El centro sociocomunitario premiado en la Cañada Real congelada
El trabajo participativo del arquitecto Santiago Cirugeda recibe un galardón de la Fundación Daniel y Nina Carasso
En el centro sociocomunitario e intercultural del sector 5 de la Cañada Real se consiguen limar asperezas entre etnias y entre géneros, se aprenden idiomas o informática, se apoya a los estudiantes, se enseña a tocar el violín… En fin, se construye comunidad en un lugar apropiado para ello y de los que no abundan en este asentamiento ilegal, una calle de 15 kilómetros de largo, a un cuarto de hora en coche de la Puerta del Sol. Un lugar que ha pasado días gélidos por la falta de suministro eléctrico en uno de los inviernos más duros que se recuerdan. Afortunadamente la dotación en este edificio es autónoma, con placas fotovoltaicas y generados de emergencia.
Hace dos años que el centro fue levantado por la propia comunidad guiada por el arquitecto Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971) y su estudio Recetas Urbanas, enfocado siempre en la participación, en hacer ciudad desde abajo, en la autoconstrucción. Recientemente el proyecto y la trayectoria del arquitecto han sido galardonados con el premio Artista Comprometido de la Fundación Daniel y Nina Carasso, pero además se encuentra en el corazón del gran drama energético que se vive desde hace más de tres meses en los sectores 5 y 6 de la Cañada, donde la electricidad del proveedor Naturgy no llega ante la inacción de las administraciones públicas, a través de temporales, bajas temperaturas, enormes nevadas o fiestas navideñas.
“Permitido el paso a toda persona ajena a esta obra”, rezaba entonces el cartel de entrada a la obra. En la construcción del centro, que es desmontable y móvil (no se puede construir en la Cañada, conforme a la ley), participaron más de 1.200 personas de 13 nacionalidades diferentes, entre los que se encontraban los propios vecinos, estudiantes arquitectura, colegiales, universitarios, voluntarios o presos de la cárcel de Soto del Real. Sobre aquel proceso y su filosofía se acaba de publicar el documental de 30 minutos Permitido el Paso, que se puede ver en YouTube.
“Estos proyectos, para que valgan, tienen que contar con la participación de la comunidad… y todo el mundo puede venir a construir”, expone el arquitecto, “no he visto gente con más ganas en mi vida”. La idea es que los usuarios de centro no sean meros receptores pasivos de la dotación, sino que se impliquen en su diseño y construcción, de esa forma los lazos con la comunidad serán más fuertes: la ciudadanía lo tomará como suyo. Su efecto transformador será más grande.
Fue un proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por el Ahora Madrid de Manuela Carmena, que dispuso un presupuesto de 200.000 euros, y la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que aportó la parcela, de 460 metros cuadrados. Las entidades sociales presentes en el barrio también participaron. “Cuando hay emergencia social los gobiernos de diferente signo tienen que pactar, no queda otra opción”, opina Cirugeda, que tiene una larga trayectoria en arquitectura participativa, sostenible, muchas veces bordeando imaginativamente los límites de la legislación.
La emergencia social ahora es extrema. “Que hayan quitado la luz a estas personas es una barbaridad, es inhumano, no se puede plantear este órdago a familias enteras”, dice el arquitecto, que asegura que los habitantes de estos sectores siempre han tenido problemas para regularizar su acceso al suministro. El motivo esgrimido por las autoridades y la empresa para esta situación son las plantaciones de marihuana que hay en la zona y que acaparan la energía. “Si hay plantaciones son de una minoría, no se puede culpar a toda la población, familias enteras con niños”, dice Cirugeda, quien es partidario de que se intervengan las plantaciones y vuelva la normalidad, si es que existe la normalidad en la Cañada.
“Los vecinos que yo conozco en el sector 5 son currantes, sobre todo marroquíes y gitanos: transportistas, fontaneros, albañiles…”, señala el arquitecto. La situación ya ha sido denunciada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales. El relator de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha apremiado a que se restablezca el suministro, el Defensor del Pueblo lo ha calificado como un caso de aporofobia, de rechazo a los pobres.
El problema de la Cañada es una patata caliente entre cinco municipios, el Estado central, encargado de la cañada en sí misma y a través de tres décadas. “Hay gente que ha venido a la Cañada por necesidad y otros por oportunismo, la administración tiene que discernir. Muchos de sus habitantes se afincaron hace muchos años y pidieron ayuda, pero nadie quiso asomar la nariz. Hay que reconocerles los derechos adquiridos”, concluye el arquitecto. “Es una fantasía pensar que la Cañada Real va a volver a ser algún día una cañada: deberían importar más los derechos de los que allí viven que el valor patrimonial”.
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