riesgo es la que determina las medidas a adoptar, confiamos en que la evolución sea positiva y sea menos necesaria la adopción de esas medidas”.

A partir del domingo, con los máximos en los aforos, la obligación de llevar mascarilla, la prohibición del consumo en barra y los cierres perimetrales de 14 zonas básicas de salud como únicas restricciones, la mayor parte de la tarea de contener el virus queda en manos de la población. “Es fundamental la responsabilidad individual”, ha afirmado López.

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